Por: Raimundo Contreras / resumen.cl

En septiembre pasado, más de 7.588 toneladas de pesca no declarada, avaluadas por un total del 11.000 millones de pesos, fueron decomisadas por Sernapesca a la empresa Bahía Coronel, vinculada al grupo liderado por Francisco Javier Errázuriz. Esta situación, que ha sido denunciada como “la punta del iceberg”, hace inferir que las estadísticas de desembarques del Estado se encuentran fuertemente subestimadas con respecto a la verdadera dimensión de la crisis. Precarización laboral y deficientes métodos de fiscalización y certificación, por parte de entidades públicas y privadas, para una industria encargada de la reducción masiva de poblaciones de peces en la región oceánica chilena.

Desde la década de 1980, el mar chileno era considerado una de las zonas pesqueras más productivas del mundo. En 1994, las capturas totales bordearon las 8 millones de toneladas y la industria desembarcaba la mayor proporción de este enorme volumen de pesca. Hoy, las cantidades totales se han reducido por debajo de la mitad, e importantes poblaciones de peces como el jurel (Trachurus murphyi) y la merluza común (Merluccius gayi) se encuentran en colapso. La industria pesquera en Chile, impulsada por el Estado desde la década de 1960, es responsable de su propio declive y ha arrastrado consigo a decenas de miles de familias que viven de la pesca. Esta crisis también ha negado la posibilidad de que millones de personas se alimenten de pescado, debido a que los enormes volúmenes de capturas que requiere la industria para hacer viable su negocio, son destinados a la fabricación de harina de pescado que alimenta a otros animales, o a la industria del pescado congelado para exportación y consumo nacional mediante retail. Junto a esto, en los últimos años, el grupo Angelini, dueño de Corpesca en la zona norte y Orizon en el centro sur, además de grupo ASIPES (Asociación de Industriales Pesqueros), han incidido fuertemente en el diseño de una legislación para su beneficio, la denominada “Ley Longueira”, mediante pagos ilegales a administradores públicos y dirigentes políticos entre los que se cuentan ministros de Estado, diputados y senadores.

En la costa de la región del Biobio, con la disminución de las capturas con respecto a la década pasada, y el aumento en el precio de la harina de pescado en el mercado internacional, la industria a través de sus propios barcos y mediante otros empresarios de lanchas consideradas artesanales, se mantiene extrayendo enormes cantidades de pesca de forma legal y además de ello, no duda en pasar a la ilegalidad para aumentar sus ganancias. El 25 de septiembre pasado, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) anunció la detección de 5.602 toneladas de harina de pescado no declaradas, distribuidas en tres bodegas en Coronel y Cabrero, pertenecientes a Salmones de Chile Alimentos S.A., una comercializadora ligada al grupo Errázuriz y que no se encontraba registrada ante Sernapesca. Se comunicó que este hallazgo se trataría del más grande anunciado por la institución y se habría producido en el marco de una auditoría iniciada en julio, tras detectar irregularidades en dos empresas pesqueras: Lota Protein y Bahía Coronel, donde el sistema de pesaje de los desembarques en plantas habría estado intervenido, posibilitando así los menores reportes en pesca. Posteriormente, las cantidades procesadas por Bahía Coronel se recalcularon a 7.588 toneladas avaluadas en 11.000 millones de pesos, y se concluyó que para fabricar esta cantidad se debieron pescar más de 40.000 toneladas de pesca silvestre. Especies como sardina y anchoveta, pero muy problablemente también: mote, pampanito, pejerrey, tritre, agujilla, sierra, calamares como jibia y pulpo, entre otras especies pelágicas, es decir, que viven en la columna de agua, fueron capturadas con redes de cerco por barcos industriales y lanchas semi-industriales para su reducción ilegal a harina de pescado en Bahía Coronel, vinculada al grupo liderado por Francisco Javier Errázuriz.

Constante criminalidad del empresariado pesquero.

