El pasado lunes 12 de abril la Contraloría General de la República admitió la denuncia presentada por el Consejero Regional (CORE) Javier Sandoval Ojeda, y determinó que el Consejo Regional sesionó tardíamente impacto socioambiental de proyecto “BioLantánidos”, permitiendo así su funcionamiento.
Por Felipe Oyarzún
En diciembre del 2020 Javier Sandoval Ojeda, CORE y candidato a Gobernador Regional, interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República, en relación con el proyecto minero de Tierras Raras “BioLantánidos”, ampliamente rechazado por vecinos y autoridades de la localidad de Penco, fundamentando su alegato en el Artículo 17 Letra D de la Ley 20.073 donde se establece que la función de los Gobiernos Regionales es “fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la Región".
Sandoval Ojeda, acusó que mediante el Oficio E94605/21 se había establecido que el pronunciamiento ambiental fue requerido por la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al Gobierno Regional del Bío Bío (GORE) con fecha 7 de diciembre,del 2018, en relación con el Proyecto Minero “BioLantánidos” Ord N°562/18, y en donde se dispuso que el informe de Evaluación de Impacto Ambiental fuera remitido por el Consejo Regional a más tardar el “22 de enero del 2019”, vencido ese plazo se continuaría con la evaluación del proyecto.
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Sin embargo, el 18 de enero del 2019 la presidenta del Consejo Regional de ese entonces, Flor Weisse, después de haber recibido el 15 de enero del 2019 la solicitud de pronunciamiento del GORE mediante Ord N°45/19, convoca a una sesión ordinaria el día miércoles 23 de enero para el pronunciamiento del proyecto minero, es decir fuera de plazo.
Además, Sandoval denunció que el GORE no “ha hecho fiscalización y hubo negligencia, ya que se sesionó después de que ya había vencido el plazo para su evaluación” en medio de una práctica “dictatorial” que deja escondidos temas ambientales “debajo de la mesa”.
Finalmente, según lo sentenciado por la Contraloría General de la República en relación E94605/21, corresponde “que ese Gore ordene la instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario a fin de esclarecer tal situación y determinar la eventual existencia de responsabilidades funcionarias en este hecho”.
