[resumen.cl] Las y los viñateros del país han continuado en gestiones tendientes a denunciar y cesar las prácticas perjudiciales que les tienen en una situación catastrófica. A fines de mayo, la Coalición Nacional de Viñateros de Chile realizó una presentación en la Comisión de Agricultura del Senado en el contexto de del primer trámite constitucional de proyecto legislativo que modifica la Ley de Alcoholes. En la instancia informaron de la situación que padecen y de cómo esta es provocada por diversas prácticas permitidas o sin regulación.
En la presentación, Yenny Llanos, representante de la Coalición Nacional de Viñateros, comenzó constatando algunos hechos para contextualizar las situaciones que les afectan. Primero informó que Chile es el cuarto exportador de vino a nivel mundial, que tales exportaciones, anualmente, bordean los 2.000 millones de dólares. Junto con ello, expuso que tres viñas -Concha y Toro, San Pedro y Santa Rita- concentran alrededor del 85% ventas mercado nacional y casi 50% mercado exportador de embotellados. No obstante, que estas y otras grandes empresas del rubro vinífero necesitan alrededor del 70% de la materia prima (uva/vino) de productores externos para cumplir con sus ventas. Agregaron que según último Censo Agropecuario de 2007, “solo quedaban 17.529 productores de vides viníferas de los 34 mil . Después de 13 años con la grave crisis del sector, se estima que al menos un 30% ya no están”. Luego de eso, explicaron los factores preponderantes de la “grave crisis” que propicia a una creciente cantidad de productoras/es a dejar la vitivinicultura como medio de subsistencia.
Entre otras situaciones, informaron de la existencia de la imposición abusiva de precios a los cuales las grandes empresas vínicas les compran su uva que ni siquiera les permiten cubrir los costos de producción. También denunciaron mediciones erradas en el peso de la materia prima, además del aprovechamiento de su estacionalidad, en tanto no se establecen contratos que garanticen y establezcan precios para su compra, sino que estos se fijan en medio de la presión hacia quienes tienen menos capital para sostenerse. En este contexto, la compra tardía de uva no representaría un problema para las grandes empresas si se considera que la legislación permite la añadidura de agua al vino, bajando así los grados alcohólicos propios de la uva de cosecha tardía con alto contenido de azúcar. Por otra parte, también se relevó lo nocivo que representa la vinificación de uva de mesa, validada por la norma impuesta en el país, así como la incorporación de preservantes, conservantes y otros aditivos que están echándose al vino sin ser declarados.
Seguidamente dieron a conocer algunas medidas necesarias para corregir tales prácticas, como las que garanticen transparencia y coherencia con variables productivas en la fijación de precios de compra de uva y vino a quienes lo producen. Que se regule el procedimiento de compra, respetando momentos para la fijación de precios, entre otras medidas asociadas. También, indicaron la perentoriedad de prohibir la vinificación con uva de mesa, la incorporación de agua en el vino, así como la anulación y/o revisión de la nueva categoría de vinos semidesalcoholizado y desalcoholizado, que no cumple con la definición de vino según la ley 18.455. Junto con ello, que exista reglamentación de nuevas plantaciones y de denominaciones de origen, que se norme el etiquetado de vinos en cuanto a agua, preservantes, conservantes y otros aditivos que algunos contienen y no están siendo etiquetados, que haya mayor fiscalización en etiquetados de vinos según la cepa que lo componen. Además, que se modifiquen las multas, siendo coherentes con el costo provocado y los beneficios conseguidos a través de práctica fraudulentas.
La Coalición Nacional de Viñateros espera que los antecedentes aportados incidan en las modificaciones a la normativa actualmente vigente, evidenciada como insuficiente para regular las diversas áreas de este quehacer.
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