La catástrofe sanitaria provocada en el país por el deplorable manejo de la pandemia que ha tenido el Gobierno sigue incrementándose día a día. No sólo aumentan las cifras de personas contagiadas y hacen crisis los sistemas hospitalarios, sino que aumentan las cifras de personas fallecidas a causa de la Covid-19. Del mismo modo, continúa inexorable la altanera actitud de las autoridades que no atinan a reconocer las fallas de fondo de su política ni a adoptar eficaces y oportunas medidas de prevención para tratar de evitar que esta tragedia se convierta en una despiadada mortandad, en una irreparable tragedia nacional.
La pandemia sanitaria está descontrolada. El virus se propaga intensamente y las autoridades no tienen mecanismos eficaces para hacer seguimientos, trazabilidad y confinamiento de los brotes del virus y sus variantes. La capacidad hospitalaria está al borde del colapso y los índices de ocupación de camas críticas son desalentadores, pues no solo se trata de habilitar camas sino de la disponibilidad de personal capacitado para servir esas instalaciones de urgencia. No existe suficiente personal capacitado y el que está activo se encuentra ocupado de lleno y agotado al extremo de sus posibilidades humanas. El Minsal y el Gobierno perdieron totalmente el control de la pandemia. La línea rectora consistente en “gerenciar” la crisis sanitaria en su beneficio y digitarla en función de sus intereses políticos y económicos les está estallando en la cara.
La tozudez de hacer funcionar la economía cual si nada pasara nos condujo a este desastre. La mascarada del plan “Paso a Paso” ha quedado en evidencia por el desinterés e incapacidad de aplicar medidas eficaces de prevención y de control. La necesidad de prevención y control de la pandemia es antagónica con la idea matriz de mantener la actividad económica a todo evento. Este es el zapato chino que el ministro de Salud, Enrique Paris, no ha sido capaz de resolver pues su gestión ha consistido, básicamente, en asentir y aplicar las órdenes que le impone su presidente y, en el colmo del descaro, responsabilizar a la población de las consecuencias de los errores y horrores de su gestión. Ahí radica la responsabilidad humana y política de la actual catástrofe y de la inminente tragedia.
El agravamiento de la situación sanitaria se origina en los desaciertos y desatinos de la gestión de Piñera. Una de las causas principales de la propagación masiva e incontrolable de los contagios, con todas las consecuencias que ello implica, es el constante trasiego de masa laboral en abarrotados medios de transporte público, donde es prácticamente imposible lograr las mínimas condiciones sanitarias de prevención, sumado a la ausencia de medidas preventivas adecuadas en los propios lugares de trabajo.
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A esta falla matriz se agregan los reiterados intentos de los gobernantes por forzar una ficticia normalidad que les sirva de justificación para la persistente actividad económica; el fomento de planes de vacaciones a sabiendas de las consecuencias de propagación del virus que ello acarrearía; la política de fronteras abiertas sin importar los riesgos epidémicos que llegaban al país; el exagerado exitismo en torno al plan de vacunaciones generando una anticipada idea de inmunidad; los constantes afanes de sacar provecho político de cuanta acción se realice o se proyecte, lo que ahonda entre la población la desconfianza y falta de credibilidad en los anuncios de medidas sanitarias. En suma, ha sido una gestión desastrosa lo que ha aumentado la gravedad de la crisis sanitaria.
Difícilmente la camarilla de gerentes y magnates instalados en La Moneda podrían tener una idea precisa y real de lo que significa desplazarse en el deficiente e insuficiente sistema de transporte público nacional, o lo que es vivir en un barrio popular. Como lo reconoció en algún momento de descuido Jaime Mañalich, el anterior ministro de Salud de esta administración, los residentes de la burbuja del poder desconocen en los hechos la vivencia del país real. La gestión de Piñera, demuestra que ese desconocimiento es generalizado entre los designados a tomar decisiones y aplicar políticas públicas; no solo adolecen de conocer la realidad sino que no les importa. Una muestra grosera y recurrente de esta indolencia son las actuaciones del funcionario que ocupa la cartera de ministro de Educación. A estos gobernantes la única realidad que les importa es la del mundillo de la burbuja del poder.
