Cierre de tratativas para actualizar el Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE: Organizaciones sociales y eurodiputados/as acusan neocolonialismo

En Nacional
Este viernes se cerraron las tratativas en torno a la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, las cuales habían comenzado el 2017, ante el interés de esta última. Este tratado, en vigor desde 2003, básicamente establece condiciones comerciales que facilitan la exportación de materias primas nacionales y el ingreso de empresas europeas a la economía local, valiéndose del bajísmo costo de operación que posibilita una normativa e institucionalidad ambiental y laboral permisiva y funcional a sus intereses. De acuerdo a la cancillería, se espera que la firma del acuerdo sea en noviembre del 2023 para luego ser votado por los parlamentos de los Estados miembros de la UE y por el Congreso Nacional de Chile. Anoceto Hevia Quienes han alertado respecto a cómo se han llevado a cabo estos cabildeos, enfatizan en su secretismo en tanto no se han transparentado las actas de cada reunión y, hasta ahora, no se conocen de primera fuente las condiciones de esta actualización del texto. En una declaración, suscrita por 91 organizaciones nacionales, otras tantas internacionales, además de diputadas/os locales y eurodiputadas/os, se indica: «En el caso chileno, la información sobre el Acuerdo sólo proviene de la prensa vinculada a los grandes grupos de interés y en el caso europeo, la información se ha demostrado insuficiente. Sólo accederemos al acuerdo completo tras su firma». Por su parte, la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, señaló: «Esto nos abre amplias perspectivas de trabajo futuro con la Unión Europea y sus Estados miembros, a través de acciones que se enmarcan en concordancia, además, con dos ejes fundamentales de nuestra política exterior, lo que hemos denominado la Política Exterior Turquesa en relación con el cambio climático, la biodiversidad, y la Política Exterior Feminista, dos ejes fundamentales de nuestra política exterior». Llama la atención que la canciller plantee que estas sean las supuestas virtudes del acuerdo, como si los derechos ambientales y sociales fueran garantías que se profundizarán por un tratado de interés comercial y no en normas adecuadas y con una aplicación eficaz a las que este se debería ceñir. A partir de la información disponible, quienes suscribieron la carta alertando de las posibles repercusiones de la actualización del Acuerdo de Chile y la Unión Europea, afirman «las disposiciones ambientales, laborales y de género no son vinculantes, ni lo es el anexo referido a Derechos Humanos». O sea, las supuestas condiciones asociadas a la llamada Política Exterior Turquesa no serían obligatorias. Las organizaciones también aseveraron que en «el capítulo sobre prácticas regulatorias otorga a los inversores la posibilidad de interferir en la elaboración de las políticas públicas, ya que obliga a las autoridades reguladoras a que las partes interesadas participen en las decisiones sobre medidas que puedan interferir en su negocio. Si estas medidas no son del gusto de las empresas, podrían dar lugar a disputas arbitrales entre inversores y Estados, según el capítulo de protección de las inversiones del acuerdo. Pero las contrapartes de la UE no tienen posibilidad alguna de incidir en las políticas públicas de la UE». Respecto a esta situación, se añade que «hay una vulneración de la soberanía», pues «aplica las mismas cláusulas conocidas en el sistema de ISDS [...] normas que ya aplican para los 18 acuerdos bilaterales de inversión Chile/UE pero ahora se amplían a otros 9 estados miembros». Esto implica el establecimiento de «un sistema de Tribunales de Inversión compuestos por árbitros que no son jueces sino abogados, bajo las mismas reglas mencionadas, ajenas a las leyes nacionales. Sólo los inversores pueden demandar, no así los Estados parte, ni las comunidades afectadas por quedar sin agua o por la extinción de especies». Respecto a las licitaciones públicas, «es más probable que sean las grandes empresas de la UE las que entren en el mercado de contratación pública chilena, y no que ocurra lo contrario». En el texto también se informa que «el capítulo sobre Energía incorpora cláusulas que preocupan en el caso de Chile, ya que garantizan el acceso europeo a materias primas energéticas como el litio, al cobre, y a combustibles renovables como el llamado hidrógeno verde, estableciendo mecanismos que recortan la capacidad del Estado de decidir cómo regular sus bienes comunes naturales. El acuerdo vela por los intereses de la UE y su objetivo de transición energética y electromovilidad que requiere importar ciertos materiales estratégicos, pero ignora los intereses (y costos) de las contrapartes. Según el acuerdo, los principios que deben aplicar las contrapartes son los de transparencia y no-discriminación, así