La Central hidroeléctrica Rucalhue está, como diríamos, “en la quemá”. Estaría a punto de decidirse si otorgar, o no, el último permiso ambiental que necesita el proyecto energético que -de construirse- sería la cuarta represa en el río Biobío, ya intervenido por los enormes represas de Pangue, Ralco y Angostura, con sus enormes secuelas ambientales y sociales, especialmente, en el pueblo Mapuche-Pehuenche.Por Cristián Opaso
Rucalhue, de 90 MW, hoy en manos de la empresa estatal China International Water & Electric Corporation (CWE), subsidiaria de la estatal Three Gorges Dam, ha podido avanzar muy poco en su proyecto durante el último año, a pesar de tener su RCA (Resolución de Calificación Ambiental) aprobada desde el año 2016. Esto debido, principalmente, a la férrea resistencia de las organizaciones de jóvenes que por meses se tomaron la central y que han seguido maniféstandose en un ambiente cada vez más represivo.
Pero también por las acciones legales y políticas que han desencadenado, entre ellas, los recursos de protección interpuestos por la Municipalidades de Quilaco y Santa Bárbara y el plesbicito comunal que gatillaron en la Municipalida de Quilaco, en que más del 90 por ciento de los que votaron lo hicieron en contra del proyecto hidroeléctrico que pretende inundar la junta de los ríos Quilmes y Biobío y anegaría 7 kilómetros del río principal. Pero son dos especies nativas, el guindo santo (Eucryphia glutinosa) y el naranjillo (Citronella mucronata), endémicas de nuestro país que estarían siendo el principal escollo legal para la implementación del proyecto.
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Ambas están protegidas por ley y declaradas vulnerables. Tras más de un año de intentos por parte de la empresa de obtener un “Permiso excepcional para intervenir especies protegidas por la Ley de Bosque Nativo” que permitiría la “intervención de especies vegetales nativas en estado de conservación o la alteración de su hábitat”, sus esfuerzos han sido infructuosos.
Para ser otorgado el permiso de CONAF se debe certificar que se cumplen tres condiciones: “No amenacen la continuidad de la especie al nivel de la cuenca o excepcionalmente fuera de ella”; “sean imprescindibles de ejecutar y que tengan por objetivos la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras” y finalmente que sean “de interés nacional.” Durante el proceso que se lleva a cabo desde fines del 2020 y que se ha suspendido para pedir mayores antecedentes, han habido ministerios y servicios que lo han aprobado (Minería, Energía, SAG y DGA), pero otras importantes instancias lo han rechazado de manera contundente.
Tal el caso del Ministerio de Medio Ambiente, las Municipalidades de Quilaco y la de Santa Barbara. Esto además del Gobierno Regional de Biobío que se pronunció en contra en enero de este año.
Hoy estaría en manos de CONAF la resolución del crucial permiso, decisión que el servicio pudiese tomar prontamente. De respetarse la opinión del Ministerio de Medio Ambiente, las Municipalidad locales y el Gobierno Regional, CONAF debiese rechazar el permiso, abriendo la puerta para una eventual re-evaluación ambiental del proyecto y/o su eventual desestimiento por parte de la empresa.
Sin embargo, recientes actuaciones en relación al proyecto de parte de funcionarios locales de CONAF siembran dudas respecto a la eventual decisión que adoptará la corporación. Las actuaciones tienen relación precisamente, con la alteración del habitat de las especies protegidas (permiso que hasta el día de hoy NO tienen). Estas violaciones pese a haber sido observados por funcionarios, no habrían sido adecuadamente registradas ni hechas las denuncias correspondientes ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Los hechos son confirmadas por cartas y oficios que fueron obtenidas por Ley de Transparencia y compartidas con este medio por particulares comprometidos con la defensa del río.
Intentamos conocer los detalles y consecuencias de las actuaciones develadas por los documentos con la oficina central de CONAF en Santiago, pero el servicio se negó a otorgar una entrevista a este medio.
