La alta subnotificación de intoxicaciones agudas determina un desconocimiento público del problema en su real dimensión y genera impunidad respecto de los daños a la salud y al ambiente. A estos factores se suma la no adopción de políticas públicas preventivas y oportunas que garanticen la protección de la salud y el ambiente frente al grave problema de las pulverizaciones áreas y terrestres con plaguicidas altamente peligrosos.Por María Elena Rozas*
Comienza la temporada de aplicaciones con plaguicidas en el país y junto con ella el aumento de las intoxicaciones agudas por plaguicidas. En este período, que se concentra en los meses de septiembre a marzo, comunidades rurales del norte, centro y sur del país reportan problemas de salud y ambientales por fumigaciones aéreas y terrestres con plaguicidas en cultivos agrícolas y plantaciones forestales.
Los recursos de protección que se han presentado en lo que va corrido del año 2021 dan cuenta de la vulneración de los derechos de las comunidades rurales a vivir en ambientes libre de contaminación y de la existencia de normativas laxas e insuficientes que no protegen ni la salud y ni el ambiente. Los recursos de protección presentados por tres comunidades contra los responsables de pulverizaciones aéreas y terrestres con plaguicidas altamente peligrosos fueron acogidos por las Cortes de Apelaciones correspondientes a los sectores afectados. Al revés de otros sectores productivos la actividad agroexportadora no se ha detenido a lo largo de la pandemia del Covid19.
En los fundamentos de los amparos las comunidades entregaron pruebas de amenazas y graves daños a la salud y al ambiente, a la propiedad, y a los animales que habitan en lugares aledaños a las aplicaciones. Uno de los recursos de protección lo interpusieron en la Patagonia habitantes de Chaitén, de los sectores El Amarillo, Michimahuida, El Negro, y Santa Bárbara en la provincia de Palena por las aplicaciones terrestres, con el herbicida altamente peligroso glifosato, en la ruta 7 de la Carretera Austral, con el agravante de que el agrotóxico fue aplicado en la Zona de Influencia del Parque Nacional Pumalin Douglas Tompkins, área protegida por su importancia para la Biodiversidad.
Otro recurso de protección lo presentó Claudio Alcaíno Ponce, dueño de un criadero de fauna silvestre y granja educativa ubicada en San Rafael, comuna de Teno, Curicó, en la región del Maule, contra Agrizano, por vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación e infringir las normas reglamentarias existentes sobre plaguicidas.
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El recurso fue interpuesto contra Agrizano debido a que esta empresa ligada a la agroexportación, en el ejercicio de su actividad económica no cumplió la normativa, afectando la integridad física y sanitaria de quienes viven a su alrededor, especialmente por la contaminación de las aguas, contaminación acústica y por las graves afectaciones a la salud que ha sufrido la fauna silvestre por las aplicaciones constantes con plaguicidas. En la parcela habitan 58 especies de animales, incluso animales protegidos por estar en peligro de extinción.
En julio de 2021 la Corte de Apelaciones falló a favor de Claudio Alcaino porque se acreditó que se vulneró su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se dañó la salud de las personas y los animales y se conculcó el derecho de propiedad que detenta sobre sus bienes, especialmente el agua y los animales por las fumigaciones constantes de los avellanos europeos existentes en los predios colindantes a la granja de animales silvestres.
Por razones similares, comunidades mapuche del sector Calof de Puerto Saavedra, en el Wallmapu, interpusieron en mayo de 2021 un recurso de protección contra el responsable de la fumigación aérea con plaguicidas en cultivos de canola que afectó la salud de 1.500 familias, unas 5 mil personas, muchos de ellos infantes, causando la pérdida de sus cultivos además de daños al bosque nativo y árboles sagrados.
Alta subnotificación de intoxicaciones por plaguicidas
Aunque desde hace décadas las normativas sobre plaguicidas en el país y en el Cono Sur obligan a que las intoxicaciones agudas sean notificadas de inmediato por el médico tratante a los organismos responsables, esto no ocurre siempre, lo que incide en una alta subnotificación tanto en Chile como en los países de la región. Esta baja notificación se debe a diversas barreras de tipo monetaria, ocupacional, geográfica y hasta cultural.
Los responsables de notificar son el médico tratante o el director de los establecimientos de salud públicos o privados y los laboratorios que realizan exámenes de efecto o exposición a plaguicidas, sin embargo, rara vez lo hacen. Además, las intoxicaciones con plaguicidas se dan con mayor frecuencia en sectores rurales, donde, con frecuencia, existen conflictos de intereses unidos entre las empresas agroexportadoras y los funcionarios de los servicios públicos debido a interacciones frecuentes entre ambos que en ocasiones influyen en las decisiones de los funcionarios.
