Campaña del terror, el último baluarte del modelo neoliberal: Desgobierno
En Opinión
Campaña del terror, el autoritarismo disfrazado de cruzada democrática
El resultado de la afinidad programática de los sectores más reaccionarios de Chile, es la torpe y evidente campaña mediática del “rechazo” (o campaña del Sí 2.0), que busca empantanar el Proceso Constituyente en ciernes, sembrando el miedo y la confusión. Sus partidarios, los mismos que por años se han opuesto a modificar la carta nefasta de guzmán y pinochet, hoy llaman a rechazar la creación de una Nueva Constitución pues, según han dicho, quieren “reformar la que ya existe”. Aquellos que durante décadas han gozado con el autoritarismo patronal, que por medio de la represión estatal subyuga a los “rotos”, los peones descartables que viven en función de la economía, hoy nos llaman con todo descaro a no dejar que nos digan lo que tenemos que hacer. A través de todos los medios, de los que además son dueños, nos han inundado con mensajes de caos e incertidumbre, amplificados por la crisis sanitaria actual, para justificar medidas dictatoriales de control social, tendientes hacia la tiranía tecno/biométrica, que muchos expertos ya señalan como el futuro postpandemia, y que más parecen aspiraciones pro autoritaristas. En este ámbito, la propaganda del neoliberalismo, cuyo vehículo es el sistema establecido de comunicación social, juega un rol fundamental para “conducir” a la opinión pública, hacia el esquema mental que el poder promueve, implantando sus ideas en la masa irreflexiva, ignorante y fácilmente manipulable, que según su desdeñoso concepto es la Ciudadanía. El término “distanciamiento social”, fácilmente reemplazable por “distanciamiento físico”, constituye un claro ejemplo de cómo la “élite” busca encauzar comunicacionalmente nuestro pensamiento en pos de sus fines miserables, pues connota la disminución de las relaciones humanas, y por tanto el abandono de aquellos vínculos que implican el resurgimiento del entramado comunitario de antaño, que el Estallido Social de octubre resucitó con vigor implacable. Comprendiendo las obvias necesidades sanitarias, la suspensión de aquellas actividades que nos permiten la socialización, en los escasos momentos de ocio con los que contamos, mientras las actividades económicas, incluso aquellas que no son esenciales siguen funcionando, reafirma esta interpretación. Es decir, nos debemos alejar de nuestros familiares y amigos, pero no de los lugares en los que trabajamos. No podíamos, según nos decían de forma majadera, realizar el Plebiscito de octubre (que ya ha sido confirmado), pero si viajar amontonados como ganado para ir a producir. Debido, entre otras muchas cosas, a contradicciones como la anterior, la distancia que actualmente nos aleja del poder, profundizada tras 47 años de atropello e injusticia, a estas alturas ya no sólo es física, si no que también es política e ideológica. Tanto el bajísimo nivel del debate de las instituciones del estado, como el pobre diseño y ejecución de las iniciativas públicas, tiene su origen en la retrógrada mentalidad de la élite, que además entra en conflicto con la realidad más cruda y descarnada, de lo que significa vivir en un país donde se comercializan incluso los Derechos Humanos más elementales. Sólo nos basta con el sentido común, que en Chile es el menos común de los sentidos, para descubrir sin mucho esfuerzo que los que pontifican en contra del cambio Constitucional, que según nos han dicho profusamente llevará al país a la ruina total, representan a quienes no quieren pagar impuestos, y creen que la carga fiscal es sólo para los pobres. Quienes defienden a las AFP, un mecanismo criminal de control social que impone a los trabajadores un tributo forzoso, destinado a financiar a los grandes grupos económicos, a la vez que sume en abyecta miseria a quienes son sus contribuyentes. Los que abogan por el negocio de algunos, que a la manera de confundidos Robin Hood, al mismo tiempo que hacen gárgaras con la propiedad privada, desfalcan sin pudor los fondos de pensiones, robándose el dinero de los pobres (a través de diversos e intrincados medios) para dárselo a los ricos. Son los mismos que pregonan que