Un quiebre irreparable se ha producido entre la población y Carabineros, uno de tal magnitud que resulta evidente que no tiene vuelta atrás. Durante largo tiempo la institución reprimió con brutalidad al pueblo movilizado por sus derechos, especialmente durante la dictadura militar. A finales de 2019 la violencia policial contra las protestas populares visibilizada por las redes sociales y medios de comunicación no cuadrados con el statu quo, superó varios límites para la población. Los constantes episodios de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos desde el 18 de octubre que incluyeron más de 400 personas con lesiones oculares graves, represión desmedida a niños y adultos mayores, disparo de perdigones a mansalva, uso indiscriminado de gases lacrimógenos, detenciones ilegales, golpizas y muertes, terminaron por separar inexorablemente al pueblo de Chile con este aparato policial.
Es una institución añeja y corrupta no preparada para enfrentar una democracia del Siglo XXI con una ciudadanía empoderada y consciente de sus derechos. Reformarla ya no es posible, sino que es urgente su desaparición como policía y la creación de un nuevo cuerpo que cumpla los estándares de una sociedad democrática.
El nuevo contexto sociopolítico nacional surgido luego de iniciado el Estallido Social está obligando a la sociedad completa a una transformación de las estructuras políticas que la sostienen. El modelo neoliberal que venía fracturándose en las narices de quienes aún no quieren aceptarlo terminó por romperse, y cada demanda expresada en las pancartas de la revuelta ha sido confirmada y recontraconfirmada en el contexto de la pandemia del coronavirus. La formulación de nuevo un modelo -partiendo por una nueva constitución política- nos obliga a replantearnos cada estructura de la República. Y por supuesto, aquella que ha estado más cuestionada durante este proceso, que ya estaba bajo la lupa del pueblo durante los últimos años por innumerables casos de corrupción: la policía uniformada.
Carabineros de Chile fue fundada en 1927 por el dictador Carlos Ibáñez del Campo, inspirada en el modelo italiano de policía-militarizada llamada “Arma de Carabineros” creada en el en el Siglo XIX, considerada al igual que acá una cuarta rama de las Fuerzas Armadas. En la dictadura fascista del contemporáneo de Ibáñez, Benito Mussolini, y durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, fue utilizada como policía política para reprimir la oposición al régimen. Muchos de sus integrantes fueron juzgados por crímenes de guerra tras la derrota y rendición ante los aliados. Con el final de la guerra, los carabineros italianos fueron relegados a cumplir rol de frontera y ocupar las funciones de policía militar, incluso en el extranjero como ocurrió tras la invasión a Irak por EEUU en 2003. Por su parte, ahora es mayoritariamente la “Policía del Estado” -un cuerpo completamente civil- el encargado de las funciones de prevención de delitos.
Es por este motivo que nuestra policía es un caso atípico en el mundo. Carabineros de Chile representa un modelo anacrónico y cada vez más escaso a nivel internacional por varios motivos. Uno de los más llamativos es su innecesaria estructura militar, no sólo en el color, la vestimenta o el militarizado grupo antimotines denominado como “Fuerzas Especiales”, sino porque derechamente mantiene grados militares absurdos en su pirámide jerárquica. Es un caso anormal que una fuerza policial -al menos en un país que se dice democrático- tenga generales, tenientes, coroneles, sargentos, etc., o que posea carros blindados, tanquetas, escopetas, armas automáticas y desfilen durante el llamado “Día de las glorias del EJÉRCITO” (19 de septiembre), despilfarrando una cantidad innecesaria de recursos públicos y tiempo que bien podrían ocuparse en el combate del crimen organizado, el narcotráfico o la preparación para hacer frente de forma efectiva a catástrofes ambientales e ir en apoyo de la población afectada.
Esta estructura milica se replica en tradiciones atávicas como exigir cortes de pelo y peinados estandarizados, detalles que podrían parecer triviales, pero que forman parte de la estandarización de su personal como una tropa. Sin embargo, lo más grave y que debe abolirse en la nueva constitución que ha iniciado su proceso, es el hecho de tener dos escuelas para formación de funcionarios cuyo único criterio de selección es la clase social a la que pertenecen, es decir, donde le enseñan a los pobres a obedecer órdenes y los ricos a darlas, una segregación por motivos de dinero que es un verdadero “Muro de Berlín” para sus funcionarios y funcionarias. Una separación que institucionaliza la división de castas que produce nuestro país, asegurando que la policía cumpla el rol de proteger los intereses de una clase social en desmedro de la otra al impedir el acceso de la clase trabajadora a los cargos de dirigencias (salvo por insignificantes excepciones aceptadas para intentar hacer ver que “es posible”). Una suerte de guardia pretoriana de los grandes grupos económicos, destinado a protegerles a toda costa y bajo cualquier método.
Militares cumpliendo rol de policía va más allá de una simple interpretación teórica, pues sus funcionarios están sometidos al código de justicia militar como cualquier otro soldado, lo que se ha traducido en la incapacidad de someterlos a juicios justos.
Ser los soldados del modelo económico en las calles les ha hecho cometer actos repudiados por la población como dar vuelta carros de sopaipillas de señoras que trabajan en la calle en muchas ciudades del país, detener y requisar la mercadería de hortaliceras mapuche, y hostigar constantemente a personas que trabajan vendiendo mercaderías en las calles, entre otras muchas cobardes acciones.
