Uno de los hechos más gravitantes de este último mes en la Provincia de Concepción fue el cierre de cuatro establecimientos escolares de administración municipal. En el Concejo Municipal realizado el jueves 10 de noviembre se aprobó el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) que incluía estos cierres.
Las escuelas cerradas fueron Luis David Cruz Ocampo, República Argentina, Ángel Gustavo Rojas y el Liceo Juan Martínez de Rozas. Los estudiantes que no puedan ser matriculados en estos establecimientos se distribuirán en otros que sigan funcionando. En el mismo Concejo se determinó la venta del antiguo Liceo Balmaceda, donde una gran cantidad de adultos terminó su escolaridad.
Los argumentos que esgrimieron los consejales y el alcalde Patricio Kuhn giraron en torno al déficit que afecta crónicamente al municipio y en especial al Departamento de Educación Municipal (DAEM) de Concepción que lleva un hoyo financiero que supera los tres mil millones de pesos. Para ellos, era una pérdida de dinero mantener establecimientos que, eran considerados de baja matrícula, pues su costo de mantención era mucho mayor que lo recibido por parte del Estado a través de subvenciones. (Cuadro 1)
El Concejo Municipal que definió este cierre fue presenciado o intentado presenciar por una gran cantidad de estudiantes, profesores y apoderados, que coincidieron en que ello era la trágica muestra del fracaso de la municipalización de la educación primaria y secundaria, pero también era una muestra de la falsa democracia, donde el concepto de “comunidad escolar” solo es un eufemismo para referirse a quienes deben asumir las imposiciones que les vengan.
Estudiantes y profesores se manifestaron en contra de los cierres, pues esto implicará un perjuicio de una u otra manera. Según el PADEM, los trabajadores que estaban contratados a plazo fijo no serán recontratados, a menos que sea necesario y en el caso de los que estaban contratados indefinidamente, serán relocalizados en otro establecimiento de la comuna. Por otra parte, el Plan anuncia una nueva reducción de horas contratadas a los profesores en general, dejando solo las que se usan para realizar clases. Esto no tiene ninguna coherencia con las propias observaciones del DAEM penquista, en que reconoce la “falta de tiempo de los docentes para planificar y diseñar evaluaciones articuladas con el curriculum”.
Desde el punto de vista de los estudiantes, sobre todo de educación básica, expresaban que no querían ser obligados a una diáspora, donde irán a aumentar cursos que, muchas veces, ya están sobrecargados de estudiantes con distintas disposiciones hacia el aprendizaje. El DAEM ha optado por amontonar lo que antes estaba más disperso, dejando el enfoque equitativo de su misión institucional en el lugar de donde nunca ha salido; el papel. Por equidad, el DAEM entiende que “es deber de nuestro servicio facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades de cada alumno...”
La venta del ex Liceo Balmaceda, ubicado en calle Heras con Salas que ocupa aproximadamente más de un tercio de la manzana, también ha constituido una polémica, no sólo por la pérdida de patrimonio público que significa, sino que por las condiciones en que se anunció su venta. En el Concejo Municipal, el concejal Álvaro Ortiz (DC) declaró que, por lo menos se venderá al precio correspondiente al avalúo fiscal, que es de 1.200 millones de pesos y que su conformidad estaba en el que el total de la venta fuera destinado a cubrir el déficit del DAEM.
Lo que llama la atención de Ortiz, hijo del vetusto José Miguel, acusado de violencia intrafamiliar y conducción bajo estado de ebriedad en la comuna de San Pedro, es que da a entender estar dispuesto a vender el recinto al precio del avalúo fiscal, que para nadie es un misterio que es muy inferior al valor comercial de cualquier propiedad, por lo que para su comprador será un negocio de esos que sólo les ofrecen las instituciones públicas y sus administradores. En este contexto, el Concejo, exceptuando a tres concejales que con distintos argumentos se opusieron, aprobó la venta.
Mala, pero provechosa gestión
Cómo hemos afirmado, el déficit del DAEM de Concepción supera los tres mil millones de pesos. Efectos de ello son el no pago de cotizaciones previsionales a quienes laboran o incluso, como fue denunciado, el no pago de préstamos que se descontaban por planilla del sueldo de profesores, durante varios meses. O sea, se hacía el descuento y no se pagaba.
En medio de todas insolvencias y carencias, que a veces llegaban a límites aberrantes como no tener insumos para multicopiar textos de estudio para estudiantes o no tener un plumón para un profesor, hubo (o hay) gente que ha sacado jugosas ganancias adjuntadas a su sueldo. Eso, al menos, han registrado informes de Contraloría que a mediados de este año provocaron remezones en las cúpulas institucionales que pareciera se construyen con técnicas exclusivas, pues no caen ni ante las evidencias más elocuentes.