Chile será como Venezuela o Cuba, y que buscan de forma majadera, distraer el foco de lo importante, en base a tonterías y mentiras, tal como ha sido la tónica del gobierno de cierto ex prófugo de la justicia. La creación de un relato propio de guerra civil, no sólo sigue la misma línea, si no que es además una de las formas de atemorizar a las personas que la cleptómana élite neoliberal promueve más activamente. Además es la justificación para la violencia institucional y civil, que se ejerce sin miramientos contra quienes se levantan en oposición al sistema socioeconómico cuantitativista, que a través de la fuerza pública y el matonaje callejero, oprime a una sociedad que ya no está dormida. Los ataques a sitios culturales, de memoria y DDHH y, la vandalización de símbolos del Alzamiento Social, son parte de esta misma estrategia en el ámbito simbólico, y por lo tanto constituyen un conjunto con las agresiones ejercidas contra las personas. También lo es el planteamiento del disenso y la crítica en términos extremos, una discusión en blanco y negro, que excluye la argumentación, el diálogo y las nuevas formas de abordar los problemas de política pública, en favor de las maneras prepotentes del autoritarismo. La declaración de guerra del presidente en contra de la Ciudadanía, consistentemente es una muestra de cómo el poder económico, que dirige a los gobernantes de Chile a la sombra de las leyes, desata la brutalidad cívico militar cuando ve amenazado el lucro que por años ha obtenido, a costa de abusar de quienes menos tienen, pero que financian las grandes fortunas con su dinero. Acciones dignas de patria y libertad, perpetradas tanto por fuerzas especiales de carabineros como por los matones fascistas callejeros, entre otros los de capitalismo revolucionario, que la UDI acogió en su sede y contra los que eventualmente se querellaría (como una forma de mantener las apariencias), han sido el complemento perfecto para la ridícula y apocalíptica alharaca de la “elite intelectual” de la derecha negacionista. La violencia y el caos, muy convenientes para la mantención del statu quo y el establecimiento de una agenda represiva, son impulsados por medio de la llamada teoría de la “autodefensa”, según la cual quienes se sienten amenazados por las personas que reclaman sus Derechos, deben armarse para defender “lo suyo”, aún cuando esto implique disparar contra quienes marchan con las manos vacías. Es en este contexto, que las diferencias clasistas de trato, tanto de los organismos de seguridad como del poder judicial, se agudizan, tornando cada vez más evidente, indignante e intolerable la ausencia de justicia e igualdad ante la ley, un principio básico de la democracia que no opera en Chile. Mientras hoy, incluso en emergencia sanitaria, hay personas que siguen encarceladas por protestar, en toda regla presos políticos; los asesinos, violadores, mutiladores y torturadores de las ffaa y de orden (ejército, armada, fuerza aérea y carabineros), siguen libres y ejerciendo sus funciones habituales como si nada. Mientras quienes desde la precariedad alzaron la voz contra este sistema cruel, fueron declarados un peligro para la sociedad, y permanecen en prisión preventiva, sin que haya condena en su contra, enfrentando querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado; los que desde el privilegio traficaron armamento de grado militar, sólo fueron procesados por la ley común, sin agravantes y con trato preferencial de parte de la institucionalidad. El llamado “caso AK 47”, ocurrido a comienzos de 2020, en que un grupo organizado comercializaba estos fusiles de asalto, es uno de los ejemplos recientes más groseros de cómo en Chile, existe una justicia para ricos y otra para pobres. Aunque pareciera estar de sobra, es necesario señalar que si en Chile el porte y tráfico de armas comunes es ilegal, con mayor motivo lo es la compraventa de armamento de guerra. Nos preguntamos, ¿Cuál podría ser el origen de dicho material bélico? Sabemos, por supuesto, que no puede conseguirse en los supermercados, ni siquiera en aquellos que se ubican en el barrio alto. No obstante, el vínculo del pinochetismo y la derecha más recalcitrante, con esta ilegal tendencia a armarse