En estos días, se ha puesto en el tapete público el papel del Estado posterior al terremoto del 27 de febrero, a propósito de las demoliciones de edificios en Concepción. El gobierno al fin se ha comprometido a utilizar fondos públicos, en virtud de una circular de la Contraloría General de la República que se sujeta a la ley especial creada posterior al terremoto de 1960. De esta manera, los propietarios de departamentos han podido librarse de la norma que impone su responsabilidad en las demoliciones.

Se trata de una decisión que costó y demoró mucho. Efectivamente, a los propietarios de edificios residenciales en Concepción –la ciudad con más edificios afectados por el terremoto en el país- les costó conseguir que el Estado asumiera un papel responsable ante la catástrofe que afectó a miles de familias. Lo curioso para nosotros está en la ausencia de las empresas inmobiliarias y constructoras en la responsabilidad ante estos graves problemas. Aunque parezca ridículo, constructoras que tienen la mayor responsabilidad, que ameritan la condena social y judicial por la construcción de edificios colapsados, han participado de candidatas para ganar nuevos proyectos DEMOLIENDO SUS PROPIAS OBRAS. Obras desastrosas, como el Centro Mayor, construido por JCE y estabilizado para su demolición… por JCE.

Luego viene la pregunta: ¿dónde estaban los fiscalizadores? La ley señalaba hasta hace unos años que la fiscalización de obras de edificación era papel de los municipios a través de sus departamentos de obras. Esta norma cambió antes de construirse muchos de los edificios colapsados el 2010, y dejó esta función a los propios privados, a las mismas empresas, que para tal efecto deben contratar a una empresa que preste servicios de inspección de las obras.

En definitiva, pareciera ser que los largos procesos judiciales llevarían a tener alguna respuesta más adelante para que las empresas respondan por los costos de estas obras. Sin embargo, por ahora el Estado ha asumido las demoliciones de edificios que cumplirán dos años en ruinas, atormentando a una población marcada por la catástrofe. Una medida mínimamente decente. Pero esto sigue dejando las cosas en el aire en muchos terrenos.

Nuestra opinión es que es impresentable que las empresas sigan ganando a manos llenas, mientras cientos de miles sufren las consecuencias del terremoto. Es incomprensible que las grandes empresas privadas puedan esquivar con tanta facilidad sus responsabilidades bajo las barbas del Estado, garante del bien público, que aquí sí hace cumplir el principio de que estos son conflictos “entre privados”. Es más, no cabe en ninguna cabeza que el dueño de una de las empresas responsables, el empresario Fernando Echeverría, nada menos que uno de los dueños de JCE, haya asumido como intendente de Santiago a días de que sus edificios colapsaran, e incluso pretendido ministro de energía, de lo que debió desistir por evidente conflicto de intereses. Recordemos que Santiago fue una de las ciudades afectadas por el terremoto, donde a fines de marzo de 2010, según CIPER, se contabilizaban en 2.600 los copropietarios que debían abandonar sus departamentos. Esto a nuestro juicio describe claramente quiénes gobiernan en Chile, y no durante este solo gobierno, sino hace décadas.

Pero queda por preguntarse cómo resuelve el Estado la situación de los más débiles en similares circunstancias. Miles y miles de familias de barrios sociales, cuyos edificios fueron afectados por doble causa: el terremoto y la expropiación. Un problema que se extiende en todo el país, como lo demuestra el caso de Dichato o de Constitución. En nuestra intercomuna destacan las miles de familias de Centinela en Talcahuano, Villa Futuro en Chiguayante y Camilo Olavarría en Coronel. Engañados por la intendenta Jaqueline Van Rysselberghe, postergados por las autoridades, se les hizo desmantelar sus hogares bajo promesas que nunca se cumplieron. Y luego forzados a la expropiación, trasladados a mediaguas, aunque en muchísimos casos no existiera la condición de inhabitabilidad. Aquí hay procesos irregulares y el Ministerio de Vivienda no ha cambiado la lógica seguida; por el contrario, Sergio Jara, director de SERVIU del Bio Bio, anuncia como si nada que la estrategia es “mantener esta hoja de ruta”, a la vez que el gobierno regional hace pompa de “nuevas estrategias” por causa del terremoto.

Para las clases más pobres no hay contemplación, porque en sus barrios no hay abogados ni ingenieros, y menos empresarios. Ahora tendremos una severa crisis a causa del modelo que dicen defender, lo que deja en la incertidumbre cuánto de lo poco que alcanza para estas masas de abandonados llegará a ser cierto.

Eduardo Ampuero Cárdenas

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