La educación “de mercado” se ha convertido en el mejor exponente del deterioro del modelo neoliberal. Los indignados estudiantes que salieron a las calles en 2006 para regresar recargados en las movilizaciones de 2011, finalizan este año con la mirada puesta en los tribunales de justicia, en la desvergüenza gubernamental y en la alcantarilla de la corrupción. Mientras, algunos ministros callan, otros esconden la cabeza y algunos, incluso, amenazan y los estudiantes, junto a una parte de la ciudadanía, observan casi incrédulos cómo la realidad supera a las más sórdidas y extremas sospechas sobre la obsesión por el lucro y los alcances del capitalismo del siglo XXI. La educación universitaria basada en el libre mercado no solo abraza con ciego deleite el lucro, sino que utiliza todas las técnicas y estrategias legales e ilegales para conseguirlo. Las presunciones y certezas, que ya tienen a rectores y funcionarios públicos en la cárcel, se han extendido a las mismas autoridades gubernamentales.

Este fin de año los estudiantes no han necesitado salir a la calle para remecer el sistema educacional. Carcomido por su corrupción, parece caerse a pedazos, en especial por los oscuros vínculos entre los negocios y la política. Qué otra cosa puede pensarse de la relación entre el renunciado ministro de Justicia, Teodoro Ribera, que fue rector de la Universidad Autónoma, y el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, actualmente detenido por cohecho, soborno y lavado de activos junto a los ex rectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia.

Ribera tampoco ha sido el único ministro cuestionado. Hacia la segunda semana de diciembre, la Confech envió una carta al ministro de Educación, Harald Beyer, para alertarlo sobre su falta de responsabilidad al no haber fiscalizado este desastre. En la carta los estudiantes buscan también presionar a la oposición para que impulse una acusación constitucional contra Beyer por negligencia, pero también debiera hacerse por hipocresía y mentira. Beyer, un neoliberal de tomo y lomo que viene del Centro de Estudios Públicos, organismo financiado por la oligarquía empresarial, un día niega sistemáticamente el lucro y el día siguiente defiende la educación privada. Ante la evidente corrupción, en lo que es además de una irresponsabilidad una desvergüenza, se ha limitado a decir que son casos aislados. No podía decir otra cosa: discutir con un neoliberal es como hacerlo con un fundamentalista religioso.

Dos ministros cuestionados, varios altos funcionarios ya en la cárcel y otros en la mira judicial, no deben dejar tolerar a la sociedad civil la prepotente liviandad del discurso ministerial y gubernamental. No solo Ribera debió renunciar, y aunque sumen muchos los funcionarios encarcelados y universidades multadas y cerradas, la crisis actual no se limita a la corrupción educacional. La crisis ya tiene características de sistémica, extendida en escasos dos años por numerosas otras áreas de la economía de mercado. A la catástrofe educacional hay que sumarle la energética, sanitaria y regional, en los casos de Punta Alcalde y Agrosuper, ambas en la región de Atacama. Si vamos un poco más atrás, recordaremos Aysén, la pesca artesanal, Punta Arenas, Calama, la Araucanía...

POSTURAS IRRECONCILIABLES 

El actual escenario socio-económico es una nueva expresión de la lucha de clases, un fenómeno anunciado por diversos estudiosos desde finales del siglo pasado en la medida que las presiones sobre los gobiernos desde las elites empresariales, por un lado, y la ciudadanía por el otro, se harán intolerables. Las contradicciones han alcanzado un grado máximo, que queda de manifiesto a través del choque entre los intereses de las elites corporativas y la defensa que ejercen los pobladores de sus formas de vida aun no contaminadas por el mercado. El caso de Freirina es paradigmático, pero no es único ni el más extremo. Esta misma situación es la que se repite y reproduce desde Aysén, Huasco, Ventanas a los vecinos de La Reina, en Santiago, que protestan contra los intereses inmobiliarios y financieros expresados en la ampliación de la circunvalación Américo Vespucio y la expropiación de sus viviendas.