a la usanza militar, parece también relevante a considerar, sobre todo tomando en cuenta la afinidad de este sector con las instituciones armadas, que detentan la exclusividad en el uso de la fuerza pública. Queda en duda si los beneficios procesales que favorecieron a estos delincuentes VIP, responden sólo al estrato social del que provienen, o buscan también ocultar las conexiones que pudieran tener con las instituciones armadas, que han demostrado tener dificultades para comprender que los recursos públicos no les pertenecen. Por el contrario, la relación entre los matones callejeros del “rechazo”, que nos recuerdan a los brigadistas de las campañas políticas, y una tienda como la UDI, no es una interrogante. Su actuar violento y abiertamente delictual, no sólo ha sido contemplado en forma pasiva por fuerzas especiales (ffee) de carabineros, sino que además se ha permitido y alentado impunemente. “Efectivos”, cuyo proceder cuestionable y escandaloso no es el tema central en ningún matinal, escoltaron en múltiples ocasiones a este grupo de maleantes, mientras atacaban a las personas con sus bastones retráctiles. No es, sin embargo, la primera vez que carabineros resguarda a delincuentes. Dicho comportamiento no es sorpresivo en absoluto, cuando su origen es una organización terrorista estatal como aquella, que cuenta con una serie de atentados incendiarios, montajes, golpizas, violaciones, torturas, mutilaciones, asesinatos, desfalcos y hurtos simples a su haber. Una institución que degrada y maltrata a nuestra Gente a diario, al mismo tiempo que vela celosamente por los intereses corporativos y lame con canino instinto la suela del poder, mientras realiza el equivalente institucional de mover la cola a su dueño, comiendo las míseras sobras que desde la abundante mesa, repleta con caviar y paté de jabalí, caen al indigno suelo del clasismo neoliberal. Una organización, cuyos crímenes de guerra en tiempos de paz constituyen un conjunto detestable, vil, que nos sitúa en la cima de infames récords mundiales, a la vez que amplía el vergonzoso registro histórico del militariado en Chile, responsable de la muerte de más chilenos que cualquier potencia extranjera. Crímenes irreparables de lesa Humanidad por los que exigimos justicia, por los que esperamos un castigo que vendrá, si no gracias a la justicia chilena, si al sistema penal internacional. En un contexto tal, el notable abandono de deberes institucionales, consolidado como la manera preferente de manipular a la opinión pública, quiere crear la sensación de ingobernabilidad, para tener una excusa que autorice poderes extraordinarios y discrecionales, que finalmente son origen de los abusos de la autoridad, de manera similar a como lo es un machete en manos de un gorila. El caos navideño, la falta de medidas para encauzar el tránsito durante el Estallido Social, la nula reposición de semáforos, el caos del cambio de salas en la prueba de selección universitaria, y la filtración de las respuestas, cuya custodia además estaba en manos de la fuerza pública, son sólo algunos ejemplos de cómo la desidia oficial, ha derivado en la gestión deficiente del gobierno, cuya búsqueda mañosa y constante ha sido demostrar, valiéndose para ello de la propia incompetencia, que no contaba con las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones. La meta era sin duda conseguir dichas facultades excepcionales, mientras continuaba llevando a cabo acciones totalitarias, perpetradas impunemente para, según se ha dicho, defender y cuidar la democracia, quebrantando para tal efecto el orden institucional y violando los Derechos Humanos. Por supuesto el gobierno es responsable de dichos actos inaceptables, en que la represión tiránica de la disidencia, criminalizada de forma creciente y progresiva gracias al apoyo de la complaciente “oposición”, es sólo una faceta más. Los personeros de derecha, que se proyectan en sus opositores, los califican de lo que en realidad los define a ellos, violentos, asesinos y golpistas. Cuidemos la democracia, dicen los que querían suspender el plebiscito, para perpetuar un sistema dictatorial.Piñera, la Moneda a sueldo del mercado