Bahía Coronel es una empresa perteneciente al Grupo Errázuriz, liderado por Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del fundador del conglomerado, ex candidato presidencial y ex senador Francisco Javier Errázuriz Talavera, actualmente declarado inimputable por razones de salud. El grupo también está siendo investigado por fraude tributario, por crear empresas fantasmas, usar facturas falsas y simular transacciones con su producción de yodo. Por ahora, en la investigación contra el Grupo Errázuriz, se ha establecido que los montos de exportación de yodo declarados en Chile no coinciden con los recibidos en los puestos de destino, lo que estaría acreditando las irregularidades aduaneras y tributarias, declaró la fiscal Ximena Chong, quien lleva el caso. Por otra parte, hace algunas semanas, la directora regional de Sernapesca, Marta Araneda declaró que la empresa Bahía Coronel puede operar con total normalidad, excepto por el impedimento de exportar dos cargamentos de jurel y jibia por no estar determinado si fueron extraídos legalmente o no.

En octubre pasado, Sernapesca presentó una denuncia contra la empresa Bahía Coronel en el Juzgado de Letras de esa ciudad. El Ministerio Público inició una investigación de los eventuales delitos que hayan cometido los responsables del tráfico ilegal. Mientras tanto, se han registrado protestas de dirigentes de tripulantes de lanchas semi-industriales en caleta Lo Rojas y en Talcahuano, además de trabajadores de las plantas involucradas, encabezados por el gerente de la empresa Bahía Coronel. Esta situación, evidencia la alianza entre empresarios de la pesca, tanto de plantas y barcos industriales, como de lanchas consideradas como artesanales.

Industriales y semi-industriales: unidos para mantener sus niveles de extracción.

Mientras disminuyen los volúmenes de captura, en los últimos años, el precio de la harina de pescado ha aumentado desde alrededor de 300 dólares por tonelada a mediados de la década de 1980, a más de 1.000 dólares por tonelada en 2008. En septiembre de 2015, el precio de la harina de pescado bordeaba los 1.717 dólares por tonelada, según ha indicado la SOFOFA con cifras del Banco Central.

Con el declive del jurel y la caída general en los desembarques, muchos barcos industriales que antes capturaban más cerca de la costa, ahora deben recorrer amplias regiones oceánicas del Pacífico suroriental para llenar sus bodegas de hasta 2.000 toneladas, muchas veces logrando escasas capturas. Trabajadores del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) que realizan prospecciones a bordo de barcos de la industria pesquera de la región del Biobio declararon a Resumen que “Hay pésimos resultados en las prospecciones de jurel hasta mil millas en el océano abierto, ya que no se logra ubicar ningún tipo de cardumen, dado a las malas condiciones a las cuales la sobreexplotación pesquera ha llevado a las especies. Muchas veces, no se captura nada, especialmente durante los meses de primavera, cuando la industria se prepara para capturar grandes cantidades para el verano, perpetuando así un estado exigente de explotación, con vedas demasiado cortas para la recuperación de las especies” declaran.

La pesca pelágica en la región se realiza con el arte de cerco desde barcos industriales o lanchas de hasta 18 metros y entre 60 y 80 toneladas, que zarpan desde los puertos de Coronel, San Vicente y Talcahuano. Es común que las lanchas consideradas artesanales pesquen para la industria dentro de las 5 millas de protección para la pesca artesanal. Las naves pueden atracar y conectarse a un pontón (estructura flotante en la bahía) y de ese modo la pesca llega directamente a la industria que la reduce a harina de pescado. Este es el caso de la empresa Bahia Coronel, Camanchaca, Blumar, Orizon y Mar Food en Coronel. En Lota, Isla Quihua y Lota Protein, así como Blumar y Landes en San Vicente, también reciben descargas de este modo. En los muelles de la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) y ASIPES en Talcahuano, las lanchas se atracan en el puerto y una “yoma”, o manguera que succiona la bodega del barco, extrae la pesca capturada desde la lanchas para cargar los camiones que la llevan hacia las plantas de harina.