Ha habido demostraciones nefastas de esta política macabra. En su conjunto, las medidas de pandemia adoptadas por la administración de Piñera apuntan a proteger los intereses del gran empresariado y hacer caer el peso de la crisis en la masa laboral y en las grandes mayorías de la población. La ley de protección del empleo, no fue otra cosa que el primer salvoconducto al abuso patronal en pandemia; la ausencia de subsidios y apoyos legales para los trabajadores y trabajadoras dejados en cesantía; la ausencia de medidas tendientes a congelar los pagos de servicios básicos, arriendos y créditos; la ausencia de fijación de precios para los productos de una canasta básica de subsistencia familiar sino que, por el contrario, este Gobierno ha dado rienda suelta a la avaricia empresarial, provocando que la inflación, el costo de la canasta, productos y servicios básicos se hayan elevado de manera abusiva y descarada.
El Gobierno, con la complicidad de la clase política en su conjunto, y el vergonzoso silencio cómplice de la inexistente oposición, se negó a establecer una Renta Básica Universal que sirviera de sostén a los sectores sociales más afectados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria; la renta básica habría servido para sobrellevar las condiciones de aislamiento y confinamiento que exigía la pandemia, si se hubiese optado por contener y evitar la propagación del coronavirus. Esta dramática realidad social solo ha sido mitigada por la emergencia de innumerables ollas comunes en los barrios populares que se sostienen en la solidaridad social como herramienta para enfrentar la catástrofe. Pero, como si no bastara, este mecanismo de auto protección de la población ha sido sometido a hostigamientos y represión de cuerpos policiales y autoridades.
El abandono por parte del Estado obligó a la masa laboral y a los sectores sociales dejados en la estacada, recurrir a sus ahorros previsionales para tratar de sobrellevar la situación catastrófica en que nos sumió este Gobierno. Aún así, los gerentes que ocupan La Moneda, se han opuesto una y otra vez a que la ciudadanía afectada pueda recurrir a sus propios ahorros para solventar las necesidades más apremiantes. Se opusieron groseramente al primer y segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales y lo mismo está ocurriendo con la propuesta de un tercer retiro.
Esto demuestra no sólo la ausencia absoluta de sintonía y empatía con las necesidades de la población, sino que explica la falta de legitimidad social de los actuales gobernantes. Estos episodios del retiro de fondos previsionales grafican de modo brutal la total ausencia del Estado como Estado en la función de protección social de los habitantes del país. La carencia de un sistema estatal de protección de la población y de salvaguarda de los intereses nacionales, se debe a que este sistema de dominación instalado por la dictadura, y gerenciado con descaro y avidez de rapiña por los sucesivos gobiernos post dictadura, destruyó por completo el rol social del Estado y destruyó las instituciones y mecanismos que alguna vez nuestro país tuvo con esa finalidad. La existencia de un modelo de dominación basado en el endiosamiento del mercado y la destrucción de la capacidad productiva, económica y social del Estado es lo que mantiene las condiciones para que la población siga sufriendo las consecuencias de un sistema orientado sólo a beneficiar a los poderosos.
Los resultados de esta ecuación están a la vista. El pueblo está padeciendo la indolencia gobernante, corriendo los riesgos de contagio o contagiándose con un virus implacable, y sepultando en silencio a sus muertos en esta desgracia. El pueblo sigue pagando y cargando con la crisis y el señor Piñera y los grandes empresarios engrosan sus billeteras de manera escandalosa. En plena pandemia, tan solo en este lapso de tiempo, como lo reflejan recientes informes públicos en la materia, los grandes grupos económicos – Piñera incluido, además de Luksic-Fontbona, Paulmann, Ponce Lerou, y otros - se enriquecieron en miles de millones de dólares a costa de la tragedia de los habitantes de este país. Una vergüenza y un descaro más de esta cohorte de explotadores y abusadores.
De modo que esta es la única verdad que encierra la administración de Piñera y su gobierno de empresarios. La riqueza es de ellos, la tragedia es nuestra, de la población mayoritaria. La engordada billetera de Piñera y los suyos no lo excluye de las responsabilidades que le caben por los costos que han debido asumir los habitantes del país, ni lo exculpa de la mortandad que ha causado su nefasta gestión de pandemia. Ni lo exime de causales de juicio por oponerse a que el Estado asumiera un papel de protección social y negarse a que la masa trabajadora y empobrecida pueda contar con una Renta Básica Universal. Todo tiene su hora.
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