A partir de hoy se inicia la colaboración en Resumen de la activista de derechos Humanos Luz H. Ramirez, quien nos escribira sobre la dramatica realidad de su país Colombia.

¿Qué ha cambiado después de ocho años de seguridad democrática?

Colombia tiene una superficie total de 1.141.748 Km² y una población de 44 millones (51,2% mujeres y 48,8% hombres). La concentración de la tierra ha venido acentuándose en los últimos años: el 62,91% del área predial rural está en manos del 0,43% de la población; mientras el 57,87% de las personas propietarias poseen apenas el 1,66% de la tierraⁱ. Se estima que cerca de cuatro millones de personas han sido desplazadas forzadamenteⁱⁱ.

Este es el país en la región con mayor desigualdad en la distribución del ingreso (el coeficiente de Gini de 0,576). El 50% de la población más pobre percibe apenas un 13,8% de los ingresos mientras el 10% más rico concentra el 46.5%ⁱⁱⁱ. Según el Departamento Nacional de Estadísticas [DANE] un 27,7% de la población presenta Necesidades Básicas Insatisfechas y el 40.8% de los hogares padece inseguridad alimentaria.

El colombiano es uno de los conflictos armados más antiguos del hemisferio occidental, siendo especialmente preocupante la afectación de la población civil y la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos, tal como ha sido registrado en diferentes informes presentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que abrió su sede en Colombia en 1996.

Desde 1986 - año de fundación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT- han sido asesinados 2667 dirigentes sindicales^iv. El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos CCEEU^v, contabilizó 1.492 muertos fuera de combate entre julio de 2007 y junio de 2008^vi, en la mayoría de casos se responsabiliza al Estado por acción directa o tolerancia. A partir del inicio del período de gobierno del presidente Uribe (2002-2010) las ejecuciones extrajudiciales se dispararon un 67%^vii, y se reportaron casos en 27 de los 32 departamentos en los que se divide el país.

A pesar de las cifras, Colombia es considerada la “democracia más antigua y estable de América Latina”, queda visto que en este caso, la democracia se limita a realización regular de elecciones y el cambio de mandatarios.

Breve recuento de ochos años de “seguridad democrática”

En el año 2002, en un contexto nacional de debilitamiento del movimiento social y en pleno inicio de la cruzada internacional contra el terrorismo, llega a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, político cuya vida pública ha estado llena de cuestionamientos. En el momento de su presentación como candidato presidencial, la Procuraduría General de la Nación informó que tenía 20 procesos penales en indagación preliminar, 16 investigaciones y 11 pliegos de cargos por irregularidades de contratos indebidos durante su gestión como gobernador de Antioquia, cargo que desempeñó entre 1995 y 1997. Período en el que además aparecen públicamente las Convivir^viii.

Una vez electo, Uribe implementó la denominada política de “seguridad democrática”, que no sólo negaba la existencia del conflicto armado sino que construyó toda la política de seguridad inspirado en las teorías antiterroristas, priorizando la salida militar del conflicto armado que vive el país, y diluyendo la distinción entre lo civil y lo militar. La seguridad democrática (que sigue vigente) incluye el pago de información a particulares y el estímulo con ascensos y dinero a agentes de la fuerza pública que muestren resultados en la “lucha contra el terrorismo”.

En desarrollo de estas directrices se cometieron ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”), en los que jóvenes campesinos o pobladores de los barrios marginales de las ciudades, fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate. La justicia colombiana tiene conocimiento más de 1600 de estos casos entre los años 2002 y 2008^ix.

Uribe combinó la “mano dura” contra el “terrorismo” con el “corazón grande” de la paz, presentando el proceso de “negociación” con los grupos paramilitares como un aporte significativo en la búsqueda de la paz y la superación de la impunidad estructural. Después de más de más de seis años de iniciada dicha negociación se ha evidenciado su total fracaso, en la actualidad persisten las bandas paramilitares (ahora denominadas Bandas Criminales BACRIM)^x y en la realidad no se han garantizado los derechos de las víctimas a conocer la verdad, a justicia efectiva ni a acceder a una reparación integral.

Los escándalos de la llamada “parapolítica” han permitido conocer los vínculos del paramilitarismo con políticos, militares y empresarios. Más del 20% de los parlamentarios electos para el período 2006 – 2010 se encuentran vinculados en investigaciones por dichas relaciones. La empresa criminal de políticos con paramilitares transciende todas las ramas del poder público: cuerpo diplomático, órganos de control, la Registraduría, la Superintendencia de Vigilancia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Nacional de Estupefacientes, Industria Militar (Indumil), la Armada, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y los Ministerios del Interior, Transporte, Comunicaciones y de Relaciones Exteriores. No se trata entonces de “casos aislados”, se trata de la demostración de la existencia del terrorismo de estado en Colombia.

