A un año de iniciada la epidemia de la Covid-19 en Wuhan, China, y luego de 9 meses de haber sido declarada pandemia por la OMS, para el gobierno chileno esta calamidad sigue representando tan sólo una gran oportunidad de aplastar la revuelta popular comenzada en octubre de 2019 y que puso en juego la estabilidad de esta administración y la continuidad del modelo de dominación. Un año más tarde, la pandemia sigue siendo utilizada por los gobernantes como un mecanismo propicio para torcer los destinos del proceso constituyente que esa revuelta impuso. En definitiva, al igual que al principio de la pandemia, priman los mezquinos intereses político empresariales de los poderosos por sobre las necesidades de protección y de salubridad de la población.
El Ministerio de Salud parece ser una instancia destinada a complacer los propósitos económicos del gran empresariado en lugar de ocuparse por la salud de la población. El ministro señor Paris se interesa más por cumplir funciones de escudo protector de los desatinos de su presidente que de conocer y solucionar las reales necesidades sanitarias para adoptar medidas en consecuencia con ello. No sólo las dificultades se presentan en las limitaciones de recursos sanitarios y medios técnicos en los recintos hospitalarios del sistema público, sino que, además, en la negación de mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de estos servicios quienes, incluso, han debido recurrir a paros para intentar ser escuchados por una autoridad indolente y autoritaria.
Este gobierno y el Ministerio de Salud continúan sin querer adoptar efectivas medidas de prevención respecto del virus y su propagación para reducir el impacto negativo en la salud y la vida de la población. Por el contrario, prefieren seguir adoptando medidas que permitan la reactivación de los mercados, la recuperación de las utilidades económicas de los grandes grupos empresariales, de garantizar el libre albedrío del mercado y el dominio sin limitantes de los mercaderes. Aunque aún no se manifiesta en el país la segunda ola de la enfermedad, Chile mantiene una meseta muy alta de contagios y un elevado e inaceptable nivel de personas fallecidas por Covid-19 (Un total de 21.421 entre confirmados y sospechosos según el Informe Epidemiológico N° 78), ocupando el 7° lugar a nivel mundial en número de muertes por cada millón de habitantes. Una vergüenza que no preocupa a los gobernantes quienes no se hacen cargo de la crítica situación sanitaria provocada por su deplorable gestión afectando gravemente a la población del Chile real.
No se ha sacado ninguna lección, no se ha hecho ningún aprendizaje de la experiencia acumulada por países de Asia y Europa, que nos llevan la delantera tanto en el inicio como en el despliegue de la pandemia, que cuentan con mejores condiciones materiales que nuestro país pero de todas maneras se ven enfrentados a realidades complejas por cometer errores de apreciación o no haber aplicado las medidas correctas en el momento oportuno. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, son algunos de los países europeos que hoy están enfrentados a la dramática consecuencia de errores previsibles y evitables. El gobierno chileno no saca provecho de ninguna de estas ventajas y, por el contrario, insiste en cerrarse en su lógica de imponer una “normalidad” a rajatabla priorizando por consideraciones empresariales.
El cacareado “Paso a Paso” del Ministro Paris, se ha convertido en un enredo inentendible, similar al absurdo de las “cuarentenas dinámicas” de Mañalich, pues genera mayores problemas para la prevención efectiva, impide el control de la propagación, dificulta la trazabilidad de los contagios, complejiza el tratamiento de los enfermos, y mantiene un constante aumento de la mortandad. Las fases de transición, preparación, apertura, son una melcocha de determinaciones, matizada con cuarentenas volátiles, que nadie supervigila, que ninguna autoridad sanitaria controla y, por lo mismo, el empresariado actúa a su amaño transgrediendo lo que le viene en gana. Ello provoca que la población no vea la necesidad de respetar restricciones decididas sólo para figurar en un papel o en los noticieros. Los Seremis de Salud -bien lo sabemos en el Biobío- son figuras decorativas que tienen un magro desempeño en su función y sólo aparecen por conveniencias políticas cuando alguna cámara periodística está escrudiñando en su territorio. En la práctica nadie controla los aforos en los recintos, tanto de instituciones como comerciales, ni nadie controla el cumplimiento de las medidas preventivas como los distanciamientos, elementos de higiene y sanitización, uso de mascarillas, entre otras. Todo ello configura un cuadro de galopante descontrol de la epidemia, y el Gobierno continúa impávido pues está enfocado en la reactivación de la economía.
