Una querella por falsificación de Instrumento Público avanza de la mano del Ministerio Público, que sigue los pasos de lo que ocurrió entre el Gobierno Regional del Biobío, el Servicio de Salud Talcahuano y el pequeño empresario Rafael Figueroa. La arista judicial es previa al escándalo del Caso Convenios y está siendo investigada por la Fiscalía de Talcahuano, según denuncia la acción judicial, por terminar licitaciones de manera ilegal, sumando acusaciones de coimas, hechos que se habrían producido entre 2016 y 2017.

Por Equipo Resumen

Los acontecimientos guardan relación con la construcción del "Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Cerro Estanque", ubicado en  Tomé, bajo la licitación Nº 5624-32-LR16 y la “Reposición posta Rafael", en la misma comuna, con la licitación N° 5624-52-LR16.

Según el empresario Rafael Figueroa, representante legal de Empresa Ingeniería y Servicio de Maestranza RF SPA, quien se adjudicó la licitación de ambas obras públicas, funcionarios al interior del GORE Biobío y el Servicio de Salud Talcahuano habrían incurrido en la terminación ilegal de ambas licitaciones. Luego de ello, se habría falsificado instrumento público e incluso su firma -acusa- haciendo cobro de las boletas de garantía pagadas por la empresa sin saber hasta la actualidad con que fin se habría adulterado documentación referente al pago de AFP de sus trabajadores.

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La querella fue interpuesta en febrero de 2022 por el empresario y fue declarada admisible, por lo que está siendo investigada por la Fiscalía de Talcahuano, organismo que continuó sus diligencias y que este mes solicitó al Gobierno Regional del Biobío informar del sumario iniciado en su interior por las denuncias presentadas por el empresario Rafael Figueroa y que tenía como responsable designado a Iván Valenzuela, actual administrador regional subrogante del GORE.

En conversación con Resumen, Figueroa acusó que mientras se desarrollaban las obras en Tomé, funcionarios públicos del Servicio de Salud Talcahuano y de la Intendencia -hoy GORE Biobío- le pidieron coimas de $3 millones. “Me estaban pidiendo coimas por cada estado de pago”, afirma el empresario. La solicitud de coimas se habría reiterado en 4 ocasiones y habría incluido, según declara, una amenaza de muerte en su contra por parte de uno de estos funcionarios, si es que denunciaba la situación.

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La amenaza no detuvo el accionar del empresario que denunció las irregularidades a Contraloría en marzo de 2017.

El representante legal de la empresa consignó que las obras se las quitaron, para luego catalogarlas bajo estado de “abandono de obra”, asignándosela a otra constructora vía trato directo.

¿Dónde está el sumario?

El 6 de noviembre de 2019, la Intendencia Regional del Biobío conducida en ese entonces por Sergio Giacaman, ordenó el inicio de un proceso disciplinario exigido por la Contraloría Regional, con el fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa que le pudiera caber al o los funcionarios que intervinieron en los hechos referentes al término anticipado, cobro de garantía y liquidación del contrato “Reposición posta Rafael, comuna de Tomé”.

Contraloría emitió un informe en diciembre de 2020 donde se expresa que “se comprobó la ausencia de antecedentes que respalden el pago de las remuneraciones de los trabajadores del contrato “Reposición Posta Rafael, comuna de Tomé”, del mes de febrero de 2017, en circunstancias que el GORE del Biobío, hizo efectiva la garantía de fiel cumplimiento de dicha iniciativa, por un valor de $39.247.325, con el fin de pagar entre otras, tales deudas".

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Además, la documentación agrega: “Se comprobó la falta de antecedentes que acrediten el pago de las cotizaciones previsionales de los meses de enero y febrero de 2017, de los trabajadores del contrato “Reposición Posta Rafael, comuna de Tomé”, en circunstancias que el GORE del Biobío, hizo efectiva la garantía de fiel cumplimiento de dicha iniciativa, por un gasto de $39.247.325, con el fin de pagar entre otras, tales deudas”.  A ello se suma que, “se estableció que si bien la garantía de fiel cumplimiento del contrato “Reposición Posta Rafael, comuna de Tomé”, se hizo efectiva por el GORE del Biobío, tal cobro no puede exceder del monto en que se cuantifique el incumplimiento de las obligaciones y de las multas que se hayan impuesto y que no se encuentren solucionadas, de modo que, se debe restituir al contratista el saldo que eventualmente obre en su favor”.

Por otra parte, el informe de Contraloría indica: “Se verificó que la liquidación de contrato de la iniciativa “Reposición Posta Rafael, comuna de Tomé”, realizada por el SST (Servicio de Salud Talcahuano), mediante la resolución exenta N° 3.384, del 2 de octubre de 2018, no se ajustó a la jurisprudencia de este Órgano de Control, toda vez que ésta no corresponde a un balance final del contrato, dado que existen saldos pendientes por pagar, reembolsar o imputar”.

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En concordancia con lo que señala Contraloría, Figueroa asevera que hubo cobro irregular de la garantía, pago irregular de sueldos y falsificación de oficios, señalando que habían pagado las deudas de la AFP, lo que finalmente no se habría realizado. La arista, según sostiene el representante legal de la empresa sacada del proyecto en Tomé, incluye la desaparición del sumario que partió con Giacaman, siguió con Kuhn y llegó al GORE conducido por Rodrigo Díaz, quien habría ordenado otro sumario – el que no se habría realizado aún – para investigar que habría ocurrido con la anterior investigación sumarial.

Debido a esta situación, el empresario Rafael Figueroa acudió a la Fiscalía, llegando incluso a la Fiscal Regional, Marcela Cartagena, para que el Ministerio Público investigue lo denunciado. En este marco, la BRIDEC solicitó antecedentes del sumario al GORE para investigar la causa en el contexto de la indagatoria por falsificación o uso malicioso de instrumento público, en un plazo que venció este martes.

Resumen se comunicó con el GORE para obtener su versión sobre los hechos denunciados, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se han referido al tema.

*Esta investigación está basada en un proceso judicial en curso, por lo que no debe considerarse culpable a ninguna persona hasta que el poder judicial sostenga que lo es.