El pasado 18 de noviembre se publicó en el Diario Oficial un nuevo proceso de licitación para el proyecto de embalse Punilla, esto se enmarca entre el fracaso de la anterior concesionaria Astaldi y la oposición que han manifestado las comunidades ñublensinas por las irregularidades presentes en la obra, además de la indolencia de las autoridades frente a los daños que el proyecto ha ocasionado en la zona.

Por Camila Fuentealba Ortiz

Habitantes de la localidad de San Fabián de Alico se enteraron mediante la prensa que el Estado insiste en ejecutar bajo las mismas condiciones el cuestionado embalse Punilla. Tras hacerse público el llamado para licitar nuevamente el mencionado proyecto, las más de 80 familias que esperan ser expropiadas se alarmaron por el futuro desarrollo de las obras que consta el embalse, sobre todo conociendo la situación en que sus vecina/os quedaron posterior al irregular desalojo del 2018.

Precisamente la falta de soluciones hacia quienes resultaron afectadas y afectados por las acciones realizadas por la empresa Astaldi en su fracasado manejo del proyecto, es una de las reclamaciones que la comunidad insiste en manifestar para que no prospere el desarrollo del proyecto.

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El abogado y asesor de las antiguas familias afectadas, Ricardo Frez, comentó que “todavía no existe un plan de relocalización ganadera”, refiriéndose a la inexistencia de soluciones por parte del MOP para aquellos que se dedicaban a la crianza de animales y que fueron desalojados por la fuerza producto del proyecto embalse Punilla.

Del mismo modo, quien además forma parte de la ONG Defensa Ambiental, declaró lo insólito que resulta el llamado a relicitar el proyecto bajo la misma Resolución de Calificación Ambiental que se aprobó en 2010.

En este sentido argumentó que la RCA del proyecto se encuentra totalmente obsoleta, ya que en 11 años, “no se ha planteado ninguna actualización a las reales condiciones socioambientales del territorio donde se pretende gestar el proyecto” enfatizó.

Finalmente, desde las comunidades del Ñuble afectadas por este megaproyecto, declararon que continuarán organizándose y emprendiendo acciones judiciales necesarias para que no se sigan vulnerando sus derechos, ni sacrificando el territorio en el que habitan.

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