Asimismo, durante la revelación del llamado “paco leaks”en donde hackers hicieron públicos cientos de expedientes policiales, se demostró la cantidad de horas, funcionarios y recursos destinados al seguimiento de dirigentes ambientales, estudiantiles, incluso de agrupaciones de personas enfermas de cáncer. Una revelación que confirma que no se trata de una policía neutra, no es de “de todos los chilenos” sino que es el cuerpo policial de un sector político, la derecha, estando dedicada a perseguir a sus adversarios.
La institución deriva gran cantidad de recursos e insumos no en la prevención del delito, sino en ser una policía política. El despilfarro de dinero y emisión de gases contaminantes por darse el gusto de sobrevolar en helicópteros en círculos durante horas y horas alrededor de las marchas durante casi todos los días de octubre a diciembre son una muestra de aquello y de hasta dónde están dispuestos a llegar.
Además, la justicia militar, este sistema paralelo que en los países normales es utilizado para casos de guerra y que sólo hace unos años dejó de aplicarse en todos los casos (que sin embargo sí sigue vigente en muchos) ha sido un escudo para encubrir violaciones a los Derechos Humanos.
Si bien siempre hubo actores sociales que denunciaron el actuar de Carabineros en democracia, tanto la desmedida represión a las manifestaciones sociales, como asesinatos, los que van desde la “Masacre de Apoquindo” en 1993, hasta los asesinatos de Alex Lemún, Jaime Mendoza Collio, Rodrigo Cisternas o Matías Catrileo, fue el robo de miles de millones de dinero público el que comenzó a generar el quiebre irreparable con la población. La denuncia del megafraude llamado “Pacogate” (el mayor robo en la historia de Chile), demostró que la afirmación que a algunos autocomplacientes les inflaba el pecho en cuanto a la suerte que teníamos como país latinoamericano de contar con una policía que no era corrupta, no era más que un cuento. Esto pues, no obstante no es tan fácil sobornar a un funcionario en la calle con dinero en efectivo, las investigaciones aún en curso demuestran que la oficialidad ha realizado maniobras como la apropiación de más de 28 mil millones de pesos (hasta ahora, pues los avances en las pesquisas van a agrandando la cifra), paseos familiares con recursos fiscales, falsificación de instrumento público, quema de documentos, entre otras. Este caso de corrupción significó a la llegada por segunda vez de Piñera a La Moneda, la salida de 50 generales por ladrones, mentirosos y encubridores, y es el motivo por el que Rozas está a cargo de la institución, quién pasó de manera exprés de ser coronel a general.
Sin embargo, el tema que evidenció el Estallido Social y terminó por generar la irreparable fractura final entre la población chilena y Carabineros, fueron las constantes violaciones a los Derechos Humanos y sus intentos por ocultarlas, sino a ratos, justificarlas. Una espiral que comenzó con el Caso Catrillanca y no se detiene hasta el día de hoy.
Las violaciones de derechos fundamentales son un tema sensible para la población chilena debido a su historia reciente y el dolor que representa la dictadura para la mayoría (algo que quizás sabrían si no fuera por la burbuja de la Escuela de Oficiales). Durante este periodo, Carabineros estuvo involucrado en muchos de estos crímenes en donde además actuó con un modus operandi bastante similar a lo visto los últimos meses, vale decir, una maquinaria elaborada y profesional (pero burda, estúpida e infructuosa) de encubrimiento, estableciendo la mentira como práctica sistemática e institucionalizada. Lo que ocurrió con Nattino y Guerrero en 1985 es bastante similar ocurrió con Camilo Catrillanca y Gustavo Gatica: Mentir, mentir y mentir, y al ser pillados o mostrar las evidencias, seguir mintiendo, negar hasta el final. Decir que no hay grabación, luego que sí pero se perdió la tarjeta, que se borró por registros de intimidades de funcionarios o escribir en un informe que probablemente las heridas fueron causadas por manifestantes. Ya da lo mismo si la mentira es creíble o no, lo importante es no asumir jamás los hechos. ¿Puede un pueblo acaso confiar en una policía deshonesta que estableció como práctica institucionlizada la mentira?
Sin lugar a dudas Carabineros de Chile no es la policía apta para el pueblo chileno del Siglo XXI, no da el ancho en su anacronismo y falta de probidad, por lo que debe ser disuelta y reemplazada por otros cuerpos, una pieza corrompida por la gangrena que no puede salvarse, sino amputarse. Modelos de policías hay muchos en el mundo, cada uno con sus propias ventajas y desventajas, desde las municipales, pasando por las regionales hasta las comunitarias, experiencias de las que se puede aprender para reemplazar a Carabineros como institución arcaica. Estos modelos deben discutirse en la asamblea constituyente, pues será ésta quién decida cómo será la nueva policía en el país que comenzará a construirse, pero así como funcionaba hasta ahora, ya no puede seguir. Se debe apuntar hacia cuerpos completamente civiles, locales y democráticos, que respondan directamente a las comunidades y formados en un irrestricto respeto a los Derechos Humanos, que trabajen para defender a la población y no para castigarla, como ocurre en la actualidad.
Resumen.
