[resumen.cl] Desde que el tres de marzo pasado se detectó el primer contagiado con el Covid 19 en San Javier, Región del Maule, el actuar del gobierno de Piñera ha dado muestras de pequeñez y mezquindad extremas.
La tardanza e ineptitud del gobierno en adoptar medidas eficaces y oportunas para enfrentar la pandemia que se cierne sobre la población, rayan en la perversión. Parecen ser deliberados actos destinados a permitir que la epidemia se expanda, que afecte a la mayor cantidad posible de personas, que cambie totalmente el escenario social. Pero al mismo tiempo, parecen ser deliberados actos destinados a generar oportunidades de negocios para los grupos económicos de los cuales son parte activa o en cuya representación gobiernan.
La primera razón de esta aparente perversión es el indisimulado interés de los gobernantes y poderosos de utilizar la llegada y propagación del corona virus en Chile como una herramienta eficaz para contener y detener la movilización social habida cuenta de la explosiva cantidad de infectados que se producirían.
Esta primera motivación no les dio los frutos esperados porque la población chilena comenzó a tomar medidas preventivas por sí misma, desde sus organizaciones de base, o por iniciativas comunitarias. Fue el propio pueblo el que con prontitud tomó conciencia de que no podían continuar las movilizaciones y que la salubridad pública obligaba a tomar medidas preventivas y posponer las demandas centrales para un momento posterior. Hace rato que el pueblo, por lo menos desde octubre en adelante, no le cree un ápice a los gobernantes, no le tiene ninguna confianza a las decisiones del gobierno y desconfía del decir y hacer de éste pues percibe la actitud vengativa e irracional que mueve las decisiones de los gobernantes. No es casualidad que Piñera haya declarado que estaba en guerra contra el pueblo el 20 de octubre, no es casualidad que la respuesta gubernamental a las demandas sociales que se destaparon desde octubre haya sido siempre represión, represión y más represión; no es casualidad que el desbocado accionar represivo, azuzado desde La Moneda, haya provocado decenas de muertes entre los manifestantes sociales; no es casualidad que el desenfreno represivo haya provocado centenas de personas que resultaron mutiladas; no es casualidad que se cuenten por miles las víctimas de violaciones a los derechos humanos producto del descontrolado actuar de las fuerzas represivas durante estos meses de lucha social, que los presos políticos sociales se cuenten por centenas, que sean decenas los presos sociales que aún continúan siendo castigados con la prisión preventiva, mecanismo éste que es utilizado como resquicio punitivo por fiscales y autoridades. En síntesis, este gobierno ha actuado con una evidente actitud de castigo y de venganza hacia los movimientos sociales, hacia la población sublevada, hacia la ciudadanía movilizada, y sus decisiones respecto de cómo afrontar la pandemia han estado sesgadas por este espíritu revanchista.
Una muestra grosera de este revanchismo en el actuar de los gobernantes ha sido el enfermizo afán del Intendente de la Región Metropolitana de imponer el negacionismo borrando los signos gráficos de las movilizaciones de los últimos meses. El mentecato intendente gasta energías y recursos del estado en borrar grafitis y proclamas, en lugar de destinar esos recursos a enfrentar la pandemia de salud, en lugar de habilitar espacios para hospitales de emergencia, o de comprar insumos médicos para los recintos de salud de la propia región, o por último, de reponer semáforos para que puedan circular con más facilidad unidades de emergencia en salud u otras calamidades. El intendente metropolitano borra, como símbolo de querer borrar la historia y ningunear al pueblo. Esta aberrante actitud se complementa con el hecho que, simultáneamente, el presidente del país importa nuevos y costosísimos materiales y equipamientos bélicos para las unidades policiales destinadas a la represión de la población.
Por si no bastara, la emergencia sanitaria le ha posibilitado al gobierno echar mano al ansiado objetivo que se habían propuesto durante la movilización social de los meses previos: sacar las fuerzas armadas a la calle, con el argumento de resguardar infraestructura crítica y tras la figura legal del Estado de Catástrofe, pueden utilizar y desplegar a las fuerzas armadas y disponerlas a su servicio para mantener el orden, mantener a raya a la población y callados a los disconformes. Queda aún por verse si este despliegue no se convierte en una fuente propagadora del virus, queda también por verse que este despliegue no se convierta en una reiteración de atropellos y violaciones a los derechos humanos, como ya ocurrió cuando fueron utilizados durante el Estado de Emergencia dictado por Piñera en octubre pasado, por citar solo el episodio más reciente. Lo cierto es que por encima de las pretensiones represivas o punitivas del gobierno, prima el sentido de autocuidado y de solidaridad social de la población pues el corona virus impide las aglomeraciones o concentraciones de masas por razones de salubridad pública.
