Son tres las constructoras transnacionales españolas a cargo de proyectos emblemáticos en el Gran Concepción: COPASA en Estadio Ester Roa y Puente Bicentenario, ACCIONA en la Ruta 160 y SACYR en la Ruta a Cabrero. Con las obras a medias, lentos avances y muchos trabajos de deficiente calidad, denunciados por la población que se ha visto afectada por las obras, las empresas vienen a ratificar su mala fama internacional y sus antecedentes reñidos con la probidad en su propia tierra, pero ahora, en nuestras postergadas comunas.

COPASA, el Pte Bicentenario y el Estadio Ester Roa

Lo que comenzó en un rumor, pronto se transformó en una realidad. Tras constatar el avance de tan solo un 11% en la remodelación del Estadio Ester Roa, La Ministra del Deporte Natalia Riffo decidió poner término al contrato con la empresa Constructora COPASA, a cargo de las obras y que a la fecha debía llevar de avance un 45%, lo que, sin duda,  pone en peligro a Concepción como sede de la Copa América y del mundial Sub 17. En esta operación el fisco perdió 1250 millones de pesos por la ineficiencia de la empresa, pues las obras deben ser relicitadas y se debe partir desde cero. Desde el gobierno se planteó que el nuevo monto para remodelar el estadio alcanzará alrededor de 22 mil millones de pesos.

El nombre de COPASA quedó dando vueltas en los oídos de los penquistas, pues y como se ratificó después, es la misma empresa a cargo de las obras del Puente Bicentenario, entrampado en la construcción por problemas económicos y el conflicto creado por el Estado con los pobladores de Aurora de Chile. La empresa, según informó el Seremi de OOPP, habría acudido a la Coordinación de Concesiones en 2 oportunidades informando sobre su delicada situación económica. El Puente Bicentenario lleva tan solo un 45% de avance y su fecha inicial de entrega correspondía al 2 de Diciembre del 2013.

No obstante, se ha culpado del retraso al conflicto con la población Aurora de Chile. Algo que en parte se da por el exacerbado centralismo en las decisiones de infraestructura, pues este proyecto no era apoyado por la comunidad penquista y parecía más bien un antojo de la clase política de Santiago.

Lo cierto es que, más allá del conflicto en Aurora,  desde la Dirección de Vialidad se realizó un informe donde se estipuló que hay una serie de etapas del proyecto que se pueden realizar y que nada tienen que ver con la erradicación de la población, entre ellas: en el Puente Poniente, la carpeta asfáltica de rodadura, barreras de hormigón, obras de iluminación, obras de demarcación y seguridad vial y pavimento de hormigón de la ciclovía. Obras similares podrían avanzarse en el Ramal 1 Norte y conexión con Costanera. Eso, junto con los pilotes del Lazo 1 Norte del Puente.

La empresa se adjudicó un contrato por $36.256 millones de pesos. Las multas de producirse, alcanzarían los 4.5 millones diarios, sin embargo y lo que resulta del todo preocupante, los retrasos han sido avalados por el gobierno pues se han dado prórrogas, lo que equivale a renunciar al cobro de multas y boletas pues las extensiones de plazo son de común acuerdo. Sospechoso, por decir lo menos.

El actuar irregular de esta empresa parece llamativo en nuestro país. Lo cierto es que a nivel internacional, las empresas constructoras españolas tienen una muy mala reputación, pues la mayor parte de ellas están vinculadas, como en el caso de COPASA, al financiamiento ilegal del oficialista Partido Popular Español (derechista) a cambio de adjudicaciones de infraestructura de obras públicas. COPASA aparece mencionada en el Caso Bárcenas -ex tesorero del PP al que le fue descubierta una libreta con cuentas que dio paso a una investigación sobre una red de corrupción que ha causado conmoción en el Estado Español- y además encabeza el conglomerado que tiene hace 18 meses paralizada la construcción de la Autovía Costa Da Morte en La Coruña, pues no cuenta con financiamiento. Otro de sus paradigmáticos fracasos es el Tren de Alta velocidad a la Meca (AVE)  que lleva ya más de un año de retraso.

El Seremi del Deporte Álvaro Miguieles, refiriéndose al caso del Estadio Ester Roa, culpó a la anterior administración encabezada por Gabriel Ruiz Tagle, empresario, por haber permitido un contrato en que el Estado quedaba en desventaja frente a la empresa, haciendo a la constructora tener el control de la relación contractual.

Lo cierto es que teniendo estos antecedentes, el MOP no ha finalizado el contrato del Puente Bicentenario con COPASA y está por verse si la decisión de terminar y relicitar los trabajos del Estadio Ester Roa son jurídicamente viables.

