[resumen.cl] Tras una serie de errores y cantinfleos, que primero dejaron a Universidades Estatales fuera de la gratuidad, y que posteriormente dejaron a miembros del G9 fuera de posibilidades de acceder a la gratuidad por un error de redacción, finalmente este miércoles por la tarde el Congreso aprobó la mentada Ley Corta de Gratuidad, una modificación presupuestaria mediante la cual el Gobierno logró evadir al Tribunal Constitucional tras alcanzar un acuerdo con la derecha. Se espera que el beneficio alcance a 200 mil estudiantes.
La negociación para salir del entuerto que se veía venir desde que Eyzaguirre estaba en la cartera de Educación, implicó aumentar al doble el financiamiento del fondo de fortalecimiento de las universidades estatales, de 2 mil 500 a 5 mil millones, además la incorporación gradual de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales a la gratuidad en un plazo de 3 años y finalmente el aumento de la beca Nuevo Milenio 3, de 900 mil a 1 millón 500 mil pesos.
La jornada estuvo marcada por las discusiones acerca del fallo del TC, al que la derecha amenazó con recurrir una vez más si no se accedía a sus peticiones. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional tiene una composición eminentemente política, un negociado de los partidos tras bambalinas y cuyo concepto fue definido por Jaime Guzmán, padre de la UDI. Su rol es “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque –valga la metáfora– el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”
Justamente lo que sucedió con el fallo y sin él, en la medida que el gobierno cedió en una serie de puntos exigidos en el Congreso bajo la sombra del fallo del TC.
Es decir, la ambiciosa “Reforma Educativa” que nunca fue, cedió ante la presión de los que exigían igualdad de trato hoy, pero que llevan décadas defendiendo el lucro en la educación.
La nueva “arquitectura” de la gran reforma que estaría por venir se saca del molde de lo actualmente votado en el Senado. Un punto bastante llamativo, es como se abren los recursos públicos a los planteles privados. Se exige que las instituciones sean sin fines de lucro, pero se olvida intencionadamente que a pesar de la prohibición del lucro en la educación, estas instituciones se aprovecharon de una serie de resquicios legales para realizarlo de todas formas. ¿Por qué no habrían de hacerlo ahora?
La votación en el Congreso no contó con la participación del principal actor social que puso en el tapete el tema de la gratuidad en la educación: el Movimiento Estudiantil. A pesar de tener un pobre 2015, los estudiantes universitarios advirtieron que desde el primer día del 2016 volverá el descontento a las calles.