El gobierno de Uribe también se caracterizó por la corrupción. La apropiación de dineros públicos y la aprobación de leyes que permiten el despojo de recursos estuvieron al orden del día. El desconocimiento abierto de la división de poderes, que llegó incluso a la construcción de montajes para desprestigiar a integrantes de las altas cortes de justicia^xi, y a escuchas ilegales ordenadas desde el palacio presidencial^xii, que también incluían a opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos.

No puede dejar de mencionarse el papel jugado por Colombia en la desestabilización de los procesos sociales de la región. Colombia es uno de los principales aliados de los intereses norteamericanos, que se afianzan con la suscripción de nuevos acuerdos de cooperación en materia militar y de inteligencia.

Después de un intento fallido por una segunda reelección, Juan Manuel Santos recogió las banderas de Uribe, presentándose a las elecciones por el mismo partido de su mentor (Partido de la U), siendo electo para el período 2010 – 2014. En un contexto de polarización, de escándalos y de desinstitucionalización, asume la presidencia en agosto pasado. Han pasado desde entonces ocho meses y ya los hechos permiten determinar el carácter del gobierno de Santos, y cuáles son las rupturas y continuidades con el anterior gobierno.

La desinstitucionalización, los reiterados escándalos, el desprestigio, al que Uribe condujo al Estado, que tenía aislando el gobierno en la región, con las pérdidas económicas que para los exportadores representaban las tensiones y la ruptura de relaciones, en especial con Venezuela; el bloqueo a la firma del TLC con los Estados Unidos; entre otras, condujo a que fuera necesario un recambio en el gobierno.

Santos proviene de una de las familias prominentes del país y dueña del principal periódico: El Tiempo. Ha sido ministro en varias ocasiones: de Comercio Exterior, en el gobierno de Cesar Gaviria (1990 – 1994), período en el que se iniciaron las medidas de libre comercio con la llamada “apertura económica”; de Hacienda, en el gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002) y de Defensa, en el período de Álvaro Uribe (2002- 2010). En este último período su responsabilidad está comprometida en la comisión de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales (conocidas como “falsos positivos”) cometidas por integrantes de la fuerza pública a su cargo.

El gobierno de Santos y la continuidad del modelo económico

Una vez posesionado Santos se propuso la conformación de una frente de unidad nacional, como expresión de la burguesía colombiana, que se encontraba dividida durante el gobierno de Uribe^xiii, y de la que sólo se distanció el PDA (Polo Democrático Alternativo, partido de centro izquierda). La “unidad nacional” le ha permitido a Santos tener la absoluta mayoría en el Congreso, esto le ha permitido un margen importante en la aprobación de leyes neoliberales muy agresivas para los sectores populares, que estaban pendientes desde el gobierno anterior, y que producto de las pugnas políticas entre los sectores uribistas y antiuribistas, habían tenido que ser aplazadas.

Es así como la “prosperidad democrática” en realidad es la profundización del modelo neoliberal. Santos ha construido la propuesta económica para el país sobre cuatro ejes, que él denomina “las locomotoras”: infraestructura, vivienda, minería y agro. La reforma en el sistema de pensiones aumentando la edad y las semanas de cotización a las personas trabajadoras, extendiéndolas además a los sectores de trabajo informal; el llamado “primer empleo” que precariza y desregulariza el mercado laboral al que acceden las personas más jóvenes; la regla de estabilidad fiscal que ahora como principio constitucional condicionará todas las decisiones judiciales en materia de derechos económicos; entre otras, integran las denominadas locomotoras

Infraestructura: La exportación de mercancías requiere la modernización de la infraestructura que presenta un evidente atraso. Este eje incluye importantes inversiones (públicas y privadas) en redes eléctricas, comunicaciones, puertos y aeropuertos.

Vivienda. En Colombia se reconoce un déficit de 1.300.000 viviendas en Colombia. Esta política además de superar este déficit busca la creación de puestos de trabajo, claro, precarizados, y generando procesos de endeudamiento de los sectores populares con la banca privada.

Agro. Producto de las políticas aperturistas de inicios de los 90, de los cuales Santos fue ejecutor, Colombia dejó de ser productor autosuficiente de alimentos, para pasar a ser importador, la quiebra del agro se ha sumado a la brutal concentración de la propiedad rural (cuya herramienta fundamental ha sido el terror sobre los pobladores). Las políticas de “desarrollo” del agro se basan en la producción de materias primas para la exportación y la agroindustria. En las propuestas oficiales se señala: “Colombia puede entrar en grande a satisfacer la demanda de productos alimenticios y materias primas resultante del crecimiento acelerado de países asiáticos y la necesidad de atender los requerimientos de bioenergía del mundo”.

Minería. La asignación en la economía internacional de abastecedor de materias primas a los países empobrecidos ha significado una reprimarización de dichas economías, además de los costos ambientales y sociales que generan este tipo de actividades. Se estima que en Colombia durante los próximos 10 años se invertirá en este sector una suma de alrededor de 50.000 millones de dólares. La explotación de petróleo, gas, oro, aluminio, se cuentan entre los productos de mayores perspectivas. Colombia conserva las mayores reservas carboníferas de América Latina, además de poseer plata, platino, esmeraldas, níquel, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y titanio. También explota sal terrestre y marina, gravas, arenas, arcilla, caliza, azufre, talco, yeso, roca fosfórica y rocas ornamentales. Se han expedido cerca de 10.000 títulos mineros, 4.000 de los cuales ya están en explotación

La ley de víctimas y la “restitución” de tierras, políticas bandera en derechos humanos.