No hay duda de que así como ocurre con los organismos vivos, cuando existe muerte cerebral, el cuerpo no funciona como debería. Tal es el caso del gobierno de Chile, que ha arrastrado al país al abismo, con tal de defender las utilidades de los grandes “capitalistas”. Dicho comportamiento, ideológicamente normado por el “pensamiento” neoliberal, se hace evidente en tiempos de crisis, en que los conflictos de interés y la incestuosa relación entre política y negocios resultan mucho más visibles. Aquello se ha manifestado en la continuidad de la situación social, política y económica, que Chile arrastra tortuosamente desde la dictadura, hasta el presente. Repetida hasta la saciedad, como un mantra, la frase “hay que separar la economía de las violaciones a los Derechos Humanos”, es una constante, pese a que el establecimiento de las bases del llamado “milagro chileno”, no habría sido posible en un contexto democrático. El gobierno, consistentemente, ha actuado con cada vez más descaro y alevosía, ya ni siquiera preocupado de mantener las apariencias. La brutal represión del Movimiento Social, con métodos propios de los totalitarismos más nefastos, es una muestra más de que el experimento neoliberal chileno es antidemocrático y siempre lo fue, pese a que la propaganda de sus beneficiarios haya querido sostener lo contrario. Aun peor, el sistema impuesto a nuestro país ni siquiera puede ser considerado capitalista, toda vez que para que así fuera tendría que existir libre competencia, equilibrio entre el poder económico y la sociedad (representada por trabajadores, consumidores y organizaciones sociales), libertad de información y de prensa, regulación de la economía y fiscalización de sus actores, además de redistribución de los ingresos públicos, todas condiciones que en definitiva requieren que el estado exista más allá de lo nominal. El oficialismo al pretender sustentar el poder de la élite en la violencia, la crueldad y el terror, ha revelado de esta manera que estos representan los únicos recursos a los que la derecha puede acceder, carente de un nivel cultural, de civilidad y de sentido crítico, suficientes para sobrepasar la brutalidad, la visceralidad y la prepotencia. Según parece, esta forma de actuar deriva de la interpretación literal de “El Príncipe” (tratado de Maquiavelo), que reafirma los valores feudales más absolutistas del latifundismo patronal contemporáneo, que no sólo están presentes en el gobierno, sino también en los círculos del poder económico. Operando como complemento de esta visión, el conveniente ideal portaliano ha servido por largos años para justificar el autoritarismo de la élite, con la excusa de que el pueblo no está capacitado para ejercer los Derechos y deberes propios de la democracia, a causa de su “falta de virtud”. Pese a ello, la ausencia de impersonalidad y probidad del oficialismo, sumados al nepotismo y los flagrantes conflictos de interés, han puesto en entredicho incluso esta monolítica y paternalista forma de entender el poder estatal. Bruto, ciego y sordo, pero lamentablemente mudo no, la única respuesta del incompetente Sebastián Piñera, ha sido negarse a escuchar las legítimas demandas de la población, derivando el conflicto social hacia una agenda de seguridad, que criminaliza Derechos políticos elementales, como la manifestación y la reunión. Su falta de voluntad para solucionar los “problemas reales de la gente”, en claro abandono de sus funciones, contrasta con la diligencia con la que ha impulsado reformas legales autoritarias y represivas, conjuntamente con la compra de nuevo material para reprimir a la población. Considerado por la mayoría como el peor de la historia, su pésimo mandato, que en octubre contaba con una mísera aprobación de 6% (que probablemente ya haya alcanzado cifras negativas) y una estratosférica desaprobación (que se empina como la curva del covid), ha hecho gala de una impactante capacidad para indignar a todo el país. Es en este contexto que el presidente, símbolo del corrupto modelo socioeconómico que nos rige, al ser puesto en evidencia respecto de su actuar reñido con la legalidad, por decirlo eufemísticamente, ha criminalizado como represalia a todos quienes se han manifestado en su contra, por ende en contra del modelo.