También ocurre que muchos médicos o doctoras no han recibido una formación adecuada sobre los accidentes con los plaguicidas, son rotados rápidamente en sus cargos, y/o los organismos privados de salud o las asociaciones de seguridad del trabajador no denuncian las intoxicaciones agudas con plaguicidas.
La alta subnotificación de intoxicaciones agudas determina un desconocimiento público del problema en su real dimensión y genera impunidad respecto de los daños a la salud y al ambiente. A estos factores se suma la no adopción de políticas públicas preventivas y oportunas que garanticen la protección de la salud y el ambiente frente al grave problema de las pulverizaciones áreas y terrestres con plaguicidas altamente peligrosos.
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En el país, en la década comprendida entre 2008 y 2018 se notificaron 7.366 intoxicaciones agudas. Según evaluaciones de los servicios de salud, se estima, en un escenario conservador, que por cada caso notificado hay 5 sin notificar, por tanto, hay anualmente cerca de 3.500 intoxicados por plaguicidas. En ese período hubo 80 muertos por plaguicidas y en algunos años, hubo más de 800 intoxicados anuales. Muchos de estos casos, derivan en intoxicaciones crónicas y efectos negativos a la salud que van desde alteraciones a los sistemas nervioso, endocrino, inmunológico y reproductivo hasta enfermedades como cáncer, entre otras dolencias asociadas a la exposición frecuente a plaguicidas.
Subnotificación y malas prácticas agrícolas
Son innumerables los casos de intoxicación aguda por plaguicidas no reportados por los servicios de salud. Entre los innumerables eventos que comprometen seriamente la salud y el ambiente, destacan los casos ocurridos en el sur del país, especialmente en la Araucanía, donde prácticamente no se notifica a pesar de las frecuentes aplicaciones aéreas en monocultivos forestales y agrícolas, algunos de ellos dedicados a la agroexportación.
Ilustra esta situación el caso ocurrido en marzo de este año cuando unas 5.000 personas de trece comunidades mapuche lafkenche de Puerto Saavedra, especialmente niñas y niños, presentaron vómitos, diarreas y dolor de cabeza a raíz de las pulverizaciones aéreas con plaguicidas en cultivos de raps (canola). Sin embargo, ante la consulta de RAP-Chile si habían acudido a los servicios de salud, la presidenta de una de las comunidades afectadas, Lucinda Catrilef, respondió, “no, nadie de los afectados fue al hospital, solamente una persona que tenía vómitos pudo ir y le dieron diagnóstico de ansiedad. Les recomendé ir al hospital, pero la gente no lo hizo, además había cuarentena”.
En el centro-sur, en septiembre de 2020 ocurrió un caso de intoxicación por plaguicidas en el sector norte de la comuna de Teno, donde está instalada la empresa Agrizano (productores de avellanos) que ha sido multada por la Seremi de Salud del Maule en varias oportunidades debido al precario manejo de agroquímicos. Según fue reportado a RAP-Chile, después de una aplicación con Quilate (acetamiprid), una vecina que habita próxima a los cultivos de avellanos acudió al hospital porque presentó síntomas de intoxicación, cefalea, vómitos, disnea, entre otras afecciones. La doctora que la atendió se desentendió del caso, señalándole que si estaba interesada hiciera la denuncia al Ministerio y que un solo caso de intoxicación no ameritaba adoptar mayores medidas. Cabe destacar, que Agrizano S.A, al año 2020 tiene 7 sumarios sanitarios.
En agosto de 2021, en María Pinto, región Metropolitana, a raíz de la aplicación de Lorsban (clorpirifós) y Gramoxone (paraquat) vecinos próximos al sector resultaron con síntomas de intoxicación aguda. Uno de los vecinos realizó por cuenta propia denuncias a salud y ambiente, pero sin la seguridad de que ésta haya sido debidamente notificada al SEREMI de la región.
En el norte, en Coquimbo, en julio de 2020, vecinos de Las Barrancas denunciaron que las pulverizaciones que realiza la empresa agrícola San Osvaldo, la más grande productora de cítricos de Chile, ponen en riesgo la salud de las familias, animales y las abejas que habitan en el sector. Aunque los vecinos han realizado denuncias al Seremi de Salud de la región de Coquimbo, no han tenido resultados y las intoxicaciones que sufre la población, no son notificadas como obliga el decreto 88 de 2004 del Ministerio de Salud.