Después de todos los cuestionamientos al anterior gobierno por violaciones a los derechos humanos, de las que el mismo Santos ha sido directamente responsable, un cambio en el discurso y la aparente intención de satisfacer los derechos de las víctimas, busca limpiar la imagen del gobierno frente a la comunidad internacional, para poder suscribir acuerdos de libre comercio, que se encuentran frenados por graves crímenes, en especial los cometidos contra dirigentes sindicales (tal es el caso del TLC con los Estados Unidos).

Desde tiempos de Uribe, con la declaración de que Colombia enfrenta una amenaza terrorista (y no un conflicto armado), la supuesta desmovilización de los paramilitares (que ahora son las BACRIM), lo que queda para “perfeccionar” la democracia es restablecer los derechos a las víctimas. Así pues, Santos se ha comprometido en tramitar ante el congreso una ley de víctimas.

Se ha pretendido presentar esta iniciativa jurídica, que incluye la “restitución” de tierras^xiv, como la herramienta mediante la cual el estado y la sociedad en su conjunto, resarcirán a quienes han sido víctimas en el conflicto armado. Dicha Ley no se acerca ni tangencialmente a la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas. Su discusión en el parlamento ha estado centrada en definir el año a partir del cual se reconocen las víctimas que serán beneficiadas por dicha norma, y por el monto de la “reparación” que en ningún caso debe comprometer la “estabilidad fiscal”.

La “reparación” que plantea dicha ley se asemeja más a actos de caridad, en los que ni siquiera la atención humanitaria aparece como obligación del estado. Temas centrales como las garantías de No Repetición y las reformas democráticas necesarias para garantizar la desaparición del paramilitarismo y de la guerra sucia, no están contempladas en dicha ley.

Respecto al tema de tierras que aparece como la resolución del problema agrario en el país, en realidad es la legalización del despojo de más de 4 millones de hectáreas (otras cifras hablan de cerca de 10millones) del que ha sido víctimas el campesinado, de las que el gobierno pretende devolver 1millón y medio. Las tierras que serán “devueltas” además están articuladas al modelo de gran propiedad y agro producción, señalando además que no existe ninguna garantía para que sus propietarios originales puedan retornar, como ha sido señalado por las mismas Naciones Unidas, que han denunciado los asesinatos sistemáticos de dirigentes de población desplazada^xv. Restituir las tierras a las víctimas se atraviesa en los planes de la “locomotora” de Santos, que en primer lugar debe garantizar a la gran minería y agroindustria los recursos de los territorios.

En general el panorama de derechos humanos se ha venido agravando. Las políticas de “seguridad democrática” sigue en plena aplicación. Los primeros meses del gobierno de Santos han estado caracterizados por la continuidad de los asesinatos, montajes judiciales, desapariciones forzadas continúan siendo el pan de cada día. Lo anterior a pesar de las declaraciones públicas de los funcionarios, en particular del Vicepresidente Angelino Garzón, hombre proveniente de las filas del movimiento sindical y antiguo militante del Partido Comunista, y que ahora tiene el papel de ser el escudero de Santos, y dirigir las políticas de cooptación del movimiento social.

La movilización y la lucha, única vía posible frente a Santos

Descrito brevemente el gobierno de Santos, puede afirmarse que se trata de la continuidad de las políticas neoliberales. La precarización y el empobrecimiento creciente de la población, así como la permanencia de prácticas criminales de terrorismo de estado plantea como única opción la organización de los pobladores y la lucha en las calles. Está más que visto que no pueden depositarse esperanzas en cambios favorables para los sectores pobres y despojados El pueblo colombiano debe seguir el ejemplo dado en la región del Magreb, cuyos acontecimientos, aún sin finalizar, han demostrado como la movilización permite avanzar en la materialización de los derechos de las comunidades.

BIBLIOGRAFÍA

Botero, Libardo. Santos: cinco ejes programáticos: Las locomotoras el crecimiento (II). Mayo de 2010. En: http://www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=12036

Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos COEUROPA. Las palabras y los hechos. Los primeros 75 días del gobierno de Juan Manuel Santos y la situación de la defensa de los derechos humanos. Boletín No. 12. Octubre de 2010. http://ddhhcolombia.org.co/files/file/Observandos/Observando%20Nro%2012%20-%20%20La%20Defensa%20de%20los%20Derechos%20Humanos%20a%2075%20Dias%20del%20Gobieno%20Santos.pdf

Ramírez, Luz Helena. Sindicalismo y terrorismo de estado en Colombia. Ipar Hegoa, 2010

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