En el descubrimiento de las 7.588 toneladas de harina ilegal de septiembre pasado, muchos apuntaron hacia la entidad fiscalizadora, la empresa multinacional Intertek Calebb Brett, que desde 2014 certifica a las lanchas de hasta 18 metros, monitoreo que anteriormente realizaba Sernapesca a través del denominado Régimen Artesanal de Extracción (RAE).

Declive pesquero monitoreado por fiscalizadoras estatales y privadas.

La mayor parte de las pesquerías chilenas están en colapso y entre 2012 y 2015, la situación ha empeorado. Los organismos del Estado que actuaron tardíamente ante la progresiva crisis, desde instituciones como la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) continúan otorgando altas cuotas tanto a la industria como a armadores semi-industriales. Cantidades del orden de decenas y cientos de miles de toneladas, fuera de todo enfoque de conservación ecológica. ¿Por qué ocurre esto? Además de ser volubles a recibir presiones políticas y ser fuertemente dependientes del dinero de la industria extractiva, el personal científico y técnico vinculado al rubro pesquero en universidades, centros de investigación y en organismos públicos y privados, basa sus análisis e indicaciones para la entrega de cuotas por la administración pública, en datos de poca confiabilidad, ya sea directamente por sobornos recibidos por fiscalizadores en terreno para alterar los informes, o porque estas instituciones fiscalizadoras no cuentan con el personal necesario en los puntos de desembarque, ni con la metodología apropiada para cuantificar el desembarco real, con lo que se infiere que la situación de la pesquerías pelágicas y demersales es mucho peor aún.

Los datos de los desembarques realizados tanto por el Estado (Sernapesca) como por corporaciones multinacionales (Intertek Caleb Brett y Alex Stewart Intercorp) han recibido frecuentes denuncias de estar subestimados debido a desembarques ilegales no declarados, tanto de naves industriales de cerco y de arrastre, como de lanchas semi-industriales en torno a los 18 metros de eslora.

Intertek Caleb Brett, entidad auditora de la supervisión de los desembarques industriales desde 2001 en las macrozonas I y II entre Arica y Valdivia, es la encargada de certificar las lanchas de hasta 18 metros a partir de 2014, reemplazando a Sernapesca que disminuyó considerablemente su dotación de fiscalizadores en terreno. Trabajadores de la fiscalización pesquera de Sernapesca e Intertek han relatado a Resumen que es frecuente que armadores de lancha, de forma personal o mediante “jefes de flota”, ofrezcan dinero para que el fiscalizador entregue información errónea, como por ejemplo declarar que en la lancha viene mote (Normanichtys crockeri), una especie que no tiene cuota, en vez de sardina (Strangomera bentincki) o anchoveta (Engraulis ringens), especies que tienen cuota asignada, y cuya cantidad es descontada a la respectiva lancha o barco luego de cada desembarque. El trabajador encargado de fiscalizar o certificar para las entidades de Sernapesca o Intertek, debe tomar varias muestras de la corriente de peces desmenuzados que pasan a gran velocidad por las correas, muchas veces en estado de descomposición por el largo viaje o la espera de las embarcaciones para descargar, con el grave peligro de muerte por intoxicación con anhídrido sulfuroso (H2S) para todos los trabajadores que transitan por el lugar.

Además, los verificadores y certificadores, tanto en los servicios públicos como en las empresas privadas, están sometidos a una alta precarización laboral. En Intertek Caleb Brett, los turnos frecuentemente duran más de 10 horas y la remuneración por turno bordea los 18 mil pesos. Los fiscalizadores son en su mayoría trabajadores eventuales que tienen contratos por faena. Los trabajadores eventuales rara vez ganan más de 250 mil pesos por la ocasionalidad de los turnos, los contratados en cambio, pueden ganar hasta 600 mil pesos pero deben trabajar prácticamente sin descanso, con turnos de más de 10 horas y estar disponibles día y noche, domingos y festivos, muchas veces sin acceso a alimentación. La inestabilidad laboral de los fiscalizadores eventuales con contratos por faena, el agobio laboral de eventuales y contratados, en conjunto con la poca conciencia que demuestran todos los trabajadores ante la catástrofe ambiental, hacen que muchos acepten sobornos de entre 300 a 500 mil pesos por alterar los informes de las lanchas. “Los que no aceptamos los sobornos somos vistos como imbéciles por nuestros colegas y además, recibimos fuertes hostigamientos por parte del personal de la flota cerquera” declara un trabajador de Intertek Caleb Brett a Resumen.

