[resumen.cl] El imputado señaló la responsabilidad del jefe del GOPE de La Araucanía quien habría ordenado eliminar registros de la cámara GoPro de los funcionarios, mientras que el asesor jurídico habría generado la versión falsa de la existencia de fuego cruzado.
Ayer se continuó con las declaraciones en el juicio que se está realizando por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca el pasado 14 de noviembre de 2018 a manos de funcionarios de Carabineros de Chile.
En esta ocasión fue el turno del imputado por el disparo que dio muerte al comunero, el ex GOPE Carlos Alarcón.
Durante su declaración, Alarcón centró la responsabilidad en mandos superiores que habrían incentivado la elaboración del montaje.
Comentó que el asesor jurídico Cristian Inostroza, en la comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque, les dijo que "van a ir a prestar declaración a la Fiscalía y tienen que decir que ustedes fueron atacados desde los lados del camino, que hubo fuego cruzado, que el tractor se cruzó en la línea de fuego, que ustedes nunca apuntaron".
Por otro lado, el ex carabinero indicó la responsabilidad del jefe del GOPE en la Región de La Araucanía, mayor Manuel Valdivieso, quien habría ordenado eliminar los registros del hecho de las cámaras GoPro, mientras que el asesor jurídico habría señalado que había que mencionar que nadie se encontraba con su cámara.
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Consultado por el motivo de mantener la versión falsa, Alarcón señaló que "somos una institución policial con carácter militar, por eso cuando se nos imparte una orden hay que acatarla". Durante todo el transcurso de la instancia, el ex funcionario resaltó y enfatizó en la responsabilidad de mandos de Carabineros para la continuación del montaje.
Durante la misma jornada, la familia de Camilo Catrillanca no pudo asistir a escuchar las declaraciones del imputado producto de operativos que Fuerzas Especiales en Temucuicui, impidiendo su salida.
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Actualmente son siete los ex funcionarios de la institución policial y un abogado quienes se encuentran procesados por delitos que consideran, entre otros, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y homicidio consumado.