El perverso y errado manejo de la pandemia por parte de los gobernantes se ha traducido en una tardía respuesta ante cada etapa de esta compleja situación sanitaria nacional. Al parecer, estaban demasiado emocionados por las ventajas políticas que podían obtener con la masificación de la epidemia, que descuidaron la adopción de medidas preventivas oportunas y básicas que permitieran enfrentar en mejor forma los eventuales estragos que provocaría la enfermedad en la población. El gobierno ha actuado con absoluta desidia, al punto que se generó una situación de desgobierno en donde los municipios debieron asumir la iniciativa institucional y las organizaciones y comunidades sociales la iniciativa práctica, tanto para exigir y establecer el cierre de los colegios y actividades estudiantiles, como para establecer cercos sanitarios o cuarentenas territoriales.
Solo una vez que la OMS puso la voz de alerta y que las organizaciones de base y comunales impusieron las exigencias, a regañadientes el gobierno atinó a adoptar medidas preventivas. Las respuestas gubernamentales han ido ocurriendo con tres o cuatro días de retraso respecto de las exigencias sanitarias reales que impone esta situación de pandemia. Este retraso no solo se produce con respecto a la realidad nacional sino también en relación a lo que aconsejan las experiencias positivas y negativas que se han producido en el mundo sobre esta pandemia con semanas de antelación, y comparativamente siempre a ido a la zaga de las decisiones preventivas que adoptan otros gobiernos de la región.
El secretismo en las decisiones gubernamentales y ministeriales ha sido el recurso para ocultar la desidia y la errática gestión ante la crisis. En particular el ministro de salud, Mañalich, ha dado muestras de una obcecación y altanería, que en realidad no es nueva pero en esta situación resultan francamente insoportables. La información sobre los casos de contagio que ha habido, cómo se ha manejado la búsqueda de los infectados, cómo se ha manejado el tratamiento de las personas afectadas, es decir, los detalles técnicos del manejo de la pandemia fueron convertidos por Mañalich y Piñera en secretos de estado o fuentes de poder; bajo el pretexto de que estaban siendo asesorados por expertos (al parecer personas escogidas del redil cercano a los gobernantes), resultaba ser que expertos del mundo académico y profesional estaban siendo marginados de conocer información y de hacer aportes que fueran en beneficio del enfrentar la crisis sanitaria de mejor forma; lo mismo ocurre con los actores sociales y laborales que se encuentran directamente implicados en el manejo de las cuestiones prácticas de la pandemia, como son los trabajadores de la salud y los municipios. De nuevo fue solo la presión social la que obligó al gobierno a generar una mesa de trabajo en donde las informaciones y decisiones tuvieran un basamento técnico y realista; realista al menos en lo que respecta a las cuestiones ligadas a factores médicos y de salubridad.
Los desatinos del gobierno chileno se comparan (¿o imitan?) a los desatinos del gobierno brasileño o del estadounidense, y las cifras de contagios en cada uno de estos países reflejan una misma mentalidad en donde lo importante para los gobernantes no son las personas, no es la población, sino el mercado, los negocios, el mundo mercantil.
Lo cierto es que el otro interés primordial del gobierno chileno ha sido buscar la forma de que el empresariado pueda obtener utilidades y ganancias a raíz de las necesidades prácticas que genera esta crisis sanitaria. Al tiempo de velar porque los intereses del mundo empresarial no se vean afectados más allá de las turbulencias que puedan sufrir por el desplome de las bolsas y de los negocios a nivel internacional, el gobierno de Piñera está y ha estado presto para salir a proteger y salvar al empresariado nacional de cualquier riesgo que merme sus arcas.
El nuestro es un país en donde la salud ha sido convertida en un bien de mercado y en el mejor negocio del planeta; incluso los exámenes para detectar la enfermedad se cobraban a precio de usura, al punto que el propio gobierno se vio forzado a fijar un precio, que igual sigue siendo una vergüenza. Todo lo convierten en un negocio estos gobernantes, en una “oportunidad” de pingues ganancias, sea con los artículos de aseo, con los artículos de primera necesidad, con los insumos de salud, con los equipamientos clínicos, todo les “ofrece” una oportunidad de negocio, para ellos y sus pares. LATAM exige que el estado le salve las utilidades que dejará de percibir por la pandemia mundial; el oneroso arriendo del recinto empresarial Espacio Riesco para instalar allí un hospital de campaña es una burla al país entero; el Estado y sistema de salud no necesitaba arrendar ningún instalación, dada la conocida existencia de innumerables espacios fiscales que podían haber sido habilitados para tales efectos sin costo de arrendamiento, o por último, habida cuenta de que el Estado de Catástrofe faculta al gobierno para requisar los espacios, medios, industrias o lo que se requiera para resolver problemas asociados a la situación de catástrofe, en este caso, ir en beneficio de la salud de la población. Pero en Chile impera el arbitrio del negocio, de la mezquindad, de la miseria moral, de los descriterios empresariales en que de cualquier situación tratan de sacar un provecho, utilidades, ganancias, siempre y cuando queden en el círculo de hierro de los poderosos dueños de este modelo de vergüenza.
