Señor Rodrigo Hinzpeter
Ministro del Interior
Presente

Las organizaciones de derechos humanos que suscriben expresamos nuestra
preocupación por las nuevas formas de impunidad que se busca instalar como parte
de las políticas del actual gobierno. La expresión más reciente de ello han sido los
traslados del Subprefecto Sandro Gaete y del Inspector Ricardo Luengo de la Brigada
Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones
de Chile.

Es preocupante que en lugar de fortalecer una institución que ha contribuido
significativamente al lento avance de la justicia y que costó décadas formar, las
autoridades políticas hayan optado por su virtual desarticulación.

Esta decisión se suma a la reciente reducción del equipo de abogados del Programa de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y a la postergación injustificada, por
parte de este organismo, de la presentación de las querellas criminales de más de
medio centenar de causas de ejecutados políticos.

Estas acciones del gobierno limitan y obstaculizan la colaboración que estos
organismos del Estado tienen por misión prestar a la tarea de esclarecimiento y
juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura militar, y dejan en evidencia
una política oculta que busca imponer nuevas formas de impunidad.

Resulta paradojal que, al mismo tiempo que se retrocede en la persecución penal de
los delitos de lesa humanidad, el gobierno no dude en desatar la persecución y
criminalización de las luchas sociales actuales, como lo hizo invocando la Ley de
Seguridad del Estado para frenar la movilización social en la Región de Magallanes.

Para los sectores democráticos de la sociedad, para quienes consideramos que la
verdad y la justicia son demandas irrenunciables, estas decisiones de la autoridad
política no son aceptables. Por ello, junto con llamar al más amplio rechazo de estas
medidas, demandamos del Ejecutivo su reconsideración.

Asimismo, hemos solicitado al Poder Judicial, a través del Presidente de la Corte
Suprema, un pronunciamiento sobre los efectos de estas decisiones en la
administración de justicia respecto de los crímenes y violaciones a los derechos
humanos cometidos durante la dictadura. Creemos que las medidas señaladas son
particularmente graves para la labor de los tribunales puesto que afectan
directamente, en el caso de la Brigada de Investigación de Delitos contra los Derechos
Humanos, a un organismo colaborador de los tribunales en su labor de impartir
justicia. Una tarea que, a pesar de los avances parciales experimentados, sigue
pendiente desde hace ya más de 30 años.

Corporación Londres 38, espacio de memorias

Comisión Ética contra la tortura

Colectivo 119, familiares y compañeros.

Cofamejexp, familiares y compañeros de Ejecutados Políticos por Explosión

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine Corporación Paine " Un Lugar para la Memoria

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca
Santiago de Chile, enero 2011