La comunidad Chilcoco está asentada en a orillas del humedal Tubul Raqui, comuna de Arauco. Su historia es una muestra de los mecanismos del Estado y las empresas forestales para desarraigar a las comunidades mapuches de su territorio. Diversos documentos permiten a la comunidad aseverar que los terrenos que reivindican fueron usurpados y comercializados después. Desde 1867 data el traspaso de la superficie en litigio que "a pedimento de don Julian i don José Manuel Gaete, el Alcalde de Arauco Manuel Montalba en primero del actual mande dar copia legalizada de una posesión, la cual es del tenor siguiente... La entrega principio en el fundo Chilcoco (i la Quebrada)...". De esta manera, los Gaete se apropiaron de diversos predios. Durante cien años la comunidad impugnó esta ilegítima apropiación y producto de esta infatigable lucha, la descencia del los Gaete optó por donar el terreno a la Universidad de Concepción en 1963. Según el investigador Luis Llanquilef, en 1983, la UdeC, loteó el terrreno y lo vendió a Inmobiliaria Deportiva Universidad de Concepción S.A., la cual en 1985 lo revendió a la UdeC que finalmente "el 20 de Junio del 2002 lo vendió a Bosques Arauco S.A. con una superficie aproximada de 2.476,77 hectáreas".
El Lonco, Juan Roa Antileo relató a Resumen que Forestal Arauco llevó a la familia Ulloa Cisterna a vivir al fundo Chilcoco y, bajo el amparo de ésta, han emprendido diversos ataques en contra de la comunidad, los cuales han puesto en severo riesgo la vida de los comuneros. El 26 de noviembre del 2013, de parte de esta familia sufrieron un ataque armado sin que se establecieran responsabilidades penales y que ha sido relatado del siguiente modo por parte de la comunidad: "mientras preparábamos la tierra para cultivar, el día 26 de noviembre, fuimos agredidos por esta familia colona con escopetas que fueron disparadas y que hirieron al conductor del tractor e inutilizaron la máquina, provocando pánico, pérdida total de nuestras siembras al pasar el tiempo para hacerlo y perdida de la herramienta de trabajo al campesino dueño del tractor. Esta agresión incluyó una serie de insultos hacia nuestra madre, María Isabel Antiléo Huenumilla tratándola además de bruja, insultos y blasfemias hacia el pueblo Mapuche y cultura, amenazas de muerte y amedrentamientos para que abandonáramos nuestro territorio ancestral."
Por otra parte, Forestal Arauco también ha utilizado las viviendas de la familia Ulloa Cisterna como cuartel para empleados de la empresa CONMAX. Los sujetos que en ella se desempeñan son ex carabineros y ex militares dados de baja o en retiro y su función es acosar a los comuneros junto a efectivos de carabineros, pidiéndole explicaciones por acciones de las que presumen su ilegalidad, tales como el acarreo de leña. El Lonco agrega que "estos guardias, dentro del fundo, cortan puentes e inclusive produjeron el incendio que alcanzó las caletas Punta Lavapié y Llico. Ellos querian que el fuego se fuera a la comunidad, pero agarró para otro lado... Ahora se pasean por fuera ne nuestras rukas sacando fotos...nos disparan cuando pasamos por caminos interiores del fundo Chilcoco o cuando estamos cerca de la casa de los Ulloa".
Las faenas de cosecha forestal que la empresa Arauco realiza en el lugar ha contribuido a la alteración de la vida comunitaria, destruyendo diversos sitios ceremoniales. El 13 de diciembre de 2014, máquinas derribaron parte de Llallincura, piedra ante la cual se realizan diversos encuentros sagrados y en días posteriores han roto un rehue. No obstante, no ha sido el primero, pues ya se contabilizan varios ataques de este tipo, como fue la tala de árboles nativos y sagrados para la comunidad en el cerro Colo Colo el 2010, por la parte de la Municipalidad de Arauco. Lo cual motivó la presentación de un recurso de protección por parte de la comunidad Chilcoco, acogiéndose al decreto 169 de la OIT suscrito por el Estado chileno, el cual fue aceptado por al Corte de Apelaciones de Concepción.
La comunidad Chilcoco continúa disputando su derecho a existir, lo que implica la recuperación del territorio que actualmente habitan, a pesar del acoso. El rescate de de estos terrenos de manos empresariales constituye una tarea apremiante pues la intensidad de la degradación provocada por la industria forestal, en particular por sus monocultivos, amenaza con dejarlos en condiciones muy difíciles de restaurar. Ante este problema, el Estado parace practicar la misma política que en 1867, permitiendo que algunos usufructuen de un territorio, a costa del empobrecimiento de la comunidad.
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