como las reglas del mercado internacional y de precio internacional para vender a la UE. Si Chile establece impuestos altos, o subvenciones, o fija sus propios precios, y adopta normas restrictivas para las inversiones extranjeras, estas medidas serían consideradas como un obstáculo o barrera técnica  al comercio». Finalmente, las organizaciones y representantes que suscribieron la declaración, calificaron a este acuerdo como neocolonial, a través del cual se fortalece el rol primario exportador de Chile, además de entregar mayores herramientas a empresas europeas para incidir y en las decisiones políticas nacionales. Cabe señalar que las tratativas de este acuerdo habían recibido múltiples cuestionamientos mientras ocurrían en el anterior gobierno, en el contexto del Estallido Social, teniendo un momento de pausa. No obstante, así como ocurrió con el TPP11, en este gobierno, se retomaron y agilizaron acabando en la adscripción a este último y este hecho informado. [caption id="attachment_133520" align="aligncenter" width="800"] Organización Chile Mejor sin TLC. 2017.[/caption] DECLARACIÓN ÍNTEGRA ¿Feliz Navidad para Quién? [8 de diciembre de 2022] Declaración conjunta de Chile sin TLC, diputados, y organizaciones sociales de Chile y la Unión Europea    Ante la inminente firma por los gobiernos de Chile y la UE, de la “modernización” del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea, sostenemos lo siguiente (desde Chile). Tras prolongadas negociaciones secretas, los parlamentos deberán una vez más, aprobar o rechazar un acuerdo respecto del cual pueblos y congresos hemos estado desinformados.    En el caso chileno, la información sobre el Acuerdo sólo proviene de la prensa vinculada a los grandes grupos de interés y en el caso europeo, la información se ha demostrado insuficiente. Sólo accederemos al acuerdo completo tras su firma. 1.- Nuestras aprensiones surgen en medio de la crisis ecológica y energética global, ante un acuerdo con disposiciones climáticas débiles que sólo garantiza el aumento de las emisiones de gases de carbono, a espaldas de compromisos del Acuerdo de París y alertas de la COP 27. 2.- El  acuerdo fomentará la exportación de bienes industriales y procesados de la UE a Chile. En Chile el aumento de exportaciones en los sectores agrícola y minero perpetuará los actuales  patrones de desequilibrio comercial y dependencia. Se profundizará la crisis del agua y otros problemas de calidad de vida en los territorios en sacrificio, con más deterioro de los ecosistemas y  la salud de las personas. El principio precautorio citado en el tratado, no aplica respecto de las normas sobre plaguicidas, manteniendo  los dañinos impactos de los agrotóxicos importados en la salud de las mujeres y sectores vulnerables. Las disposiciones ambientales, laborales y de género no son vinculantes, ni lo es el anexo referido a Derechos Humanos, puesto que el grueso de la negociación fue desarrollado en 2019/20 por el gobierno de Sebastián Piñera, responsable de violaciones sistemáticas de los DDHH en los años de la revuelta popular. 3.- El capítulo sobre prácticas regulatorias otorga  a los inversores la posibilidad de interferir en la elaboración de las políticas públicas, ya que obliga a las autoridades reguladoras a que las partes interesadas participen en las decisiones sobre medidas que puedan interferir en su negocio. Si estas medidas no son del gusto de las empresas, podrían dar lugar a disputas arbitrales entre inversores y Estados, según el capítulo de protección de las inversiones del acuerdo. Pero las contrapartes de la UE no tienen posibilidad alguna de incidir en las políticas públicas de la UE. 4.- En el tema de las licitaciones públicas (compras públicas), es más probable que sean las grandes empresas de la UE las que entren en el mercado de contratación pública chilena, y no que ocurra  lo contrario. La competencia desleal entre las pequeñas empresas o PYMES,  y las empresas internacionales, tiende a expulsar del mercado al competidor local. La medida apunta a ampliar la lista de sectores de negocios abiertos a inversores extranjeros (actualmente la empresa estatal chilena CODELCO, entre otras, no está incluida). 5.- En el tema del comercio electrónico, se agrega la cláusula de libre movilidad de datos, es decir las partes están impedidas de adoptar normativas respecto al almacenamiento, procesamiento o acceso a los datos de una empresa.   Ello puede generar problemas para los países, en términos de soberanía, diseño de políticas públicas y seguridad, entre otros.  Ningún país puede pedir a otro  acceso al código fuente y algoritmo asociado de una empresa, lo cual es contrario a la normativa europea en temas de inteligencia artificial. Esto es clave y es político, porque los algoritmos interactúan con personas o deciden sobre los derechos de los ciudadanos. Se necesita poder auditar los algoritmos para proteger contra la discriminación y noticias falsas, entre otros. 