Este martes, se realizó un paro nacional en distintos centros de educación, sobre todo universidades y colegios municipales. Miles de adherentes se convocaron en Plaza Perú y en la Universidad de Concepción para iniciar una marcha por las calles penquistas, las cuales quedaron copadas por la columna de profesores y estudiantes.

Esta marcha demostró, nuevamente, cuál es la voluntad popular, que insiste en las exigencias históricas del movimiento social, como el fin al lucro en la educación, que ésta esté garantizada por el Estado y que los actores puedan decidir qué se hace en los establecimientos, sin seguir obedeciendo planes y órdenes dictadas desde la institucionalidad e incoherentes a su realidad y sus propósitos.

En cuanto a los estudiantes, se hicieron patentes cuestionamientos a cerca de los métodos utilizados hasta ahora, en tanto el Gobierno y la clase política han optado por perpetuar lo que en su propio discurso electoral dicen que es necesario cambiar. De este modo es como amplios sectores estudiantiles se definen como escépticos a que el Estado ceda a estas exigencias, en las condiciones organizativas en que está la comunidad, por lo que han determinado como necesario el estrechamiento de vínculos con otros sectores, tales como trabajadores y pobladores. Es un escepticismo que abre un desafío para dar una lucha más contundente.

La represión ante la protesta social se hizo sentir de similar manera a las anteriores ocasiones. En medio de un sinnúmero de denuncias de torturas, agresiones sexuales, golpizas, detenciones ilegales, incluso a reporteros, carabineros volvió a actuar, tomando detenidos a 35 estudiantes, a los que se les acusa de desórdenes públicos, cargo habitual, por el que se castiga la movilización que sale de los márgenes permitidos por la institucionalidad. También se registró la agresión y detención a un reportero de Prensa Ciudadana y también el forcejeo con reporteros. El ensañamiento en que han incurrido carabineros, en contra de los reporteros, pareciera estar digitado de la propia institución, pues sostenidamente en las últimas movilizaciones han habido detenciones, cómo el propósito fuera apartarlos de los hechos que intentan ocultar.

Por su parte, los profesores expresaron una masiva adhesión, extendiéndo su columna por tres cuadras. Provenientes de toda la provincia de Concepción y Arauco, plantearon la necesidad de que haya una completa reforma educacional, terminando con las pruebas estandarizadas como garantes de la calidad de educación, terminando con la Jornada Escolar Completa que genera una atmósfera angustiante para todos los que debe someterse a ella, abriendo espacios de capacitación y reflexión real para los trabajadores escolares y posibilitando su participación en las políticas que les competen.

Sin embargo, hay un proyecto de ley que merece el rechazo urgente y contundente de parte de los profesores. Este es el que establece el Sistema de Promoción y Desarrollo Profesional Docente del Sector Municipal, que modificará el Estatuto Docente, imponiendo las siguientes medidas:

-Se fija un Examen Inicial de Excelencia Profesional Docente. Con este rimbombante nombre se intenta establecer la idea de que la calidad docente estará garantizada desde un comienzo, pues quien no apruebe este examen, no podrá ejercer como profesor.

El Gobierno no reconoce que el hecho de que haya un profesor, según sus criterios, recién egresado y mal preparado es responsabilidad de la institución que lo ha promovido como tal, pues este trámite ha dependido de ella y lo ha realizado amparándose en la acreditación que el propio Estado le ha otorgado. En la práctica, podemos tener a un recién egresado de pedagogía reprobado en este examen, pero a una institución que nadie cuestiona y que ya se ha embolsado todo el dinero respectivo de los aranceles. Es decir, se castiga al "mal cliente", que no eligió el centro de estudios que lo preparara satisfactoriamente. La institucionalidad no se cuestiona.

-Se establece que el Director, junto al Jefe de UTP y un profesional designado por el primero, quedarán a cargo de seleccionar al resto del personal del establecimiento. Los criterios no se especifican.

-El Ministerio de Educación realizará pruebas que medirán "conocimientos y habilidades" del profesor. Los criterios estarán puestos unilateralmente por el Ministerio.

-También habrán evaluaciones de "desempeño" hechas por el propio Director, donde sus criterios de evaluación son vagamente mencionados: "habilidades personales, conductas de trabajo, conocimientos disciplinarios, planificación, desempeño en aula y nivel de aprendizaje de los alumnos". Estos indicadores determinarán si un profesor se encuentra en un nivel Inicial, Preparado, Avanzado o Experto, validando la asignación de distintas cantidades de dinero en la parte variable del salario del docente. Si los profesores son evaluados como Inicial o Preparado, no tendrán acceso a ninguna asignación especial.

Esta variabilidad en los salarios toma un carácter más nocivo aún cuando se lee que "la categoría de desempeño más alta no podrá concentrar a más de 20% de la dotación comunal. La categoría siguiente deberá agrupar entre 30% y 40% de la dotación, y la tercera no podrá exceder 35% de la misma. Los docentes agrupados en las dos últimas categorías no podrán recibir la asignación por desempeño". Es decir, antes de evaluar, se impone la norma que no pueden ser más del 20% de los profesores de la municipalidad que sean considerados expertos.

Los límites que establece esta ley en cuanto al número de profesores con distintos "desempeños", indica que el proyecto tiende a hacer competir entre compañeros para alcanzar las categorías que les mejorarían el sueldo y les otorgarían una cierta estabilidad laboral. La imagen que evoca esta medida son los docentes convertidos en perros peleándose un hueso que nunca saldrá del control del Director del establecimiento.

-Cómo ha sido mencionado, el sueldo del profesor estará divido en un base y un variable que dependerá de estas evaluaciones. También dependerá de éstas, su permanencia laboral, especialmente de la evaluación del Director. El proyecto de ley asevera que se "faculta al sostenedor, a proposición del Director, a poner término a la relación laboral de un docente cuyo desempeño no es el adecuado".

-Se disminuyen las horas lectivas para el profesor. Es decir, si tiene un contrato por 44 horas de trabajo, con este cambio sólo deberá hacer 31 horas de clase como máximo. De  esto se deduce que se reservará un 30% de la jornada de trabajo para tareas de planificación u otras actividades, que hasta ahora sólo representan un 25% de la jornada. Ante este cambio, el Movimiento por la Unidad Docente (MUD) plantea que es insuficiente, pues los países de la OCDE, con quienes el Gobierno compara sus políticas, reservan un promedio del 44% de la jornada en actividades de preparación de clases.

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