También en la región de Coquimbo, en septiembre de 2021, vecinos de Chañaral de Carén, denunciaron que la empresa CARSAL, productora de una uva de mesa de exportación, entre ellas de la variedad Carsal Seedless, mantenía un vertedero de envases vacíos con toda clase de plaguicidas. En el basural se pudo constatar la existencia de un cúmulo de envases de diversos fertilizantes, entre ellos Nutrien y Biozyme y plaguicidas como kresoxim metilo, espinoteram (Delegate), tóxico para las abejas.
También se encontró, el fungicida Luna Tranquility de Bayer, etiqueta amarilla, clasificado como nocivo, que tiene como ingredientes activos a fluopiram y pirimetanilo. Ambos plaguicidas causan un aumento en la incidencia de tumores en ratas; fluopiram en hígado y pirimetanilo en tiroides. Además, fluopiram causa toxicidad a la reproducción en estudios de dos generaciones en ratas. Cabe señalar que la empresa CARSAL no solo contamina el ambiente con plaguicidas, hace un año, perpetró un crimen ambiental, al devastar la flora ribereña del Río Grande. La empresa taló molles, algarrobos, pimientos, sauces, espinos, chañares, entre otras especies que existían en el valle del Río Grande en la comuna de Monte Patria. Además de arrasar contra toda la flora emplazada en un bien nacional de uso público como es la zona ribereña, taló especies protegidas como chañares.
Frente a esta situación, Aníbal Carmona, presidente del Comité Ambiental Comunal, hizo un llamado a fortalecer las redes de denuncia, monitoreo y fiscalización de la aplicación de estos venenos en el aire, agua, tierra y cuerpos de los habitantes de la comuna. “Por mucho tiempo nos hemos resignado al abuso y a la injusticia, nos sentimos desamparados frente a leyes débiles”.
Para enfrentar estos crímenes ambientales que atentan también contra la salud de toda la población desde el Comité Ambiental Comunal se han propuesto poner fin a las malas prácticas agrícolas a partir de un cambio de actitud de la población. Agregan, “pero como la gente no conoce la ley ni los mecanismos para denunciar, finalmente se terminan normalizando prácticas peligrosas para la salud de quienes habitan los territorios y particularmente de las y los trabajadores agrícolas y vecinos; de ahí la urgencia de poner fin a esta situación”.
Las lapidarias conclusiones del informe de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Servicio Agrícola y Ganadero SAG, ratifican lo denunciado por la comunidades y por RAP-Chile y dejan en evidencia las deficiencias que arrastra esta entidad pública, en cuanto a la fiscalización y registro de plaguicidas. Entre otras irregularidades están la autorización de plaguicidas altamente peligrosos con base sólo en los documentos de las empresas productoras de agrotóxicos, sin realizar evaluaciones independientes de sus impactos en la salud y el ambiente.
Intoxicaciones por plaguicidas a nivel global
Sobre la base de una evaluación de datos de envenenamientos disponibles de países en todo el mundo, investigadores de PAN Internacional concluyeron que hay alrededor de 385 millones de casos de envenenamientos agudos cada año, frente a 25 millones de casos estimados en 1990.
En Chile, en especial en sectores rurales, la población se ha visto cada vez más afectada en su salud debido a un mayor uso de plaguicidas, incluso muchos de ellos prohibidos en Europa y Estados Unidos, y a regulaciones laxas. En el país en 2019 la importación de plaguicidas fue de 52.770 toneladas mientras que en 2020 alcanzó a las 74.034 toneladas.
Según el informe de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile realizado en 2020, en el país se importan y usan plaguicidas que la Unión Europea, tercer socio comercial de Chile, dejó de lado por ser altamente peligrosos. De 109 plaguicidas altamente peligrosos registrados (2020) hay 54 principios activos y sus respectivas marcas comerciales que no están aprobados por la Unión Europea (49.5%), entre otros, clorpirifós, benomil, carbarilo, iprodiona, mancozeb, permetrina, metidation, diazinon, fipronil.
En este escenario, es necesario que las autoridades den un mayor impulso a la entrega de información a las y los trabajadoras (es) agrícolas y a toda la población sobre los daños causados por los plaguicidas a la salud y el ambiente, también a las medidas de prevención, empezando por la cancelación del registro de los plaguicidas altamente peligrosos. Además, se requieren nuevas normativas sobre fumigaciones aéreas y terrestres que garanticen la protección de la salud pública y ambiental, y el cumplimento de las normas vigentes de prevención laboral y de disposición final de envases y residuos peligrosos.
La agricultura orgánica y la agroecológica son herramientas útiles para producir alimentos sanos, y además contribuyen a revalorizar los mercados locales y territoriales y a mitigar el cambio climático.
*Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile, RAP-Chile
Alonso de Ovalle N°1618, oficina A, Santiago de Chile.
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