Comienza preparación de juicio contra 10 mapuche de Malleco acusados de “terroristas”

altLa Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, ante el inicio de la preparación de juicio oral por Ley Antiterrorista en contra de nuestros hermanos, señalamos ante el mundo mapuche, la opinión pública local, e internacional lo siguiente:

1.- Para el día lunes 26 de marzo de 2012, a las 10 de la mañana, en el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Victoria, está fijado el inicio de la preparación de juicio oral, en contra de 7 de nuestros integrantes, quienes se encuentran imputados por los delitos de robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista, daños y asociación ilícita terrorista, entre otros. Hechos supuestamente ocurridos el 10 de octubre de 2009 en el sector de Quino, comuna de Victoria.


Los peñi involucrados (todos de comunidades de Malleco) son:

José Queipul Huaiquil,
Víctor Queipul Millanao,
Camilo Tori Quiñinao,
Felipe Huenchullán Cayul,
Juan Huenchullán Cayul,
José Millanao Millape,
Juan Patricio Queipul Millanao.
Jorge Marimán Loncomilla,
Ernesto Cayupán Meliñán y
Luis Marileo Cariqueo

2.- La principal prueba que el Ministerio Público tiene en contra de nuestros hermanos es la declaración de un testigo protegido (Raúl Arturo Castro Antipán) quien supuestamente habría participado junto a todos los acusados en los hechos ocurridos el 10 de octubre de 2009.

Cabe señalar que Castro Antipán es testigo protegido también en otras causas, en donde están imputadas personas mapuche y miembros de otras organizaciones mapuche. Este testigo recibe un sueldo mensual de $300.000 aproximadamente (argumento que no ha sido desmentido por la Fiscalía), que a la fecha suma una veintena de causas por diferentes delitos, algunos incluso de este año y que en la mayoría de los casos, Castro Antipán ha sido absuelto, se le ha otorgado suspensión condicional o el fiscal ha aplicado el principio de oportunidad para no condenarlo.

Además, este sujeto ya se encuentra condenado por los delitos que se imputan a nuestros hermanos, pero se le aplicaron las normas de la Ley Antiterrorista referentes a la Delación Compensada, lo que le permite cumplir su condena en libertad.

A nuestro juicio, esta condena sólo responde a una “estrategia” del Ministerio Público para dar mayor credibilidad a su testigo y que era necesaria para mantener la acusación en contra de nuestros hermanos, ya que constituye su testimonio como la principal prueba.

3.- Durante todo el tiempo que ha durado la investigación se han producido una serie de situaciones que han afectado a la comunidad, como por ejemplo, interrogatorios de niños en la escuelas de Temucuicui y en el camino a sus casas, detenciones de estudiantes de enseñanza media que son familiares de dirigentes de la comunidad y su posterior procesamiento por delitos en los que finalmente han sido absueltos. También han existido torturas en contra de algunos de los imputados, en donde ha estado presente un fiscal del Ministerio Público – Miguel Ángel Velásquez Droguett –, así como allanamientos y hostigamiento a familiares de los acusados y dirigentes.

4.- Para el Pueblo Nación Mapuche y especialmente para nuestra comunidad, se constituye como una extensión de la discriminación y racismo del estado chileno, el que a través de su aparataje jurídico-represivo encabezado por la fiscalía antimapuche, procese y lleve a juicio por Ley Antiterrorista a dos menores de edad, puesto que es claramente un abuso y vulneración de múltiples derechos, entre ellos los del niño, y es un intento de frenar abruptamente por medio del miedo que los niños tengan conciencia de esta lucha que heredarán hasta que recuperemos nuestros derechos políticos y territoriales.
Además, marca de por vida con su imputación a los dos menores quienes arriesgan muchos años de prisión política.

5.- Por otra parte, el que se siga utilizando esta ley heredada de la dictadura de Pinochet, no hace nada más que reafirmar una vez más cómo la paranoia del gobierno de derecha y sus intentos de criminalizar la protesta social caen en la más absoluta inoperancia, ya que sólo utiliza la represión en toda su expresión (jurídica, comunicacional y policial) para mantener la política del oído sordo y sus monólogos.

Hoy podemos ver a través de la prensa cómo actúa el estado chileno reprimiendo en Aysén y en los distintos lugares donde se levantan las demandas sociales. La misma policía que mantiene militarizado nuestro territorio, es la que aplica su experiencia en reprimirnos para agredir a los distintos luchadores sociales del territorio de Chile. No es por nada que los que dirigen las policías en la novena región siempre asumen el liderazgo de sus ramas y sus armas a nivel nacional.

Extendemos el llamado a las redes de solidaridad con la causa Mapuche, a estar atentos ante el inicio de este emblemático caso judicial, en el que demostraremos nuestra inocencia y trataremos de revestir las maniobras y estrategias del estado de querer decir que esta lucha es ilegítima y terrorista.

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