Pero en ambos casos la pregunta sigue siendo la misma ¿Por qué no se han cobrado multas ni se han hecho efectivos los montos de las garantías?

Al cierre de esta edición, COPASA habría solicitado al MOP el término anticipado del contrato del Puente Bicentenario. Lo que implicaría una nueva licitación y por supuesto, más inversión del Estado en una obra que debía entregarse en septiembre de este año.

ACCIONA en la ruta 160

Una de las demandas más sentidas desde San Pedro de la Paz hasta la Provincia de Arauco, ha sido una vía que permita mejorar los viajes de la gran cantidad de personas que atraviesan el Bío Bío cada día.

Bajo este pretexto surgió el proyecto de la Concesión de la Ruta 160.

La obra se la adjudicó en 2008 ACCIONA, fundamentalmente porque habría sido la oferta más barata y además, el Estado no debía invertir en la obra.  Debió ser entregada a fines del 2012.  El costo de la obra fue calculado en 330 millones de dólares sin contar aportes del Estado, e involucraría al tramo entre el Bypass Coronel hasta Los Álamos.

Uno de los principales cuestionamientos a la empresa fueron formulados por los vecinos: la Ruta se ha transformado en una de las más peligrosas para los peatones pues no consideró en muchos casos, construir pasarelas para los pobladores. En Escuadrón, por ejemplo, los vecinos decidieron protestar contra la empresa y el MOP, debido a las constantes muertes por atropellos, lo que finalmente obligó a la empresa a habilitar una pasarela.

También se le estaría acusando por no cumplir el Manual de Operaciones de Obras Concesionadas  al no cautelar la construcción de vías de evacuación de aguas lluvias, al rellenar sin criterio, incluso zonas de fauna protegida; al no considerar pasarelas, paraderos y atraviesos en zonas pobladas; y al contaminar con material particulado toda el área de intervención, entre otras anomalías. Es más, los vecinos de Lota, Laraquete, Curanilahue y Los Álamos han acusado a la empresa de intervenir espacios sin autorización, sin señaléticas y de haber provocado aludes de barro por movimientos no informados de tierra. En Coronel, los vecinos del cerro Corcovado tuvieron duras protestas para que la empresa no retirara la única pasarela que daba a su sector. Según señala, Virginia Pérez, dirigente de Laraquete " en Chivilingo cerraron la playa y con ello a quienes ahi viven por décadas, pagando precios miserables por sus hogares, en Laraquete puerta norte de entrada a la provincia se dinamito cerros enteros para cruzar un viaducto, sin vías de evacuación, sin desagüe para las aguas lluvia, expropiando a gusto y sin pagar lo que corresponde. Mas al sur los paraderos a 200 mts de las salidas de cada localidad, ni hablar de Horcones, Maitenes, El Parrón, todos sin salida. El cementerio de Carampangue sin entrada. Se han intervenido todos los cursos de agua, "

La mayor parte de estas acusaciones no han tenido eco en las oficinas gubernamentales.

El entramado de malas prácticas también involucra la subcontratación de empresas prestadoras de servicios que no cumplen sus contratos con pequeños empresarios y trabajadores chilenos. Una de ellas, PERCASA, también transnacional española, dejó las obras abandonadas sin pagar salarios, indemnizaciones ni cotizaciones de salud y previsión. En este caso, a través de un engorroso tramite jurídico, Acciona debiese responder por ser responsable solidaria. Debiese.

Pero también el conflicto tenía otros ribetes: camioneros que prestaban servicios a PERCASA denunciaron que la contratista de ACCIONA les adeuda 1000 millones de pesos desde noviembre pasado. Desde el MOP han indicado que su intervención en este caso no correspondería por ser un conflicto entre privados.

Pero lo que rayó con lo increíble fue cuando el año pasado los usuarios de la Ruta 160 denunciaron que las personas que cobraban peaje en bypass de Coronel eran funcionarios del MOP, lo que daba por cuestionada la probidad del Ministerio y su relación con la transnacional española.

Sin ir más lejos, la concesión de las obras de ejecución, conservación y explotación de la Ruta 160 fue adquirida el 9 de septiembre del 2008, cuando Sergio Bitar era Ministro del MOP. El 16 de octubre del mismo año, Osvaldo Puccio fue contratado por Acciona. La situación podía haber sido tan o incluso más escandalosa que la eventual asesoría de Ricardo Lagos a un bufete de abogados lobystas que nunca se consumó. Sin embargo, Puccio pasó tras bambalinas del servicio público al mercado privado.

