Un informe de la Contraloría General ratificó las denuncias realizadas por un exfuncionario del Departamento de Educación Municipal (DEM) de Coronel. El denunciante acusó a la entidad municipal de pagar aproximadamente 47 millones de pesos a la Corporación ProEducación por capacitaciones que en realidad habían sido impartidas de manera interna y gratuita por él y otra funcionaria. Además, se señala que una de las capacitaciones ni siquiera llegó a realizarse.
El Informe Final de Investigación Especial al DEM de Coronel, con fecha del 06 de septiembre de 2023, respaldó todas las objeciones presentadas en el Preinforme de Investigación Especial. La Municipalidad no proporcionó respuestas específicas a las interrogantes planteadas por la entidad fiscalizadora.
La Contraloría identificó que el funcionario Guillermo Rodríguez Molina, actualmente fuera del DEM, gestionó la contratación de dos capacitaciones: una dirigida a los asistentes de la educación y otra al personal docente de la comuna, denominada "Educación para la Diversidad, en una Sana Convivencia". La primera fue impartida internamente por Andrés Villablanca Ulloa y Johana Rivera Sáez a los asistentes de la educación, sin costo adicional para el DEM, mientras que la capacitación destinada a los docentes nunca llegó a realizarse. A pesar de esto, ambas actividades fueron pagadas a la Corporación Proeducación.
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El informe de la Contraloría también señala la existencia de "Fragmentación de Contratación", una práctica utilizada presuntamente, para evitar llevar el contrato ante el concejo municipal como una única compra, pues la fragmentación permite evitar el límite de gasto que obliga a llevar la contratación a su supervisión. Además, se detectaron decretos de pago sin firmas y el incumplimiento de la jornada laboral por parte de Guillermo Rodríguez Molina, quien habría trabajado a honorarios en la Universidad del Bío Bío cuando debía estar desempeñando sus funciones en el DEM.
Estos hechos salieron a la luz gracias a las denuncias del exfuncionario del DEM, Andrés Villablanca Ulloa, quien fue desvinculado de la entidad y actualmente mantiene una demanda de tutela laboral en el Segundo Juzgado de Letras de Coronel.
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El consejero regional de la zona, Piero Blas, expresó su preocupación al respecto: "Es importante destacar que también existe una querella criminal por malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco y asociación ilícita. Estos antecedentes permiten que, según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los concejales puedan presentar una solicitud de destitución del actual alcalde de Coronel. Veremos si los concejales mantienen un silencio cómplice como hasta la fecha o si toman alguna medida al respecto."
Blas añadió: "Esta administración cuestionada no solo ha afectado la confianza pública y la institucionalidad de la Municipalidad de Coronel, sino que también ha sido uno de los principales responsables del daño infligido a la institución del Gobierno Regional del Biobío."
Para más detalles, se puede consultar el documento completo aquí.