En el Informe Final IE.12.11, sobre horas extraordinarias en la Municipalidad de Concepción, la Contraloría registra situaciones que solo podrían ser interpretadas como un escupo a la decencia ciudadana. En el documento del 16 de junio de 2011, se informa sobre el pago de horas extraordinarias a funcionarios municipales entre enero de 2009 y diciembre de 2010. Los funcionarios investigados representan sólo un 6% de lo pagado en horas extraordinarias en el plazo investigado, por lo tanto puede leerse como una muestra.
Aquí se consigna el hecho que el registro de asistencia, almacenado en un programa informático sencillamente se perdió, pues el computador se había formateado sin respaldar tales datos. Al respecto, Contraloría afirma que la Municipalidad no había emprendido ninguna investigación para esclarecer responsabilidades, argumentando que no tenía información de tal hecho hasta antes de ser notificados por la Contraloría. Luego, la autoridad municipal acusó a la jefa del departamento de personal, Dayanne Salazar, como quien había impartido tal orden, de quien se dijo había abandonado su cargo, aunque permanecía en uso de licencia médica.
Sin embargo, hay otros que no han sido siquiera cuestionados por el alcalde Kuhn, porque sencillamente están en otro status. El ex Director del DAEM, y actual Seremi de Educación, Benjamín Maureira, ni siquiera tenía un registro de su asistencia, horas de ingreso y salida. Sin embargo, cobró más de 20 millones de pesos por horas extras que no están respaldadas en ninguna parte. (En el cuadro 2 se ven las horas extraordinarias pagadas a algunos funcionarios del DAEM)
La inexistencia de un decreto alcaldicio que obligara a este funcionario a registrar la información fue ratificada por el actual director del DAEM Pedro Rozas. Además de no estar registradas, las horas de trabajo extraordinarias no están los documentos que deberían autorizarlos y tampoco están especificados.
Estas situaciones son similares a las que Contraloría registró en su informe. En el municipio central, los registros de horarios de los altos funcionarios llegaron a estar en libros personales, administrados por sus propios firmantes. El registro de asistencia posterior al terremoto de febrero de 2010, se perdió en las instalaciones provisorias que ocupó la Municipalidad en calle Ejército 1.058, por lo que el pago de estas horas extraordinarias tampoco está respaldado.
Además, la Contraloría afirma que constituyó una práctica habitual el hecho que el alcalde autorizara trabajos en horas extraordinarias después de que supuestamente se realizaron. Aquí también no hay documentos que especifiquen y justifiquen la realización de horas extraordinarias. En este caso, destacan las horas extraordinarias supuestamente realizadas por la ex administradora municipal Cecilia Jaque Labraña, quien cobró casi 26 millones de pesos por este concepto, durante los años 2009 y 2010. (En el Cuadro 3 puede verse la lista de funcionarios y sus pagos por horas extras, llegando a superar los 229 millones de pesos).
El cierre y las horas extras
Benjamín Maureira es el inamovible seremi de Educación en la Región. Juan Andreoli González, que según Contraloría certificó parte de las horas extras pagadas a Cecilia Jaque, dirige la Dirección de Obras de la Municipalidad penquista sin cuestionamientos que lo desestabilicen. Pedro Rozas, director del DAEM, ante la consulta por las condiciones en que se cerraban los colegios, dijo que tenía reuniones impostergables.
Quienes estuvieron presentes en el Concejo Municipal en que se aprobó el PADEM y donde se aprobó la venta del Liceo Balmaceda, pudieron apreciar la actitud de hidalguía de los concejales y el alcalde Kuhn, dando a creer que decidían por el “bien mayor”. Si estas medidas fueron por desfinanciamiento, cabe preguntarse en qué medida contribuirían los dineros pagados en horas extras no respaldadas en este hoyo financiero, si sólo lo analizado por Contraloría representa un 6% del total de pagos de horas extras durante el 2009 y el 2010.
Quedan fuera, las licitaciones que, en muchas ocasiones esconden otra gran fuga de recursos públicos y queda pendiente un análisis de cómo el funcionamiento de los servicios públicos municipalizados, van desarrollando su propio colapso. No obstante, esto nos entrega elementos para interpretar la disposición de estos servidores públicos ante los requerimientos de una comunidad en condiciones, cada vez, más precarizadas de vida.
Foto: Protesta ante el cierre de escuelas en Concepción, noviembre 2011
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