El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a la investigación que lleva el Ministerio Público desde hace dos años contra la municipalidad de Chiguayante por una licitación de celebración de fiestas patrias en 2017 por eventuales delitos de soborno y cohecho.
Por Macarena Montes
El caso fue denunciado en 2020 por parte dos entonces concejales de Chiguayante por supuestos actos ilegales para adjudicar al empresario Gabriel Valenzuela Gutiérrez un show de fiestas patrias del año 2017 utilizando un “palo blanco”.
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A dos años de comenzar la investigación por parte de Fiscalía, el CDE se querelló además contra quienes resulten responsables por el pago de $65 millones de pesos de los cuales $41 millones se fueron a la cuenta de Gabriel Valenzuela, configurándose así delitos de cohecho y soborno.
Por parte del municipio de Chiguayante descartaron y negaron las acusaciones, señalando además que pondrán todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para cooperar con la investigación.
Mientras, el tribunal supremo del Partido Socialista (PS) decidió suspender la militancia del alcalde Antonio Rivas mientas se desarrolle la investigación.
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