Con la aprobación en ambas cámaras del Congreso, Chile ratificó su adhesión al Acuerdo de Escazú, transformándose en el décimo tercer país en formar parte del principal acuerdo de protección medioambiental de América Latina y el Caribe, que entre otras cosas, ofrece protección jurídica a defensores del medio ambiente, víctimas de persecución en el continente.
Por Alejandro Baeza
Por 31 votos a favor y uno en contra, la Sala del Senado aprobó la tarde de ayer martes la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, sellando así el último trámite legislativo para ratificar la entrada en vigencia del tratado.
Cabe destacar que el envío de este tratado al Congreso fue una de las primeras medidas del presidente Boric al asumir su cargo, apenas siete días después de llegar a La Moneda.
Tras haber sido aprobado tanto por la Cámara de Diputadas y Diputados como por el Senado, ahora sólo hace falta que sea firmado por el presidente para que entre en vigencia.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
Fue el 4 de marzo de 2018, cuando en Costa Rica se estableció el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido popularmente como el Acuerdo de Escazú, el que más de 20 países acordaron respetar, pero hasta ahora sólo cuenta con 12 ratificaciones: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
El acuerdo de características vinculantes establece en su artículo 9, entre otras cosas, que «Denota la garantía de las Partes de propiciar un entorno seguro a personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad». Además, establece la participación de las comunidades en proyectos que se desarrollen en sus territorios así como el acceso a información a la población en lo que define como «democracia ambiental».
Paradójicamente, el primer gobierno de Piñera fue uno de los principales impulsores de la iniciativa, pero en su segundo mandato estimó que no era conveniente para los intereses nacionales, ya que supuestamente generaría "incertidumbre jurídica.
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