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Ante la llegada de nuevas olas de contagios, el señor Paris y el Gobierno siguen actuando como si no existiese tal riesgo de agravamiento, siguen sin adoptar medidas efectivamente preventivas, anticipándose a los temidos hechos. Las cuarentenas demoradas a propósito en lugares con altos índices de contagios no tienen explicación médica ni técnica, sólo comercial y mercantil. Coherente con esa desidia, el Minsal no desarrolla ninguna campaña educativa y formativa en torno a la prevención, a los riesgos que significa la enfermedad y los inminentes peligros de la temida segunda ola. Los países de Europa están sufriendo los estragos de ésta, precisamente, por haber descuidado en el momento oportuno las medidas de resguardo, de confinamiento y prevención.
En nuestra realidad actual los medios de locomoción colectiva repletos de trabajadores y trabajadoras rumbo a sus puestos de trabajo en las mañanas y de regreso a sus hogares en las tardes, provocando hacinamientos y fuentes de propagación del virus, son una cruda muestra de esta falta de interés social de los gobernantes y de la falta de vocación humanitaria del Ministro de Salud. Los centros comerciales repletos de personas compelidas al consumo por el desenfreno publicitario con que los medios de comunicación se hacen cómplices de esta asesina lógica empresarial, promoviendo y fomentando con singular ligereza la concurrencia masiva a lugares cerrados, barrios comerciales, destinos turísticos, y otras “atracciones”. La autoridad sanitaria hace vista gorda de estas anormalidades para garantizar la protección del empresariado.
La salud de la población y las vidas que a diario cobra esta manera utilitaria y mercantil de enfrentar la pandemia poco importan a los gobernantes; el mercado funciona, las utilidades se reflejan en los balances y las ganancias vuelven a sus arcas. El efecto del virus no preocupa a los poderosos pues en su burbuja residencial se aplican los cuidados necesarios y se saben dueños de un sistema de salud en donde ellos son los beneficiarios privilegiados. El resto que se pudra, que trabaje y produzca para los dueños del poder, y consuma cuanta cosa el mercado pretenda venderle. El Gobierno y el señor Paris no ven el peligro de la segunda ola ni las necesidades del sector público de salud porque no les interesa, no forma parte de su real ocupación.
La desigualdad, la segregación, el descriterio sanitario, la ausencia de sentido social en las decisiones de los gobernantes son preocupaciones no menores que tienen al país en una situación dramática, aunque los informes oficiales se esfuercen en ocultar la crítica realidad sanitaria que enfrentamos. Este flagelo se convierte en incertidumbre en la medida que se aproxima la solución de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. La noticia de una pronta vacuna, lejos de ser un alivio masivo, para la gran mayoría de los habitantes del país es un factor más de agobio. En primer lugar, este gobierno no da ninguna garantía de que la opción de la vacuna que el Estado chileno vaya a adquirir sea la más efectiva para combatir el virus, y sea la más adecuada para la realidad nacional y para las limitadas condiciones de un sistema público de salud precarizado y desmantelado por estos mismos gobiernos empresariales.
No queda claro que la prioridad no esté puesta en los intereses empresariales de negociados con ciertos consorcios de la industria farmacológica, o no esté sometida a ciertas imposiciones ideológicas del imperio estadounidense. La actitud servil y mentalidad de colonia del gran empresariado chileno está demostrada en la historia nacional reciente si eso le reporta alguna prebenda en el patio trasero.
En segundo lugar, este gobierno no da ninguna garantía ni ofrece ninguna confianza de que la desigualdad y segregación crónica que impera en Chile no vaya a replicarse con idéntica crueldad en el acceso y la aplicación la vacuna. La perorata del presidente Piñera de hace unos días en donde trataba de explicar cómo se actuaría frente al arribo de esta medicina más bien pareció una justificación anticipada de las diferencias y discriminaciones que van a producirse en este asunto.
Este es un problema grave, en especial cuando la que debiese ser oposición y estar fiscalizando y velando por los intereses de las mayorías, está ocupadísima buscando fórmulas para lograr la salvación del modelo y de su propia continuidad política. De modo que, el acceso a la vacuna en condiciones de igualdad y equidad se convertirán, sin duda, en necesarias demandas de la población mayoritaria. De lo contrario, esto seguirá siendo un infierno y el Gobierno seguirá utilizando estos factores sanitarios y medicinales como mecanismos de represalia y de poder.
Con gobiernos de este carácter y gobernantes de esta calaña, como los que tenemos, el pueblo chileno no puede confiarse ni bajar los brazos. A un año de Wuhan seguimos como al principio, cuando la aparición de la pandemia fue vista por los gobernantes como una oportunidad y mecanismo propicio para aplastar al pueblo. Sigue imperando la misma lógica perversa de entonces.
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