Un informe final con fecha 11 de octubre emitido por la Contraloría Regional del Biobío dio un nuevo tirón de orejas al Gobierno Regional del Biobío, en particular, al control sobre las funciones de algunos consejeros regionales y a los propios Core por una serie de prácticas reñidas con la normativa. Entre ellos se encuentran dos futuros candidatos a alcalde.
La auditoría confirma debilidades generales de control interno del Gobierno Regional del Biobío, además de inexistencia de actos administrativos que establezcan un procedimiento para la recuperación de horas de la jornada laboral destinadas a labores del Consejo Regional. A ello se agrega la asistencia a sesiones, comisiones o cometidos de consejeros en periodo de licencia médica; incumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo de funcionarios públicos que ejercen el cargo de consejero regional; pago improcedente de dieta a consejeros; inexistencia de documentación que autoriza el cobro de viáticos y otros reembolsos; además de la improcedencia de pago de viáticos.
Dentro de los antecedentes más llamativos aportados por el organismo fiscalizador, están los cuestionamientos por incumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo de funcionarios públicos que a la vez ejercen el cargo de Consejero Regional.
Entre ellos se encuentran el consejero Eduardo Borgoño Bustos, quien a la vez trabaja en el Departamento de Administración de Educación de la municipalidad de Los Ángeles, a quien la Contraloría cuestionó una diferencia de 154 horas sin recuperar, comprobando la entidad que dichas horas no fueron descontadas de sus remuneraciones.
En cuanto al consejero Anselmo Peña Rodríguez, que es también funcionario del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Lota, se le atribuye la utilización de 77 horas de su jornada laboral para asistir a sesiones o comisiones en su calidad de consejero regional, de las cuales no se acredita su recuperación o el descuento en sus remuneraciones en el año 2022.
Respecto al exconsejero Ricardo Venegas Maldonado, se señala que utilizó un total de 23 horas de su jornada laboral para asistir a sesiones y/o comisiones en su calidad de consejero regional, entre el 1 de enero y el 11 de marzo de 2022, fecha esta última, en que concluyó su periodo de consejero, respecto de las cuales no se acredita su recuperación o el descuento de las horas no trabajadas de sus remuneraciones.
Asimismo, está en el grupo de cuestionados el consejero Francisco Reyes Aguayo, quien es también funcionario de la Superintendencia de Educación, a quien se le detectó que utilizó 161 horas de su jornada laboral para asistir en su calidad de consejero regional a las sesiones, comisiones y mandatos, sin que se acredite su recuperación o en su defecto el descuento de estas de sus remuneraciones.
Los consejeros Rodrigo Vera Riquelme -futuro candidato a alcalde de Penco- y Jaime Vásquez Castillo -futuro postulante al cargo de alcalde de San Pedro de la Paz o Lota-, quienes renunciaron hace unas semanas al cargo de elección popular, ambos funcionarios del Servicio de Salud Concepción, el organismo contralor detalla que utilizaron 105 y 130 horas de sus jornadas laborales, respectivamente, para asistir en su calidad de consejeros regionales a las sesiones, sin que se acredite que dicho tiempo haya sido recuperado o en su defecto descontado de sus remuneraciones.
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Finalmente, en cuanto a la consejera Jacqueline Burgos Ríos, funcionaria del Servicio Local de Educación Pública, SLEP Andalién Sur y como denunció Resumen el año pasado, utilizó 207 horas de su jornada laboral para asistir a las sesiones, comisiones y mandatos ordenados por el CORE, en su calidad de consejera regional, no advirtiéndose la recuperación de las mismas o el descuento de estas en sus remuneraciones.
Trabajando con licencia médica
El informe de la Contraloría recientemente presentado al Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, detectó a su vez los casos de Rodrigo Vera Riquelme y Jacqueline Burgos Ríos, que en sus respectivos puestos de trabajo -Servicio de Salud Concepción y Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur- presentaron licencias médicas que indicaban reposo en sus hogares, las cuales valen para ambos trabajos. Sin embargo, ambos consejeros participaron en actividades del Consejo Regional del Bío Bío pese a haber presentado licencias médicas en sus otros trabajos, por lo que la Contraloría derivó estos antecedentes a la COMPIN.
La inexistencia de procedimientos, en algunos casos, la no aplicación de procedimientos o bien el desorden administrativo habría permitido que esta serie de irregularidades se produjeran al interior de organismos públicos y del Gobierno Regional del Biobío.
Estos cuestionamientos se suman a los abundantes antecedentes de presuntas irregularidades en el caso convenios al interior del GORE Biobío.
Sobre los datos aportados por el organismo, el consejero regional, Piero Blas, señaló a Resumen: “Preocupa que nuestro Ministro de fe en el Consejo quien debe notificarnos de estos informes de Contraloria no lo haga, sino que al contrario ha sido una práctica recurrente de quien debiese ser imparcial, no podemos seguir enterándonos por prensa de los informes que realiza contraloria al Gobierno y Consejo Regional.”
Y agrega: “Por otra parte es triste ver que desde la Administración no solo se le ha negado la entrega de información y documentación al Consejo Regional, quienes tienen el mandato por ley de fiscalizar la institución, es de tal gravedad el actuar de esta Administración que ni a Contraloria le entregan la información importante cuando les solicitan más antecedentes”.
Respecto a las mismas críticas, el consejero regional, Javier Sandoval, indicó: "A cualquier trabajador o trabajadora de este país se les descuenta las horas no trabajadas, pero este informe de Contraloría muestra que hay chilenos de primera y otros de segunda. Quizás sean esos los verdaderos chilenos, aquellos con los privilegios que la mayoría no tenemos, como la de recibir sueldos sin trabajar".
Revisa el informe:
