La semana pasada, antes de saber las medidas cautelares con que iba a quedar Camila Polizzi, Sebastián Polanco, Diego Polanco y los ex altos funcionarios del GORE, Rodrigo Martínez y Simón Acuña, el Juzgado de Garantía de Concepción accedió a la solicitud del Consejo de Defensa del Estado para excluir del bando querellante al Gobierno Regional, ya que el Gobernador Rodrigo Díaz había declarado en el caso como imputado.
No es la única acción que ha empantanado la estrategia del gobernador para no aparecer en el ojo del huracán de cuestinamientos políticos y judiciales por el Caso Convenios en el Biobío.
El abogado Waldo Ortega, defensor de su amigo personal y exsubordinado en el GORE -el exadministrador regional, Rodrigo Martínez- fue más allá al establecer que su representado no había cometido delito alguno y que si hubiese algún tipo de responsabilidad penal, le cabía asumirla al Gobernador Rodrigo Díaz.
Ortega señalo en la audiencia de formalización de los imputados que “Evidentemente Rodrigo Díaz es, si se me permite el término, el capo di tutti dentro de este organismo”.
¿Una alusión al funcionamiento de la mafia al interior del GORE Biobío?.
Más allá de la exageración del término utilizado por el jurista, parece algo ingenuo -a estas alturas- pensar que Díaz no sabía nada del accionar de sus subordinados. Ello porque hay una serie de situaciones que podrían dejar en entredicho el actuar del propio gobernador.
Cuando Díaz llegó al GORE ya había algo extraño tras su campaña. Este medio reveló que el Gobernador encargó la realización de su campaña a una empresa de aseo que subcontrató los servicios de empresas Esquerré, uno de los grupos empresariales que se ha adjudicado más tratos con el GORE desde que Díaz llegó a su cabeza.
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Esquerré ha aparecido en otras oportunidades en las decisiones de Díaz. Cabe recordar los millonarios tratos con Instituto Regional de Administración de Empresas (IRADE), donde Paul Esquerré aparece como Presidente y como Vicepresidenta, Mónica Álvarez Pérez, Presidenta de la empresa Buses Hualpén quien fue empleadora de Rodrigo Díaz Wörner.
IRADE ha sido cuestionada por subcontratar a sus propias firmas para ejecutar programas financiados con dineros del GORE Biobío.
A estos antecedentes cabe agregar a partir de junio de 2021, la Corporación Desarrolla Biobío -que es presidida por el Gobernador Rodrigo Díaz- contrató a la empresa Giro un servicio de asesoría comunicacional. En esta empresa trabaja la hermana de Rodrigo Díaz, Daniella Díaz.
Además, entre las transferencias cuestionadas al GORE Biobío se encuentran los más de 1.000 millones de pesos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Belo, sede Concepción, donde se desempeña como secretaria académica Marcela Cárdenas Artigas, su cuñada.
No obstante Díaz, como buen político, ha tratado de salir hacia adelante. Tras un par de semanas de respiro tras el acoso de la prensa y los matinales, se atrevió incluso a hablar de una nueva candidatura a Gobernador.
Pero la apertura de las formalizaciones y la reacción de uno de los antiguos miembros de su círculo cercano puede amenazar esa luz que el mandamás de la región, estaba viendo al final del túnel. Quizás Martínez estaba dispuesto a ser un fusible político de Díaz, pero resulta difícil creer que quiera ser su escudero judicial. Sobretodo si ya lo arojó a los leones.
Esta semana seguirá el caso y se prevén las formalizaciones de la funcionaria del GORE, Tamara Vidal -una de las que ventiló las turbulentas irregularidades al interior de las transferencias en el GORE-, Matías Godoy -Otec Frumisal- y Eduardo Quezada -consultora EQOS-. ¿Estará a salvo el gobernador?