La reacción del gobierno no sorprende. Su postura está claramente alineada con los grandes grupos financieros e industriales. Desde la ministra Evelyn Matthei al de Justicia y Hacienda, pasando por el de Educación, repiten en diversos tonos la misma consigna que el país ha venido escuchando desde hace ya más de veinte años: el sector privado es el motor de la economía, el que genera empleo y riqueza. Cuando la ministra del Trabajo apoyó abiertamente la continuidad de la operación de la planta de cerdos Agrosuper en Freirina, levantando el argumento de los puestos de trabajo, hizo el mismo discurso empresarial que sus pares ministros de éste y anteriores gobiernos. Porque no podemos olvidar cuando otro ministro del Trabajo, el socialista Ricardo Solari, fue a engullirse una Big Mac para “defender”, dijo, a los trabajadores de MacDonald’s, o hace unas semanas el acuerdo que suscribieron los senadores democratacristianos con empresarios pesqueros para aprobar la Ley Longueira. Hoy, diez años más tarde, el lobby empresarial es tan evidente como entonces.

Los empresarios no necesitan hacer barricadas, organizar marchas ni tirar piedras contra las fuerzas especiales. La presión ellos la realizan a través de El Mercurio , en los salones de Casapiedra y en la misma Moneda. Un comunicado redactado por la Sofofa durante la crisis de Agrosuper en Freirina confirma esta estrategia inicial: “La institución muestra su preocupación por el alto nivel de dificultad que, por diversas razones, están enfrentando proyectos relevantes con un alto impacto para el desarrollo del país, dada su contribución al crecimiento de la economía, a los niveles de empleo y a la competitividad de las empresas”.

Lo que sucede con la generación de energía es una buena muestra de estas presiones. Tras la impugnación de las centrales Castilla e Hidroaysén por los tribunales de justicia, que accedieron a las demandas de la sociedad civil, el empresariado puso en marcha el clásico guión: editoriales y reportajes alarmistas en los diarios del duopolio, campañas publicitarias del terror en la televisión, más una oscura presión sobre los gobernantes. La aprobación entre gallos y medianoche de la central Punta Alcalde, en Huasco, por un ordenado consejo de ministros, es la mejor expresión de cómo mueven los hilos los poderes fácticos.

En estas dos décadas el modelo neoliberal se ha consolidado pero también deteriorado. Hoy se ha estrellado de frente con sus propias contradicciones y con la sociedad civil. No solo con una ciudadanía que protesta de manera espontánea y circunstancial, sino cada vez en mayor grado con una sociedad consciente y en creciente organización, como queda claro en el caso de los estudiantes o de los grupos medioambientales. En primer lugar están las contradicciones internas del modelo capitalista neoliberal, que tras conseguir la total desregulación aplana a la competencia más débil, rebaja salarios, externaliza, precariza el trabajo y destruye el medioambiente, entre otros efectos. En segundo término, aun cuando no último, está la conciencia social ante este fenómeno, su organización y amplio rechazo.

Estas contradicciones, que en Chile se han manifestado con fuerza hace muy pocos años, tenderán a crecer. Porque a diferencia con otras épocas en el desarrollo del capitalismo, entre las que podemos citar el desarrollismo o keynesianismo durante el siglo XX, esta vez el capitalismo no tiene nada que entregar ni a trabajadores ni consumidores. Esta vez no hay una participación conjunta, por desequilibrada que hubiera sido, en los “beneficios del progreso”. Esta vez, y las personas lo comprueban diariamente, la repartición de estos beneficios está totalmente desbalanceada. En dos décadas, Chile ha expandido varias veces su producto (que llegará este año a unos 270 mil millones de dólares) pero también ha pasado a ser uno de los países más desiguales del mundo. Mientras Agrosuper exporta casi toda su producción, deja en Freirina el hedor del excremento de un millón de cerdos. Ahí está la esencia del espíritu del libre mercado.

EL VIEJO CUENTO DEL DESARROLLO Y CONSUMO MASIVO

El gobierno y la clase empresarial se jactan de las bajas tasas de desempleo y los altos niveles de consumo, que tiene, entre algunos de sus efectos, al alza el valor de las viviendas. Se trata de un proceso similar al que han seguido algunas economías desarrolladas, las que hoy están en el centro del huracán financiero, entre las que los casos más conocidos son Estados Unidos y España. Ambas crisis financieras derivaron de una expansión desatada del consumo y de los precios del sector inmobiliario. Cuando hace poco visitó Chile la directora del FMI, la francesa Christine Lagarde, junto con elogiar el modelo chileno tan afín al canon FMI, dejó deslizar algunas advertencias, las que desde hace ya varios meses incomodan a economistas independientes de todo espectro. Chile, tal como esas naciones que han enfrentado el desastre financiero del consumismo a destajo, también alimenta su economía con créditos. A diferencia de las décadas anteriores, cuando el motor de la economía estaba en las exportaciones, hoy está empujada por el consumo interno. ¿De dónde viene ese dinero? La respuesta parece ser que del aire, de los préstamos del sector financiero.