6.- Respecto de la Inversión y protección de la inversión, hay una vulneración de la soberanía ya que el capítulo aplica las mismas  cláusulas conocidas en el sistema de ISDS, entre otras las de trato justo y equitativo y expropiación indirecta, normas que ya aplican para los 18 acuerdos bilaterales de inversión Chile/UE pero ahora se amplían a otros 9 estados miembros. Se establece un sistema de Tribunales de Inversión compuestos por árbitros que no son jueces sino abogados, bajo las mismas reglas mencionadas, ajenas a las leyes nacionales. Sólo los inversores pueden demandar, no así los Estados parte, ni las comunidades afectadas por quedar sin agua o por la extinción de especies. 7.- Finalmente, el capítulo sobre Energía  incorpora cláusulas que preocupan en el caso de Chile, ya que garantizan el acceso europeo a materias primas energéticas como el litio, al cobre, y a combustibles renovables como el llamado hidrógeno verde, estableciendo mecanismos que recortan la capacidad del Estado de decidir cómo regular sus bienes comunes naturales. El acuerdo vela por los intereses de la UE y su objetivo de transición energética y electromovilidad que requiere importar ciertos materiales estratégicos, pero ignora los intereses (y costos) de las contrapartes. Según el acuerdo, los principios que deben aplicar las contrapartes son los de transparencia y no-discriminación, así como las reglas del mercado internacional y de precio internacional para vender a la UE. Si Chile establece impuestos altos, o subvenciones, o fija sus propios precios, y adopta normas restrictivas para las inversiones extranjeras, estas medidas serían consideradas como un obstáculo o barrera técnica  al comercio. De esta manera, la UE se garantiza que Chile le venda el litio al mismo precio que a  un empresario nacional o a un país vecino, sin royalty ni restricción alguna a su acceso.  Ello se extiende a la infraestructura de energía para el transporte de electricidad de la otra Parte, es decir, habrá carreteras y sistemas interconectados sin impuestos especiales ni compensaciones. Neocolonialismo europeo Este tratado constituye una expresión de neocolonialismo, pues no considera los altos impactos de esta estrategia en Chile. Por cada kilo de hidrógeno se usan 10 litros de agua dulce desmineralizados y energía a gran escala, proveniente de la reconversión de territorios agrícolas en sitios para proyectos fotovoltaicos o éólicos, en zonas ya fragilizadas por el extractivismo imperante en las últimas décadas. Todo ello orientado hacia la exportación. Desde los territorios y ecosistemas donde se encuentra el litio y otros minerales, y también por las comunidades, son ya visibles los impactos de la explotación intensiva de los salares y entorno. Este acuerdo, funcional a la electromovilidad de la UE y a los negocios de sus corporaciones transnacionales, contribuirá a que en la UE se perpetúe el uso del automóvil en vez de, por ejemplo, priorizar el transporte público. Se trata de una transición del sistema energético europeo que externaliza los costos ambientales, sociales y climáticos a los países periféricos, en este caso Chile. Llamamos entonces a rechazar la llamada Modernización del Tratado de la Unión Europea con Chile. Necesitamos avanzar hacia una transición que saque el mercado y la mercantilización del centro de la política sobre cambio climático, priorizando por la vida, la producción sustentable y la justicia ambiental y climática. ¡La vida vale más que los negocios! ¡Los pueblos de Chile y las naciones de la UE requieren justicia ambiental! ¡Rechazar este TLC es asegurar nuestro futuro común! Organizaciones en Chile Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio Comunidad Ecuménica Martin Luther King Comite ddhh.y ecologicos de Quilpué Salvemos Olmue Comité Oscar Romero - Sicsal Chile Junta de Vecinos Los Dominicos San Felipe Werken Rojo. Director Somos Cerro Blanco Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA Quinta interior Colectiva por la Defensa de la Semilla Organización de Pajareteros Guasco Alto EcoWiluz, AgroEcologia y Soberanía Alimentaria Catemu en Movimiento Antimafia dos mil Fundación Nueva Educación y Sociedad, FNES Movimiento por el Agua y los Territorios MAT Chile Sin Ecocidio Red de Acción por los Derechos Ambientales RAP - Red Autoabastecimiento Peñalolén Agrupación Cultural Antonio Llidó Mengual Etica en los Bosques Coordinadora Autonoma contra la violencia machista Coordinadora de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales Comisión de DDHH Col de Enfermeras Escuela Permanente PRAIS Comunidad Diaguita Campillay Guacalagasta Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares Comunidad Nacional de Software Libre y Cultura Libre ASOCIACIÓN MUTUAL DE EX PP MIR Y LA RESISTENCIA POPULAR. 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