{resumen.cl] Los anuncios y declaraciones efectuados el día de hoy por el presidente Piñera son una muestra elocuente y evidente de que el gobernante y su gobierno no tienen ninguna disposición de buscar soluciones a las demandas y reclamos de la población chilena expresada en las calles desde el 18 de octubre pasado.
No sólo no ofrece soluciones sino que su única respuesta ha sido desatar represión a destajo, adornada con el burlesco paquete de medidas con que pretendió engañar al país hace 15 días. Hoy ofrece incrementar la represión, otorgarle mayor marco legal y más recursos técnicos a los órganos y aparatos represivos. El conjunto de medidas con que amenaza Piñera son una regresión a tiempos de dictadura pero aún sin militares en la calle o en La Moneda, aunque ésa es la amenaza implícita que lleva la declaración.
Y no sólo la de hoy, en rigor, las últimas apariciones y declaraciones públicas del presidente Piñera demuestran que este señor es el presidente de los poderosos y no de Chile, representa los intereses del 1% que concentra la riqueza y su realidad se reduce a esa burbuja. Para el resto del verdadero país, el gobierno sólo ha tenido como actitud la represión brutal, desmedida y descontrolada de sus fuerzas del orden.
Los aparatos destinados a proteger a todos los chilenos, bajo las órdenes y decisiones de este gobierno y tan sólo en esta movilización social, han causado sobre 25 muertes entre la población, han causado cientos de heridos por acción directa de las huestes represivas y sus armas semi letales (o de baja intensidad, como eufemísticamente se las llama), han significado pérdidas de órganos visuales y lesiones con balines y perdigones de diversa consideración. Los detenidos por las fuerzas del orden suman miles.
Si bien, producto de la presión de las movilizaciones sociales, el pasado 28 de octubre el gobierno retiró a los militares de las calles, eso no significó que Piñera abandonara su lógica de guerra para enfrentar la crisis. Si bien en esa misma fecha hizo un cambio de gabinete que significó la salida de algunos de los personeros más recalcitrantes de la derecha nostálgica de dictadura, eso no significó que Piñera dejara de lado su propia vocación dictatorial y represiva. Continúa con su orquestado afán de criminalizar las movilizaciones sociales, a pesar de que sean pacíficamente masivas, siempre terminan desatando la represión sin que medie razones o provocaciones, tal vez con el fin de generar una respuesta social y así mostrar cuadros de violencia en las calles.
Prueba de ello es que tanto Piñera como el resto de sus ministros que han salido a hacer declaraciones públicas se aferran a la mentirosa oferta inicial, sostienen que no hay recursos ni posibilidades de solucionar nada más, que no se puede cambiar la constitución, que no es necesario llamar a asamblea constituyente, que hay que restablecer el orden público, la paz social, la normalidad, y todas aquellas trabas necesarias para seguir manteniendo maniatado al país bajo el arbitrio de los poderosos. La respuesta gobernante sólo ha sido represiva y no contento con eso todo lo quieren convertir en delito. ¿A esto los gobernantes, la derecha pinochetista y una gran parte de la clase política, le llama democracia?
Sin embargo, sí hay plata, sí se pueden sacar recursos para reprimir a la misma población que dicen proteger: sí hay recursos para financiar una ley antisaqueos, sí hay para financiar una ley antiencapuchados, sí hay para financiar una ley antibarricadas, sí hay para financiar un equipo especial de abogados para querellarse contra los movilizados, sí hay para financiar la creación de un equipo especial de Fiscalía, de Carabineros y de la PDI destinado a realizar trabajos de inteligencia (no sobre los alienígenas sino sobre la población chilena); sí hay recursos para financiar el aumento de la vigilancia aérea de Carabineros y de la PDI (para vigilar a su propio pueblo, al cual parecen tenerle pavor); sí hay para financiar la creación de un portal web destinado a fomentar el "sapeo" y restablecer el principio de la desconfianza entre los chilenos que tan buenos réditos les dio en la época de la dictadura militar-empresarial; sí hay para financiar un estatuto de protección para Carabineros, PDI y Gendarmería en circunstancias que de los únicos que debieran protegerse estas instituciones es de los señores de Palacio; sí hay para financiar la modernización del llamado Sistema Nacional de Inteligencia destinado a vigilar y controlar a la población chilena; sí hay dinero y recursos para financiar proyectos de modernización de Carabineros y PDI, haciendo alusión a una supuesta defensa de los “derechos humanos” de los integrantes de estas instituciones.
La sucia discursiva del gobernante pretende una vez más – cuando no- engañar y mentir. Siempre, por definición del concepto de Derechos Humanos hecho por las Naciones Unidas, es el Estado, las instituciones del Estado y los funcionarios del Estado los que violan, transgreden o ignoran los Derechos Humanos de las personas. Siempre. Los funcionarios de las instituciones represivas y de las fuerzas armadas son los que violan los Derechos Humanos en Chile; será que lo hacen siguiendo indicaciones u órdenes de las autoridades de Gobierno pero ellos son los que violan estos derechos fundamentales. De modo que si el señor Piñera y su gobierno quiere preocuparse y defender los Derechos Humanos de los funcionarios de sus aparatos represivos pues no los mande a reprimir, no los use para avasallar a la población, no los use para seguir protegiendo sus mezquinos intereses y los mezquinos intereses de los poderosos empresarios dueños de este paísito suyo del 1%.
Para coronar el decorado de amenazas que lanzó hoy el presidente Piñera anunció que convocaba a reunirse al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Éste ente es uno de los diques de contención que tiene establecida esta constitución dictatorial ilegítima que nos rige. La existencia de este dique, así como el llamado Tribunal Constitucional, son sólo dos ejemplos de las ataduras que le impone al país y sus ciudadanos la existencia de este orden constitucional impuesto en base, precisamente, a la violación sistemática de los Derechos Humanos por la dictadura. La conformación del Cosena es enteramente definida con criterios de guerra interna y fines represivos. Su citación supone que el mandatario – en su afiebrada lógica de guerra- quiere volver a imponer el estado de emergencia o directamente el estado de sitio; es decir, es una seria amenaza de dictadura más descarada.
En estas instancias claves de las crisis sociales y políticas es donde hace falta la participación organizada de la población en todos los territorios para contener estos afanes represivos y dictatoriales de Palacio y de los poderosos. Pero también es necesaria la intervención decidida y categórica de los miembros de la clase política que no quieran ser cómplices de tamañas arbitrariedades para detener estos afanes con la firmeza necesaria en todos sus espacios de intervención. Tienen que impedir, desde ahora, que estos afanes de cercar al país y maniatar a sus habitantes no se conviertan en leyes bastardas. Ya fueron cómplices por 30 años con este modelo, es hora que despierten y traten de cumplir su rol de velar por el bien común. Pero la misma exigencia debemos hacerle a los Tribunales de Justicia, particularmente a la Corte Suprema y su presidente porque en estas situaciones no pueden escudarse en una pretendida neutralidad; también deben hacerse cargo que son instituciones del país y no de un pequeño sector.
El estado represivo instalado por Piñera sigue incrementándose, pero sigue incrementándose también la movilización y organización social y territorial de un pueblo que ha iniciado un proceso constituyente que parece no tener vuelta atrás y que se niega a abondar el espacio más político de todos, la calle, hasta conseguir lo que reclama a una clase política que parece tener los oídos tapados de dinero.