Por otra parte, trabajadores de Sernapesca relataron a Resumen que “sobornos y amenazas no ocurren solamente a trabajadores de Intertek Caleb Brett sino que eran también muy frecuentes durante las fiscalizaciones a cargo de Sernapesca”. En los muelles de Talcahuano, San Vicente, Lota y Coronel, donde están las oficinas de las empresas pesqueras junto a los puntos de desembarque, se han registrado diversas agresiones a fiscalizadores de Sernapesca por parte del personal vinculado a armadores semi-industriales y a comercializadores de productos pesqueros. En Coronel, ha habido golpizas a funcionarios con piedras y botellas, empujones por la borda desde lanchas atracadas en bahía y amenazas verbales de todo tipo.

Por otra parte, trabajadores de Sernapesca señalan que “es muy difícil realizar un muestreo que se ajuste a la realidad debido a los grandes volúmenes capturados por las lanchas artesanales, y muchísimo más aún en las cantidades que se permite que capturen los barcos industriales, justamente los que fiscaliza Intertek Caleb Brett hace más de 10 años”, declaran.

Para el caso de la altamente nociva pesca de arrastre industrial que explota poblaciones de peces demersales, es decir que viven asociados al fondo oceánico, trabajadores de Intertek Caleb Brett declaran que: "realizamos los muestreos por “pallets” de cajas, pues los peces vienen dispuestos de esa forma en el barco que llega. En ese caso, recibimos instrucciones para tomar un precario muestreo en función de la carga del barco. Este método de muestreo que se realiza en medio de una gran faena industrial, de forma muy rápida y apresurada, es insuficiente para cuantificar apropiadamente las especies, e incluso, muchas de ellas pueden pasar en cajas entre los pallets, y aún cuando se pudieran determinar correctamente en tierra, poco se puede hacer con la pesca que es descartada en alta mar” declaran. Distinto es el caso de la pesca pelágica, que se almacena y transporta a granel en las bodegas del barco, ya que su destino no es mantener el pescado fresco sino la fabricación de harina de pescado en grandes cantidades para el negocio salmonero o agroindustrial.

El destino de la harina de pescado

Uno de los compradores de la harina de pescado decomisada hace algunas semanas era EWOS Chile Alimentos, la filial chilena del grupo de origen noruego EWOS, el segundo productor internacional de alimentos para la industria acuícola y que en la región, posee una planta ubicada en el parque industrial en la ruta 160 entre San Pedro de la Paz y Coronel. Esta empresa produce aproximadamente el 30 por ciento de la harina de pescado que es suministrada principalmente a la industria salmonera en Chile.

La industria salmonera ha sido denunciada en reiteradas ocasiones debido a sus impactos ambientales y sociales. El empleo excesivo de antibióticos, necesarios para la supervivencia de los salmones en los canales y fiordos del sur de Chile, produce una resistencia bacteriana en los peces que podría generar serios problemas de salud pública. Un informe de Sernapesca dio cuenta que las salmoneras chilenas usaron 450.700 kilos de antibióticos el año 2013, la cifra más alta para esta industria en todo el mundo.

