Cada fin de año, los trabajadores públicos aparecen en los medios por sus manifestaciones. Por lo general sus demandas son reducidas, principalmente, al ámbito salarial; el denominado reajuste salarial del sector público.

Más allá de criticar el sesgado espectro bajo el que observan los medios tradicionales, es necesario dimensionar la precariedad del empleo público en un sentido lato. Además de los bajos salarios, el stress laboral, las enfermedades profesionales, y otros detalles agravantes, el empleo público se halla, tras los 20 años de la Concertación, en un escalafón denigrante, debido fundamentalmente a la inseguridad de la plaza de empleo, a la escasez de la carrera funcionaria y a la escasez de trabajadores de planta.

Resumen, a través de una Consulta Ciudadana dirigida al Ministerio de Hacienda, recogió una serie de datos que corroboran el pésimo estado del empleo público en nuestro país. De un informe de la Dirección de presupuesto (Dipres) titulada 'Estadísticas del Sector Público 2000-2009” se extrae que el año 2009, un 43,9%(86.352) de los trabajadores tienen calidad jurídica de planta, frente a un 54,1%(106.540)  con calidad jurídica de contrata. Esta cifra, pone en evidencia una realidad nefasta del sistema público, que renueva anualmente contratos, colaborando así con una inmensa inseguridad al trabajador por su plaza de empleo e impidiendo a la vez, la posibilidad de mejorar las condiciones laborales a través de una carrera funcionaria. En este mismo cuadro, se aprecia que el año 2000, la cifra era inversa: un 57,2% de los trabajadores era de planta, frente al 40,3% (Ver cuadro)

Si se comparan las cifras con el año 1995, se obtiene que un 70,4% de los trabajadores eran de planta, frente a un 25,5% a contrata.

Al observar estos datos, se ve claramente cómo el Estado ha utilizado prácticas del sector privado en los empleos públicos. Es más aún, la inversión de las cifras, que permite que haya más contratas que trabajadores de planta, y que haya cada vez más jornales permanentes y trabajadores afectos a boletas de honorarios, puede ser interpretado perfectamente como una política de Estado. La reducción de los costos operativos en el sector público, ha sido pagado, con la negativa de un aumento salarial sustantivo, y fundamentalmente, con la ofensiva política de la Concertación de precarizar el empleo público, cortando de raíz los beneficios de un empleo estable. El año 1995  había más trabajadores de planta (91.965) que el año 2009 (86.352).

Sorprende que el año 2009, la mayor parte de contratas lo tiene el Ministerio de salud 49.740. No asombra entonces, que este sector sea uno de los que más lucha por mejoras laborales.

Respecto de los afectos al régimen de Boleta de Honorarios, la tendencia muestra un alza constante, al menos del año 2006, cuando eran 29.840, hasta el año 2009 que anotaron 53.042. Casi el doble.

Según datos obtenidos invocando la Ley de Acceso a la Infomación Pública, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social se conformaría con 1.868 trabajadores de planta. A contrata son 5.390. En sistema de honorarios 663.

El mismo Ministerio que fiscaliza las irregularidades en el sistema laboral, funciona con el 25,6% de trabajadores de planta. El 74,4% restante en condiciones inferiores, a contrata o a honorarios.

¿Qué esperamos entonces del sector privado?

La complicidad de algunos

Salvo algunas excepciones, la gran mayoría de los dirigentes gremiales del sector público pertenecen a partidos de la Concertación. Las cifras alarmantes, no fueron de mucho peso a la hora de exigir mejoras a los gobiernos de turno. Todo se mejoraba con mantener el poder adquisitivo, sosteniendo el alza de los salarios a la altura del IPC. Bajo esta oscura trama se tejió toda una política de Estado, de una Coalición de carácter “social-demócrata” como la Concertación, que construyó un sistema justamente antisocial y antidemocrático. Muchos pedirán disculpas, después de 20 años de mentiras.

Lo cierto es que la crítica al funcionamiento de las instituciones públicas, no puede ir separada de la crítica a las pésimas condiciones y proyecciones laborales del sector público. Osvaldo Andrade (PS) fue Ministro del Trabajo de Bachelet, y pareció no enterarse de estos problemas. Hoy, postulándose como candidato, Andrés Velasco, Ministro de Hacienda, parece no haberlo notado tampoco. Habría que preguntarle entonces, qué pasó, en sus gobiernos, a la silente Bachelet, al rufián Lagos o al subrepticio Frei. Porque estos capitanes no quisieron hundirse con el barco. Hoy, cerca de las municipales y tanteando las presidenciales, todo es culpa de la derecha.

¿O es que en Chile hay dos derechas?

Foto de Archivo: Movilizaciones de trabajadores del sector público, 2010.

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