Javier Arroyo Olea / resumen.cl
Los primos Tralcal, condenados por el caso Luchsinger Mackay, han cumplido más de un año en cárcel -de manera continua- a partir de su detención a finales de febrero de 2019 dentro del Centro Penitenciario de Temuco. En este marco, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel solicitaron el abono en sus actuales condenas a partir de su procesamiento en el llamado “caso Tur Bus” entre 2009 y 2013, del cual resultaron –al igual que el resto de las personas imputadas- absueltos de los cargos que se les presentaban.
La respuesta, por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, se dio a conocer este martes 14 de abril, confirmando la resolución que “ordenó abonar 1389 días para Luis Tralcal Quidel y 1297 días para José Tralcal Quidel”, siendo aprobado para la condena que actualmente cumplen los imputados.
En conversación con Resumen, Juan Carlos Tralcal Lleuful –hijo de José Tralcal Coche- explicó que “el abono consiste en un beneficio que se les otorga a todos los presos por haber estado, en este caso, privados de libertad por una causa de la cual fueron declarados inocentes”. En ese sentido, la actual condena que cumplen la cataloga como parte de una “sumatoria de persecuciones políticas” debido a que, tal como ocurrió en el caso Tur Bus, no se han presentado pruebas empíricas o declaraciones fidedignas que entreguen antecedentes que demuestren la participación de los primos Tralcal en la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.
La situación actual permitiría, en un tiempo más, que los actualmente condenados puedan optar a obtener un beneficio respecto a las medidas cautelares. Sin embargo, Juan Carlos extiende el llamado a “estar atentos a que Gendarmería cumpla esos protocolos y también a que se esté atento a la situación en la que se encuentran los presos”, en el marco de la crisis sanitaria que se vive en los recintos penitenciarios.
Asimismo, la situación judicial del caso considera, actualmente, la espera de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de un informe enviado en abril de 2019 por parte del equipo de CidSur para revisar la condena que sentenció el poder judicial chileno.
