[resumen.cl] Los policías Juan Lloreda y Harby Rodríguez han sido imputados por la Fiscalía por homicidio agravado y tortura tras la muerte de Javier Ordóñez. Sin embargo, estos no han aceptado los cargos y plantean conflicto de competencias en el procedimiento. Mientras tanto, las movilizaciones continúan en denuncia a la brutalidad policial.
Tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez, una criminal acción realizada por policías en Bogotá a comienzos de septiembre, y la consecuente ola de protestas en rechazo al actuar policial, el procedimiento judicial ha dado luces respecto a la situación de las personas formalizadas.
Los procesados son Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, ambos funcionarios policiales sindicados como los responsables de la muerte de Ordóñez tras la reiterativa realización de descargas eléctricas de pistolas taser.
Los cargos que se les han presentado por parte de la Fiscalía corresponden a tortura y homicidio agravado.
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Sin embargo, los policías procesados no aceptaron los cargos argumentando un conflicto de competencias, en base a que este debiera tratarse en la justicia penal militar, pese a que esta remitió el procedimiento a la justicia civil.
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El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ambos policías serán destituidos, perfilándose la solicitud de prisión que podría contemplar hasta unos 40 años.
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La autopsia ha señalado el impacto de la violencia policial en el cuerpo de Ordóñez, muestra multiplicidad de traumas en diferentes lugares. Desde una gran cantidad de acumulación de sangre al interior de la cavidad abdominal hasta el estallido de su riñón derecho forman parte del informe de Medicina Legal entregado sobre el caso de Ordóñez.
Mientras tanto, las movilizaciones no cesan. Diferentes sindicatos han convocado una nueva jornada de movilización para este 21 de septiembre en rechazo a la brutalidad policial.
En el contexto de protesta la cifra de personas muertas supera las 10, mientras que se contabiliza un número cercano a las 600 personas heridas.