El gobierno, que enfrenta una crisis social y política de crecientes proporciones, se ha aferrado a la economía como si fuera un salvavidas. Tras la exhibición de los datos de crecimiento del producto, que este año aumentará un 5,5 por ciento, de una mínima tasa de desempleo y de expansión del consumo por sobre el producto, ha puesto nuevamente a la economía, tal como lo hicieron los gobiernos de la Concertación, como destino social. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha comenzado a jugar un papel que linda con la sordera, al prometer, en medio de las múltiples protestas, que Chile será un país desarrollado antes del final de esta década. ¿A quién le interesa el crecimiento económico si una autopista destruirá su casa, si un mall lleva a la quiebra al comercio de barrio, si una termoeléctrica contaminará el aire de su comuna? Este es el costo que paga la sociedad para que un grupo de oligarcas sea cada día más rico.

Las promesas del desarrollo neoliberal, que calaron hondo hace diez o veinte años en una sociedad despolitizada y hechizada por la globalización y el consumo de masas, hoy ya no tiene asidero. Los chilenos, pese a la retórica seudo científica de los economistas de mercado, han perdido gran parte de su candidez en los supuestos beneficios del libre mercado. Los altos niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza son hoy evidentes. Según los indicadores económicos, Chile tiene un ingreso per cápita de unos 18 mil dólares (ocho millones 460 mil pesos) anuales. ¿Quién se ha quedado con los millones que corresponderían a un niño mapuche o de La Pintana?

La misión de Felipe Larraín en la cartera de Hacienda es mantener el statu quo de la economía de mercado, anunciar el inminente ingreso al edén del mundo desarrollado y minimizar cualquier obstáculo, por grande que sea. Es así como a inicios de diciembre, durante la cuenta pública de Hacienda, dijo, una vez más, que la economía chilena está blindada ante el escenario externo, que todos los indicadores están por encima de lo previsto y rechazó de manera tajante la idea de una burbuja inmobiliaria. Se trata, dijo, de “incrementos de precios en algunas comunas y lugares que están bastante delimitados y eso, por supuesto que se tiene que mirar con atención, pero una burbuja inmobiliaria es otra cosa”.

Lo dice el gobierno, pero no una institución más confiable en materia económica como es el Banco Central. En una entrevista a El Mercurio , el presidente de esta entidad, Rodrigo Vergara, dijo que le preocupa que “desde hace un tiempo vemos un dinamismo de precios bastante superior a los patrones históricos en ciertas comunas, el que se ha ido generalizando en el tiempo”. En la misma entrevista, agregó que nosotros “advertimos sobre el riesgo de esta dinámica de precios que pueda eventualmente transformarse en precios por arriba de los fundamentales, y que ante un cambio en las condiciones en el día de mañana pueda producir una fuerte volatilidad de precios”.

El riesgo es el mismo que llevó a la catástrofe española. Vergara lo dice. El verdadero peligro “es que esta alza en los precios esté acompañada de un endeudamiento importante y, por lo tanto, que se produzca un shock de caída de precios que ponga en riesgo la estabilidad financiera”. Cuando se pincha la burbuja se detona la peor pesadilla capitalista. Caen los precios, el mercado pierde presión, hay quiebras, desempleo, cae el consumo y hay dificultad de pagar los créditos. Los bienes adquiridos valen ahora mucho menos que la deuda hipotecaria.

Nadie habla de burbuja hasta que esta se pincha. Todos, desde las constructoras, las inmobiliarias, los bancos hasta el gobierno están interesados y comprometidos con el mantenimientos de esa burbuja, cuyo crecimiento es incesante. Hoy, los altos niveles de consumo y los flujos de dinero que permiten mantener la inversión y la alta demanda por empleo generan otro fenómeno, que es el calentamiento de la economía. La burbuja inmobiliaria tiene como consecuencia una economía que parece estar en sus límites, con riesgos altos en la inflación de los precios y en un déficit cada vez mayor en la cuenta corriente, que son los flujos de capital que entran y salen.

El capitalismo necesita mantener este proceso para generar ganancias. Un ritmo que hace circular el capital entre los trabajadores y consumidores para, finalmente, llegar amplificado donde corresponde, que son las grandes corporaciones. Esta tendencia, que busca mantener una alta tasa de ganancia, no considera ni su moderación ni su freno. Su final es una escandalosa explosión.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 773, 21 de diciembre, 2012