[resumen.cl] Para el jueves 4 de agosto, la SOFOFA [Sociedad de Fomento Fabril] junto a la CPCC [Cámara de la Producción y el Comercio de Concepción] y la DIRECON [Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales], han convocado al seminario "Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica [TPP], una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo". El evento tiene el auspicio de una serie de empresas, entre ellas Arauco, y el apoyo de medios de prensa como el Diario de Concepción. Se realizará en el recinto Suractivo, en Hualpén, desde las 08:30 horas.

La organización de esta actividad, junto a gremios empresariales, es un indicio para entender los motivos del masivo rechazo a la incorporación de Chile al Acuerdo Transpacífico. Según informa esta misma institución, en marzo de 2010 se iniciaron las negociaciones, pero, fue a comienzos de este año en que los chilenos pudieron tener acceso al contenido de este Acuerdo, cuando ya estaba terminado, pues durante su preparación imperó una cláusula de "confidencialidad". Actualmente, los congresos de todos los Estados adheridos al TPP son los responsables de confirmar o rechazar su membresía, sin embargo en un reciente informe expuesto por orden del propio Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se plantean las siguientes preguntas: “¿En qué medida se podrá recuperar el terreno perdido en términos de transparencia y participación en el debate? Resulta indiscutible que los contenidos de TPP requieren expertise; cada capítulo requiere análisis sobre beneficios y condiciones implicadas ¿Contarán los parlamentarios con esta información para tomar las decisiones políticas correspondientes?”.

El secretismo bajo el cual se fraguó el TPP se explica por sus condiciones completamente leoninas en las áreas de salud y el acceso a medicamentos; en la restricción de internet y el cobro por el acceso a contenidos bajo el control de empresas de derechos de autor; en la agricultura y alimentación; en la protección del ambiente; en la restitución de tierras para los pueblos originarios; entre otras áreas, todas bajo la posibilidad de ser intervenidas por las decisiones de los Sistemas de Resolución de Controversias entre Inversor y el Estado.

En el ámbito del acceso a los medicamentos, se mantendrán, y en otros casos aumentarán, las barreras para la distribución de bioequivalentes, ya que los laboratorios farmacéuticos de los países adheridos al TPP y fabricantes iniciales de algún producto, podrán impedir la venta del mismo medicamento o uno similar, por cinco años desde la fecha de la autorización de su comercialización. Por otra parte, los productos farmacéuticos biológicos, tendrán ocho años de exclusiva comercialización, lo cual, según el propio Ministerio de Salud, encarecería gravosamente el gasto público en salud, ya que hasta ahora, este plazo es de cinco años y, gran parte de los tratamientos cubiertos por la conocida "Ley Ricarte Soto" contempla el uso de medicamentos biológicos.

Internet y el acceso a contenidos (música, cine, libros, fotografías, etc) bajo el control de empresas de derecho de autor será restringido al extremo, si se tiene en consideración que el aprovechamiento comercial de las obras por parte de estas empresas se extenderá por 70 años después de la muerte de su autor y, también, porque se establecen mecanismos para obligar a los proveedores de servicios de internet a pagar compensaciones en el caso de publicar obras controladas por estas empresas de derecho de autor.

La alimentación está bajo la amenaza del control total por parte de empresas agroindustriales, pues al ingresar al TPP, el Estado de Chile está obligado a adherir al Convenio UPOV 91, el cual establece que diversas variedades vegetales podrán ser controladas por personas que las registren para su uso exclusivo [obtentores]. De este modo, quien quiera ocupar semillas para la producción, reproducción o multiplicación de éstas deberá contar la autorización del obtentor y cumplir con las condiciones impuestas por él.

Los Sistemas de Resolución de Controversias entre Inversor y Estado también son un peligro para la soberanía de las naciones dispuestas a obedecer sus dictámenes. Estos sistemas se dedican a dirimir en controversias surgidas, generalmente, luego que alguna empresa denuncie a un Estado la violación de cláusulas propias de un Tratado Comercial firmado por éste y el Estado donde se domicilia la firma. El CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones] es uno de los sistemas más usados y en los laudos emitidos desde su origen (1966) hasta el 2015, registra que un 74% de éstos han favorecido total o parcialmente a las empresas demandantes.

El TPP y todos los tratados denominados “de nueva generación”* se ciernen como una amenaza a la soberanía todas las naciones. El evento anunciado recientemente, en realidad, representa la tónica de lo que ha sido la conducta del Gobierno en las tramitaciones de este Acuerdo. Sin embargo, esta situación ha sido advertida por investigadores como el Experto independiente de la ONU, Alfred-Maurice de Zayas, quien en un informe planteó la posibilidad de que los actos propios de la maquinación de estos Acuerdos como el TPP, puedan ser sancionados en virtud de la aplicación del derecho penal internacional, afirmando: «Sería apropiado comprobar si el concepto de “conspiración” para cometer actos contra bonos mores [las buenas costumbres] …pueden aplicarse al método aplicado para elaborar y negociar en secreto algunos acuerdos internacionales de inversión... Los actos constitutivos de una conspiración de este tipo pueden incluir proporcionar deliberadamente información falsa; publicar previsiones falsas de crecimiento del PIB y del empleo; contratar a grupos de estudio, economistas, universidades o fundaciones para que preparen “informes teleológicos”; y conspirar con grandes empresas de medios de comunicación para asegurarse de que solo se presente la parte positiva de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio y se supriman o minimicen los aspectos polémicos». Al revisar la sección de la DIRECON dedicada al TPP, pareciera que De Zayas apunta a una conducta seguida por quienes han conducido las tratativas de este Acuerdo.

*Tratados como: CETA [Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá]; TTIP [Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y EE.UU.]; TISA [Acuerdo sobre el Comercio de Servicios entre Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Nueva Zelandia, Noruega, Paquistán, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía, Unión Europea y Panamá]