El zorro cuidando al gallinero
A raíz de las peticiones de información pedidas por Transparencia relativas a los permisos que está intentando obtener el proyecto Rucalhue ante CONAF, fue despachado el 16 de febrero del 2002 el Memorandum nº 934/2022 de parte de Bernardo Martínez Aguilera, gerente suplente de Fiscalización y Evaluación Ambiental de CONAF central, al jefe suplente del mismo departamento en la Octava Región. Allí se informa que tres profesionales habrían fiscalizado el proyecto Rucalhue el año 2020 y que -a pesar de haberse observado intervenciones y alteraciones de hábitats de una de las especies protegidas- no se habría dejado constancia por escrito de los hechos.
Según el memo “Los días 3 y 4 de diciembre de 2020 dentro del contexto de la evaluación del citado proyecto, Rodrigo Fuenzalida profesional de la VIII Región y los profesionales del Departamento de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OC (Sres. Marcelo Hernández y Simón Devia), visitaron en terreno el proyecto, donde se detectaron dos situaciones de intervención en el proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue, una en el tramo de una línea eléctrica que pasa por el predio donde se emplaza el proyecto y otra a orilla de rio donde se intervino y alteró el hábitat de guindo santo (Eucryphia glutinosa (Poepp. & Endl.) Baill). Estas dos situaciones, fueron comunicadas verbalmente a la encargada de medio ambiente de la empresa, quien acusó recibo.” (ed. destacados nuestros)
Al responder rápidamente, el mismo 16 de febrero, el oficio de Santiago respecto a la fiscalización incompleta y fuera de protocolo, el Jefe suplente de la Octava Región informa que Fuenzalida (quién solo informó verbalemnete, sin hacer informe escrito) había enviado correo a la Oficina Provincial de Los Ángeles, agregando que el Jefe Provincial y otro alto funcionario habían visitado la zona y negado lo observado por los tres fiscalizadores anteriores, ¡absteniéndose nuevamente de generar un informe escrito de fiscalización! Las razones aducidas esta vez fueron la pandemia y el exceso de trabajo.
“El encargado de Fiscalización Provincial Luis Troncoso junto con el Jefe Provincial Miguel Muñoz, visitaron la zona y constataron que a su juicio no existían irregularidades o cortas no autorizadas en el sector, situación a la que además debido a la contingencia y alta carga laboral que existía en su momento, no dio espacio a generar informe de fiscalización que reflejara lo evidenciado en terreno” señala textualmente el memorandum mandado a Santiago. (ed. destacados nuestros).
Cual premio de consuelo, la misiva termina informando que “existe un informe de fiscalización en el lugar que deriva de una denuncia efectuada por el Sr. Freddy Garay Castillo, la cual se adjunta a este Memorandum”. El informe, esta vez sí ingresado por escrito, como siempre correspondería, aduce que se habría constatado una corta de pinos y nada dice de la intervención del guindo santo que ya habría ocurrido, según la constatación de los otros tres fiscalizadores de CONAF en diciembre del 2020, aduciendo esta vez como razón que no se habrá podido fiscalizar por no haber condiciones de seguridad “...existe un sector con Bosque Nativo, en el cual se encuentra una toma de terreno, sector que no fue visitado producto que no existen las garantías de seguridad para realizar la inspección.” dice la misiva.
En la carta posterior al denunciante particular que gatilló esa fiscalización, el señor Freddy Castillo Garay, se le informa sobre la imposibilidad de ingresar a todo el sector y además se le agradece “su colaboración y preocupación por el medio ambiente”. ¿Porqué tan rápida fiscalización y respuesta, por escrito, a quien aparece como un particular cualquiera? Resulta que Freddy Castillo, según su propio perfil en Linkdin, trabajó como Extensionista Forestal en CONAF de Los Ángeles desde enero del 2017 a agosto del 2020. Además estuvo a cargo de la gestión técnica de un proyecto de reforestación de 700 hectáreas que surgió como compensación del boque nativo destruído por el proyecto hidroeléctrico de Ralco. Por si todo esto fuese poco, ha trabajado directamente para el proyecto Rucalhue (desconocemos, pero no descartamos, que lo siga haciendo hasta el día). De hecho el 5 de Marzo del 2021 participó junto a representantes de la empresa CWE en una reunión sostenida entre la empresa y jóvenes que mantenían tomado el sector.
