El asesinato cometido del comunero mapuche Camilo Catrillanca en Temucuicui, no es un hecho aislado, ni un crimen más de las fuerzas policiales y represivas. Es un crimen de Estado perpetrado por agentes destinados con ese propósito a mantener una región sometida por la militarización y asolada por el terror desatado por contingentes uniformados enardecidos y enajenados por la verbigracia del poder.
Desde el primer momento del asesinato, tanto las autoridades políticas como policiales salieron a encubrir el delito, intentaron eludir responsabilidades y, peor aún, se dieron maña para falsear los hechos, ocultar las evidencias y destruir pruebas.
Las argumentaciones de unos y otros eran tan contradictorias y carentes de veracidad que lindaron en lo burdo, en lo absurdo, en lo grotesco. Obviaron estas autoridades y jerarcas que se trata de vidas de ciudadanos civiles de este país lo que están matando y afectando. No se trata, además, de cualquier tipo de ciudadanos sino que de los pueblos originarios de esta tierra, los que eran y son los legítimos poseedores de las tierras, de las que han sido desalojados por la voracidad de un Estado devorador y de un empresariado depredador; el intentar aplacar el legítimo derecho de querer recuperar las tierras usurpadas por la vía del terror y de las balas no es, no ha sido, ni será un buen camino.
La simple fuerza de la verdad ha obligado al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla a calificar el hecho como homicidio. La simple fuerza de la verdad ha develado la falsedad de las aseveraciones de los oficiales superiores de Carabineros (incluido su Director General) y del -hasta hace poco- Intendente de la Región de la Araucanía, también ha obligado al Ministro del Interior, Andrés Chadwick (que por estos días oficia de Vicepresidente) a reconocer lo indesmentible de los hechos: las fuerzas represivas ocultaron el crimen y falsearon la dinámica de los hechos.
Las comunidades Autónoma y Tradicional de Temucuicui han sido un baluarte del pueblo mapuche en estos afanes de recuperación de sus tierras. Y por lo mismo han sido duramente reprimidas por el Estado chileno y por las autoridades políticas, de manera más notoria e infame por los gobiernos post dictadura.
Camilo Catrillanca, de 24 años de edad, es nieto del histórico lonko de la comunidad Tradicional de Temucuicui, Juan Catrillanca. El joven era tractorista de su comunidad, padre de un hijo y esperaba a otro pues su pareja se encuentra embarazada. Desde niño, Camilo fue parte de la resistencia de su comunidad; el 2011 siendo adolescente destacó como dirigente en la toma del Liceo Técnico Pailahueque, en la reclamaban que tuviese carácter intercultural. Este mismo liceo, el año 2016, el gobierno de Bachelet lo convirtió en una Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros. El reclamo de educación propia es respondido convirtiendo ese establecimiento educacional en puesto de mando para reprimir. Eso es invasión. En ese mismo liceo había estudiando Alex Lemún, el primer comunero caído en la lucha de recuperación territorial desde el inicio de los gobiernos civiles, asesinado por Carabineros, luego recibir el impacto de un balín metálico en su cabeza el 7 de noviembre del 2002 a los 17 años de edad, durante el gobierno de Ricardo Lagos.
Este nuevo crimen de noviembre de 2018, fue un asesinato alevoso cometido por el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE), quienes hicieron uso de armas de fuego de grueso calibre, disparando por la espalda a un joven desarmado que conducía un tractor al interior de su comunidad. El intento del joven por evitar que las fuerzas represoras irrumpieran en la comunidad (lo que es el equivalente a que delincuentes desalmados irrumpan en la casa de cualquier ciudadano) fue respondido a balazos contra las personas. Otro menor también resultó herido de gravedad y su testimonio ha servido para desmantelar la maraña de mentiras y falsedades en torno a los hechos.
La fuerza policial sabía perfectamente a quiénes disparaban. Los operativos de acoso en torno a las comunidades de Temucuicui son permanentes por parte de carabineros, ellos incluyen el control y chequeo de todos los comuneros. Los carabineros conocen o terminan por conocer a todo el mundo que se desplaza con la cotidianidad de la vida por el interior de sus comunidades, o por los caminos y senderos de los campos.
El relato policial sobre la muerte de Camilo Catrillanca era tan débil, que los propios juzgados de Temuco, tradicionalmente cómplices de los montajes policiales y con tradición racista, esta vez no se subieron al carro de mentiras y fervor comunicacional de los medios. Inmediatamente se dejó en libertad a los detenidos en el operativo del miércoles en Temucuicui, tal vez temeroso de hacerse parte de otro montaje grotesco como la bullada y aún fresca en la memoria “Operación Huracán”.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció una querella por torturas en contra de Carabineros por el trato dado al niño de 15 años que acompañaba a Camilo Catrillanca en el tractor al momento de ser asesinado. El menor fue además el primero en desmentir la información de Carabineros respecto a que no contaban con cámaras, pero además señaló estar en condiciones de identificar cuál de los cuatro carabineros fue el asesino material.
Este domingo, se ha sabido de la destitución de los carabineros del GOPE involucrados, de la renuncia del Coronel responsable del operativo y del general de zona en Temuco y este martes el intendente de la Araucanía, Alberto Mayol, también ha hecho lo propio con su cargo. No obstante, ello no es indicio, ni menos garantía de medidas destinadas a desmilitarizar los territorios mapuche.
Además, no sólo se debe exigir responsabilidades políticas al gobierno, sino también respeto a los ex gobernantes y partidos de la Concertación/Nueva Mayoría, pues bajo sus gobiernos se comenzó a establecer esta política de represión permanente sobre el pueblo mapuche; en gobiernos pasados se asesinó de una forma igual de cobarde a comuneros mapuche Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, y no sólo se protegió a los criminales, sino que además se realizaron ascensos para los asesinos de los comuneros.
Es inmoral que hoy estos partidarios de represores gobiernos post dictadura se presenten como defensores de los derechos humanos y del pueblo mapuche. Los mismos que sólo hace unos años golpearon y volaron los dientes a la madre de Matias Catrileo cuando exigía justicia por el asesinato de su hijo en Temuco.
Por su parte, los tribunales de justicia tienen la oportunidad de reparar en algo su historia de inquina y vergüenza, de segregación y racismo, de haber sido cómplices de los crímenes de Estado cometidos en territorio mapuche y juzgar con celeridad, severidad y sentido de justicia estos nuevos crímenes alevosos.
Foto: Funeral de Camilo Catrillanca Marín | Camilo Tapia.
