Contraloría puso fin a tala de bosque nativo con fines agroindustriales
En 2018, en la localidad de Quilicura, en la comuna de Las Cabras, provincia de Cachapoal, la comunidad vio cómo hectáreas de Peumos, Boldos y Quillayes de hasta 200 años, vitales para la subsistencia del territorio, porque detienen la erosión, cuidan el agua, dan servicios ecosistémicos, mantienen las hierbas medicinales, son hábitat de flora y fauna en peligro de extinción, y en fin son la casa que los ha albergado por siglos, iban a ser arrasados por la empresa de Nicolás del Río Silva, perteneciente a la familia del clan Falabella. ¿Cómo era eso posible? Porque CONAF había aprobado un plan de manejo que se traducía en desaparición del bosque. ¿Cómo era posible que Forestín hiciera eso? Porque el Servicio de Impuestos Internos había otorgado un certificado de avalúo que modificaba el uso de suelo. ¿Y qué tiene que ver eso con el deber del Estado de proteger la naturaleza y a la ciudadanía? Nada, pero eso no importa, a menos que la comunidad se active y demuestre que hay prácticas corruptas que pervierten el espíritu de la ley y socavan la calidad de vida.
Y eso fue lo que hicieron las organizaciones del Valle de Quilicura. Toda una campaña de gestiones y denuncias para demostrar el crimen que se estaba cometiendo, terminaron con una orden de paralizar las faenas de tala, y con la constitución de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para entender lo que estaba pasando.
El trabajo de la Comisión permitió advertir que en plena tramitación de la Ley de Bosque Nativo, los gremios asociados a la exportación de frutas y de madera, ejercieron presión para condicionar la promulgación de la ley a que “lo referido al cambio de uso de suelos ocupados por bosque nativo y por formaciones esclerófilas para destinarlos al establecimiento de plantaciones forestales, o a usos agropecuarios, no sea abordado por este cuerpo legal, sino que a través de una ley complementaria” (que no existe) y que “en el proyecto de ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal se excluirá a materias referidas a: el reemplazo de bosques nativos y formaciones esclerófilas por plantaciones, o la habilitación de terrenos agrícolas para la actividad agropecuaria”. O sea, con tal de tener algún instrumento de protección, se tranzó que las principales amenazas a los bosques no tuvieran tratamiento explícito, y los gremios buscaron el modo de fragilizar los ecosistemas que se buscaba proteger, mediante el Informe absolutamente tecnocrático del SII, que hablaba de una modificación del uso de suelo para fines tributarios a petición de los titulares.
Bajo el cuento de recuperar terrenos donde antes existió agricultura, cuestión nunca demostrada y generalmente falsa pues se trata de pendientes y de categorías de suelo no aptas para dichos usos, CONAF tomaba la solicitud, veía que tuviera el certificado del SII, lo consideraba vinculante para la actividad agrícola, y entonces desconsiderando el mandato legal del 2008, y amparado en el Decreto ley 701, otorgaba un “Plan de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperar Terrenos con Fines Agrícolas”. De acuerdo a cifras entregadas por CONAF a la Comisión Investigadora de Diputados, para el Periodo 2008 – 2018, se aprobaron 1.189 “Planes de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperar Terrenos con Fines Agrícolas”, por un total de 19.998 hectáreas, entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía, o sea 20.000 hectáreas de Bosque Nativo que en 10 años fueron taladas con auspicio del Estado, que dicho sea de paso, en la mayoría de los casos, luego otorga subsidios millonarios, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR) a estos mismos titulares, para que puedan hacer la inversión de altísimos costos en las pendientes taladas y construir las obras de acumulación de aguas asociadas.
La investigación de la Cámara, llevó a la presentación de una acción ante Contraloría para cuestionar la legalidad de los planes de manejo de CONAF con fines de sustitución agrícola, y eso fue lo que se dictaminó en marzo de este año.
Es interesante que los planes de manejo presentados por los propietarios a CONAF para su aprobación, tenían que estar firmados por ingenieros forestales, o sea especialistas que viendo el bosque que se iba a destruir, validaban la devastación a nombre del progreso y de la suma de dinero que vale su firma.
Este maridaje entre el extractivismo agroindustrial y forestal, la academia, los funcionarios y los legisladores, mediado generalmente por sumas de dinero y sustentado argumentativamente en falacias como que no se puede frenar el deseo de desarrollo de los pequeños y medianos propietarios (lo que se sabe que es mentira porque quienes están detrás son los grandes empresarios, que no conocen el territorio y que no logran dimensionar la importancia central de los bosques en la vida de las comunidades), es lo que el dictamen de Controlaría finalmente pone en evidencia y ayuda a romper, la ley tiene un objetivo que no puede estar sujeto a los intereses de turno.
Como vemos, para que eso pase en Chile, es necesario que las comunidades nos activemos; de hecho, que se dejen de talar, descepar o quemar bosques para sustitución solo será posible si las comunidades hacen valer la ley. CONAF no tiene recursos para programar fiscalizaciones periódicas, será la introducción de denuncias en las oficinas o en el sitio web del servicio, lo que obligue a ir a terreno y frenar las faenas, que como ya se dijo, si suponen arrase de bosque nativo, son ilegales.
Fotografías: Tala de bosque nativo en Las Cabras, ruta 66, región de O'Higgins el 24 de septiembre de 2019. Obtenidas de Facebook Las Cabras.net - es LCnet.cl