La guinda de la torta la ha puesto en estos días la Dirección del Trabajo, institución que se supone está concebida para proteger los intereses de los trabajadores ante el mundo patronal, pero que en la práctica con este gobierno el organismo actúa como Jefatura de Personal del empresariado. Siguiendo directrices de gobierno, esta repartición gubernamental dispuso que los empresarios no le pagasen a sus trabajadores los días laborales en que deben realizar cuarentena obligatoria, dispuesta por la autoridad sanitaria, determinada por el gobierno, con respecto a siete comunas de la provincia de Santiago y algunas otras comunas de otras regiones del país. Doble abuso. Por un lado el gobierno sale a salvaguardar los intereses y arcas del empresariado liberándolos de cancelar salarios por la ausencia laboral que ese mismo gobierno dictamina para los trabajadores, y por otro, el gobierno no adopta ninguna medida concreta, directa e inmediata, para brindar la ayuda financiera y material que esos trabajadores necesitan ante el despojo de que están siendo objeto. Esto es una canallada.
Cuarentenas obligadas que suponen no recibir más sueldo, no generar más ingresos, mandar a la gente al desamparo y la miseria, como si nada, todo con el fin de proteger los intereses de los más poderosos. Las explicaciones gubernamentales de que están presentando una ley para que los trabajadores puedan cobrar (algún día, alguna vez, a lo mejor) un seguro de cesantía por estos días de cuarentena no pagados por los patrones, constituye una doble burla: por una parte, libera a los patrones de la responsabilidad laboral de asumir la situación de salud o restricciones de fuerza mayor de sus trabajadores y, por otra parte, hacen recaer en los demás trabajadores –vía un hipotético seguro de cesantía- el costo de una eventual ayuda a los afectados por no pago.
Sacar utilidades y producir negocios a costa de la epidemia, a costa de la salud de la población, y al amparo de los arbitrios legales que suponen el Estado de Catástrofe y la libre disposición del 2% constitucional del presupuesto fiscal para ir en auxilio del patronaje, esa es la conducta de este gobierno mercantil. Junto con eso, el paquete de medidas económicas que anunció hace unos días el presidente Piñera y el ministro de Hacienda van en directo beneficio y protección del empresariado; solo un 35% de los cuantiosos montos destinados por el Estado a cubrir la emergencia van en dirección de ser gastos de salud; el resto está destinado a subvencionar a las empresas y salvaguardar los intereses empresariales. Para la población, un burlesco y miserable bono de $ 13.000 en beneficio de los sectores más vulnerables; el resto, que se joda. Este es un gobierno de los empresarios y, con el parapeto de la emergencia sanitaria, están usando descaradamente los fondos del estado en su provecho.
El estado, este gobierno, debiera partir por asegurar la gratuidad en los exámenes médicos y los tratamientos que requieran las personas afectadas por el corona virus. No es tolerable que se siga cobrando por un derecho que el estado debe garantizar a su población. Tampoco es tolerable que el estado no se ocupe de entregar suficientes insumos, elementos y artículos, para que los centros de salud pública puedan cumplir su labor de manera eficiente, para que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones de manera segura, para que la salud sea un servicio oportuno y digno. No puede ser aceptable que los recursos del fisco siempre estén disponibles y salvando los intereses empresariales. Ya basta, esto es el colmo de la desvergüenza.
Por otra parte, sabiendo que la cuarentena es una disposición sanitaria necesaria para controlar la expansión masiva de los contagios, el Estado, el gobierno, tiene la responsabilidad y la obligación de ocuparse de que los ciudadanos puedan realizar una cuarentena con garantías sociales para los trabajadores y trabajadoras que no pueden asistir a sus fuentes de trabajo; la necesidad de asistencia y apoyo del estado se hace urgente no sólo para aquellas personas que estén bajo condiciones de contrato (aquellos que la Dirección del Trabajo mandó al vacío) sino también a aquella masa de trabajadores por cuenta propia que viven de lo que pueden generar día a día, cuyos ingresos se generan en actividades a trato, informales, de comercio ambulante o subsidiarias de las actividades productivas y de servicios establecidas(es decir, más del 29% de la masa laboral chilena).
En esta situación de crisis sanitaria, el estado debiese establecer una renta o ingreso básico solidario para toda la población chilena afectada por los efectos laborales y sociales de la pandemia. No es tolerable que las arcas fiscales solo sirvan o se destinen a la protección de los poderosos y el grueso de la población quede librada a su suerte y sin ninguna protección estatal. Estos arbitrios tienen que terminar de una buena vez y el estado chileno debe dar una muestra de que representa a toda la ciudadanía y brindarle garantías básicas de apoyo social.