Otros impactos ambientales de la industria salmonera son el uso excesivo de pesticidas, antiparasitarios, la modificación del ambiente bentónico (fondo oceánico) y la biodiversidad en torno a centros de cultivo, además de la contaminación biológica mediante la dispersión de virus como el caso del virus ISA en 2008 y recientemente, en 2015. Finalmente, la industria salmonera, junto a la agroindustria, requieren grandes cantidades de harina de pescado para funcionar. Aproximadamente 7 toneladas de peces silvestres son necesarios para producir una tonelada de salmón, reduciendo así irracionalmente los nutrientes desde las poblaciones de peces pelágicos, en un mundo cada vez más amenazado por las carencias alimentarias.

La pesca ilegal amenaza la seguridad global alimentaria.

La explotación del ambiente marino efectuada por empresas nacionales y extranjeras se realiza normalmente en un marco de malas prácticas dentro de la permisiva legalidad chilena, colapsando especies, contaminando y sobrecargando ecosistemas y pueblos que viven del mar. Pero además de esto, muchas empresas del sector pesquero suelen recurrir también a prácticas ilegales para generar aún más utilidades y continuar la sobreexplotación. Desde esferas institucionales llaman a hacer una explotación cuantificada y controlada, con la ilusión de que la legalidad entregará suficiente amparo a la conservación ecológica. En realidad, lo que hacen es registrar de forma extremadamente subestimada, la crisis en curso. Decomisos como el de septiembre de 2015 indican que el efecto sobre las poblaciones de peces podría ser mucho peor que el actualmente establecido, ya que gran parte de los datos recopilados hasta ahora estarían alterados, muy probablemente en cantidades de varios cientos de miles de toneladas por sobre lo considerado.

Los comités científicos continúan actuando en función de la explotación antes que de la conservación ecológica. Ya que la sardina y anchoveta tienen ciclos de vida más cortos que otras especies, podrían en teoría, recuperarse más rápido mediante la aplicación de vedas y restricciones. Sin embargo, apenas se reporta un leve repunte de la biomasa, la institucionalidad pesquera rápidamente eleva las cuotas. El 16 de septiembre pasado, el comité científico determinó un aumento de cuota de 122 mil toneladas de sardina y anchoveta para la macrozona entre Valparaíso y Puerto Montt, todo debido a que las prospecciones del IFOP detectaron un pequeño aumento en la biomasa de sardina.

Hasta ahora, la prioridad de la institucionalidad pesquera ha sido mantener los privilegios del empresariado, quienes prefieren dar una sensación de aumento de eficacia tecnológica en la explotación, negando que buscan agotar todos los recursos mediante su mayor beneficio inmediato, y propagando la absurda ilusión de quizás “rehacerlos” nuevamente en un futuro a mediano plazo, bajo inconsistentes soluciones técnicas, mediante irresponsables experimentos como son la modificación genética, la biología sintética y la geoingeniería.

La defaunación marina, proceso en marcha desde finales del siglo XIX, se ha vuelto progresivamente mayor después de la Segunda Guerra Mundial y ha llevado al colapso a distintas poblaciones de mamíferos, peces y aves marinas en los últimos decenios. Esta tendencia también es desalentadora en muchos otras regiones oceánicas del planeta. Desde la población despojada de las decisiones acerca del destino del territorio que habita, se debe proponer una alternativa distinta. En conjunto con los pescadores artesanales que quieran preservar su actividad, es necesario quitarle el control de las cadenas alimentarias marinas a la burguesía extractivista y al Estado, cuyos intereses en un mundo cada vez menos estable ambientalmente, parecieran querer llevar a toda la humanidad al colapso alimentario y a la modificación de un ambiente aún desconocido, pero que sabemos que de cuyos ciclos depende la estabilidad de la vida en el planeta entero. La humanidad no sabe como vivir sin el flujo de nutrientes del océano, mucho menos hoy, cuando la población aumenta fuertemente debido al modo de vida capitalista, los océanos pierden masivamente sus poblaciones de peces y son contaminados a múltiples niveles.

VEA: MALA PESCA, LA DEPREDACIÓN PESQUERA EN CHILE - DOCUMENTAL