¿Y qué pasa con la Superintendencia de Medio Ambiente?
Pero además del manto de dudas que siembra la irregular y poco protocolar actuación de algunos funcionarios de CONAF en torno a la intervención en el habitat del guindo santo por parte de Rucalhue, violación admitida informalmente por ellos mismos, están las consecuencias que estas violaciones debiesen tener, no sólo en el potencial otorgamiento de permisos especiales para cortar guindo santo y naranjillos, sino también en el seguimiento de la Resolución de Calificación Ambiental otorgada en 2016, a cargo no solo de la SMA, sino con un papel protagónico de CONAF. Según la página web de la CONAF “una de las funciones que desempeña la Sección de Fiscalización y Supervisión Ambiental dice relación con la verificación de compromisos ambientales fiscalizables en el ámbito de las competencias de CONAF., que se hayan originados por proyectos sometidos al Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (SEIA), que cuenten con una Resolución Calificatoria favorable (RCA) y aquellos proyectos que cuenten con una Resolución Fundada aprobada y vinculada al artículo 19 de la Ley N° 20.283.”
Además se agrega que “a partir del año 2012 se ha incorporado otra función de vital importancia, que es actuar en representación de CONAF como contraparte en la encomendación de fiscalización efectuada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), desarrollando la ejecución de inspecciones, mediciones y análisis que se requieren para el cumplimiento de los programas y subprogramas de fiscalización asignados por dicho Organismo”.
De existir, como se deduce, una estrecha colaboración la Superintendencia, ¿no debiese haberse informado por escrito, iniciada una medida provisional o un proceso sancionatorio ante la SMA por la afectación del guindo santo? Según la ficha de fiscalización del proyecto, nada de esto ha sucedido. (Ver ficha) Es más, la SMA tampoco ha procesado un reclamo formal más amplio contra Rucalhue ingresado hace ya muchos meses por una organización de la zona y tampoco ha contestado un oficio inquiriendo sobre el tema que mandara el Diputado Félix Gonzalez el año pasado.
La iminente decisión de CONAF
Pero no todos los funcionarios y fiscalizadores de CONAF parecen comportarse de la misma manera. El 31 de enero de este año 2022, Rodrigo Munita, director nacional de la CONAF, mandó una misiva a Han Zhang, representante legal del proyecto Rucalhue, exiguiéndole mayor información respecto a observaciones de algunos de los que se opusieron a la declaración de interés nacional (como se le conoce también a los permisos excepcionales), entre ellos el Ministerio de Medio Ambiente y Municipalidades de Santa Barbara y Quilaco.
La carta señala que “...se hace presente a usted que, a contar de la fecha de la presente Carta Oficial, se suspende el plazo de tramitación de su solicitud en base a lo dispuesto en el artículo 31° del Reglamento General de la Ley N.º 20.283, hasta la fecha de recepción oficial por parte de CONAF de las respuestas emitidas por el solicitante” dice la misiva, agregando además que “...el plazo para la remisión de los antecedentes adicionales necesarios para determinar la admisibilidad de su solicitud no deberá exceder de los 30 días hábiles desde la notificación del presente Oficio, los cuales deben ser ingresados a la casilla [email protected].”
El plazo máximo para que la empresa los remita vencería el 14 de marzo (considerando 30 días hábiles administrativos desde el 31 de Enero). Pero eso es el plazo máximo. Nada dice que no lo puedan hacer antes. Y nada asegura totalmente que CONAF finalmente decida (incluso antes del cambio de mando) que -a pesar de las irregularidades que denunciamos y las oposiciones claras y contundentes del Ministerio de Medio Ambiente, Municipalidades de Santa Barbara y Quilaco y el Gobierno Regional- declarar que es de “interés nacional” que el proyecto Rucalhue destruya ejemplares y habitat de Guindos Santos y Naranjillos, dos especies protegidas por ley y facilite así se implemente otro destructivo proyecto hidroeléctrico en el Biobío. ¡Sería una verguenza!