Como informó en su momento La Tercera “El grupo constructor Acciona ha fichado al ex ministro y ex embajador chileno en España Osvaldo Puccio como director consejero para Latinoamérica, un nuevo cargo con el que la compañía busca reforzar su proyección internacional.”
Acciona en su declaración afirma que “tendrá responsabilidad sobre las relaciones con clientes y participará en el desarrollo de oportunidades de negocio en las diversas áreas de actividad de la compañía en infraestructuras, energía, agua y servicios, aportando soluciones que contribuyan al bienestar social y al desarrollo sostenible. “

Es decir, Puccio uno de los símbolos de la Concertación, hoy devenida en Nueva Mayoría, es un lobbysta de Acciona.

La imagen internacional de la transnacional española no es distinta al resto de las constructoras ibéricas. En Zaragoza, Acciona está involucrada en casos de malversación de caudales públicos en el proyecto Plataforma Logística. "Hasta el momento, las investigaciones han detectado el desvío de 10 millones de euros, aunque en la denuncia se habla de una cantidad ocho veces superior." indica el medio vozpopuli.com. Asimismo el medio agrega "Los delitos de los que se acusa a los cinco imputados hasta ahora son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental continuada y blanqueo." En estricto rigor se refiere a "cobro de trabajos de saneamiento no realizados, sobreprecios sobre otras obras sí realizadas, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes. De hecho, en el sumario ya constan facturas de 80.000 euros pagados por obras realizadas supuestamente por una empresa de las hijas de uno de los implicados que, sin embargo, no tiene nada que ver con la construcción: se dedica a la enseñanza de niños pequeños. Además, han aparecido otras que suman más de un millón de euros emitidas por una empresa por trabajos que nada tienen que ver tampoco con su actividad.

SACYR en la Ruta a Cabrero

Valles del Bío Bío se llama la concesión por 35 años que se adjudicó la constructora transnacional española Sacyr. Un proyecto de un trayecto de 102 kilómetros y una inversión de US$369 millones que incluirá dos peajes. Las obras debieran ser entregadas a mediados del 2015.

Los reclamos contra esta empresa, al igual que con ACCIONA en la ruta 160, parten por los vecinos afectados por su construcción. En marzo denunciaron que cerca de 6 viviendas tenían daños considerables por los trabajos ejecutados sin que la empresa ofreciera las respectivas obras de mitigación, lo que significa que los propios afectados han debido reparar los daños.

El reciente 12 de mayo se sumó a estos reclamos la terrible noticia de un joven de 19 años que murió atropellado por un camión tolva, mientras caminaba por la orilla del camino pues la empresa, mientras realizaba los trabajos, destruyó la vereda peatonal sin dejar señalización alguna.

Más allá de este tipo de negligencias, ya comunes en estas constructoras, hay complejos antecedentes acerca de su situación financiera internacional. Sacyr es la empresa que encabeza el conglomerado de constructoras a cargo de las obras en el Canal de Panamá. Las obras habrían estado a punto de paralizarse porque Sacyr habría reclamado 1625 millones de dólares adicionales del gobierno panameño que, supuestamente, no podían haber estado previstos en el presupuesto original de la obra. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero lo impresentable fue lo que no se dijo. Si el gobierno panameño hubiese cobrado las boletas de garantía a SACYR, una de las empresas aseguradoras que habría tenido que responder - CESCE- tiene como accionista al propio gobierno español. Es decir, el Estado Español habría asumido los costos de las operaciones de una empresa privada en Panamá. La misma empresa aseguradora respaldó a COPASA en el AVE a la Meca.

Sacyr además, es una empresa que también está involucrada en el financiamiento ilegal del PP -el caso Bárcenas-  cuyas operaciones, hasta el momento se sospecha, habrían sido realizadas en bancos instalados en Suiza y Luxemburgo. Los tratos consistían en el pago de cantidades de dinero para financiar al partido político,  tras lo cual personeros del mismo partido les adjudicaban obras de infraestructura pública a estas empresas.

En abril pasado, 47 ingenieros denunciaron ante el Comité de Deontología de su Colegio a su vicepresidente y expresidente de la constructora Sacyr José Manuel Loureda después de que se supo que recibió un millón de euros en una cuenta de Suiza.

El involucramiento de la Corona española y el gobierno español en los proyectos empresariales de estas constructoras a través del financiamiento de CESCE, puede ser una de las razones del porque en nuestro país no se terminan los contratos, ni se presiona efectivamente a las constructoras a cargo de los proyectos.

Resumen intentó concretar una entrevista con el Seremi de OOPP René Carvajal para realizarle estas preguntas, lamentablemente, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta de la autoridad local.

Publicado en Resumen nº56, Versión impresa. Disponible en Kioscos del Gran Concepción.