El origen del conflicto armado interno en Colombia, al igual como lo es hoy en el sur de Chile, tiene su origen en el problema de la propiedad de la tierra.

Por Joaquín Pérez

Es por esto que los sucesivos acuerdos de paz, las guerrillas demandaron al Estado colombiano su desmilitarización, a cambio de un proceso de reforma agraria a gran escala. Cuestión última que siempre se quedó en promesas.

Con la asunción de Gustavo Petro en Colombia y su plan de “Paz Total”, que implica un acuerdo con las últimas fuerzas guerrilleras existentes: ELN y disidencia de las FARC, el Gobierno busca garantizar esa paz definitiva, acelerando el cumplimiento de los acuerdos ya firmados, que implican entregar tierras productivas a los campesinos colombianos.

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Es así como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) del gobierno colombiano, anunció este martes la entrega de tierras a 300 mil familias, las que recibirán entre 7 y 10 hectáreas de terrenos productivos, tal cual se había comprometido la anterior administración con las guerrillas de las FARC, tras su desmovilización y entrega de armas.

“Esperamos cumplir los siete millones, que es el total de titulación de tierras, y los tres millones en hectáreas adjudicadas a gente que no tiene tierra”, dijo ante los medios de comunicación el director de la ANT, Gerardo Vega, quien recordó que la reforma agraria es el primer punto del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.

Según la ANT, desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, se han formalizado alrededor de 1,4 millones de hectáreas, de las que 1.015.000 corresponden a predios rurales y 400.000 a cuatro zonas de reserva campesina, como la de Sumapaz, cercana a Bogotá, o la de Guayabero, en el departamento del Meta.

Gerardo Vega aclaró que la ANT tiene como “prioridad número uno” a las mujeres y personas con “vocación agraria” que estén “en condiciones de hacer producir el campo”, al ser estas quienes pueden “producir alimentos, sembrar y cultivar”. Esto es una de las “metas del Gobierno en su lucha contra el hambre y por la paz”, asevero.

Condiciones para la compra de tierras

El precio promedio pagado por el Estado a los latifundistas por hectárea de tierra fértil, fijado para la compra, asciende a 10 millones de pesos (unos 2.000 dólares). Deben ser tierras fértiles para la producción de alimentos y no estar inundadas, ocupadas o en procesos de restitución.

Actualmente, la ANT dispone de 1,5 billones de pesos colombianos (unos 316 millones de dólares) para la compra de tierras y tiene la viabilidad de unas 147.000 hectáreas que están pendientes de visita predial y avalúo.

El año pasado, el gobierno colombiano y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) firmaron un acuerdo por el que ese gremio se comprometía a poner en venta tres millones de hectáreas de propiedad de ganaderos, con el fin de que estas sean destinadas a la reforma agraria.

Con estas acciones, el gobierno de Petro ha iniciado un proceso postergado por décadas en Colombia.

Foto principal: farc-ep

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