Concepción en Movimiento, la asamblea de organizaciones que convocó a la movilización de este 11 de septiembre en Concepción, está realizando una convocatoria a reunirse este lunes 15 de septiembre en las afueras de la Gobernación -Barros Arana con Aníbal Pinto- al mediodía, para manifestar el profundo rechazo a la represión ejercida este 11 de Septiembre en contra de familias, niños, ancianos y organizaciones.
Según indican los convocantes "Convencidos de la justeza de nuestra movilización, decidimos dar comienzo a la marcha, que al desembocar en O’Higgins con Tucapel se encontró con una verdadera pared de fuerzas represivas dispuestas al ataque, lo que efectivamente ocurrió. Al querer hacer efectivo nuestro derecho a marchar hacia el centro, la represión hizo uso de todas su fuerzas en contra nuestra, sin importarle que entre los asistentes hubiera menores de edad y adultos mayores y que la movilización se desarrollara en forma totalmente pacífica (como se puede observar en los registros de los medios presentes). Fuimos golpeados con lumas, pateados, gaseados y mojados, procediéndose a la detención de dos docenas de compañer@s, los cuales eran arrastrados a los carros ‘carniceros’ de las FFEE."
La represión contra la marcha del 11 fue el desenlace de toda una jornada represiva contra la conmemoración de los 41 años del golpe. El 10 fue contra los universitarios, el 11 más temprano contra un grupo de secundarios del Enrique Molina y también contra un grupo de 11 personas lesbianas y feministas.
Para los manifestantes, la ola represiva tiene responsables y contra ellos serán las protestas "La brutal represión en contra de los que legítimamente nos manifestamos en esta jornada es ilegal, ilegitima y arbitraria, y acusamos de ello al gobernador provincial en funciones, Jorge Cáceres, a su jefe de gabinete, Lautaro Benítez, al jefe de la prefectura de carabineros de Concepción, coronel Carlos Pereira y al encargado de la 5a comisaría de FFEE de la Concepción, mayor Hernán Flores."
Los convocantes finalizan indicando que se debe terminar con la política de criminalizar la protesta social.