Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares: "Las comunidades debemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección"
Fotografía: Glaciar Mesón Alto, Cajón del Maipo. Autoría Miguel Hechenleitner[/caption]
A su vez, merece crítica lo que se ha votado hasta ahora, que guarda relación con las definiciones. No se está abarcando en su totalidad el concepto de glaciar, lo que se debe entender para apuntar a su real protección.
Por ejemplo, se está proponiendo y quedó aprobado, que los glaciares que se vayan reduciendo y que lleguen a 0,1 há (o 1.000 m²), dejarán de ser considerados glaciares. Esto a nosotros nos parece súper grave, porque entendemos que los glaciares aunque sean pequeños cumplen roles fundamentales; y la diversidad de glaciares que hay en Chile es grande, o sea los grandes glaciares del sur, de la Patagonia, no tienen comparación con los glaciares del norte, y no deben ser comparados porque responden a condiciones climáticas totalmente distintas y condiciones geográficas que les favorecen totalmente para que puedan preservar y no derretirse tan rápido, pero en el norte la situación es otra.
La glaciación ahí, la era glaciar, en ese sector, fue totalmente distinta a lo que fue en el sur. Asimismo, se permitieron definiciones limitantes y excluyentes de sus ambientes. También se les determinó Bien Nacional de uso público, cuando son más que eso. Son bienes comunes, patrimonio ambiental de la naturaleza y la humanidad.
Y, finalmente, se ve con preocupación otros artículos a votarse en donde las indicaciones de la oposición, por ejemplo el respecto al ámbito de protección de los Glaciares, en donde a diferencia de lo que plantea el proyecto original que apunta a todo el territorio nacional sin distinción, se propone que la protección se aplique solo para los glaciares y zonas periglaciares y permafrost identificadas en el Inventario Nacional tal como busca el Gobierno, lo cual es gravísimo ya que como hemos dicho de forma incansable no todos los glaciares están inventariados y muchos siempre quedarán fuera por temas de incapacidad de percepción.
La ley no debe estar sujeta al Inventario. Finalmente, la propuesta señala burdamente que las actividades que se desarrollen en glaciares deberán cesar, excepto aquellas en las que su paralización implique daño a un glaciar, y las sanciones parecen insuficientes, sobretodo si el dolo a confirmarse debe ser vía Tribunales Ambientales, cuando se necesitan medidas rápidas que cambien conductas.
Todo esto nos ha dejado en un ambiente súper desfavorable porque lamentablemente así como va, no hay mucho donde salvar el proyecto, se están permitiendo las flexibilizaciones sostenidas por el Gobierno y la industria. Todo hace presagiar que las comunidades debemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.
- ¿Existió participación e injerencia de parte de las comunidades previo al proyecto? ¿Cuál ha sido el rol de la actual institucionalidad sobre esto?
Al igual como viene sucediendo de hace 15 años, ya sea con mociones de ley que nacen del parlamento o de ONG´s, en este proyecto de ley las comunidades que subsisten gracias a glaciares no fueron tampoco convocadas a participar como un actor central en la tramitación de la ley, menos los pueblos originarios; y en este sentido otra crítica es que esta ley no ha contado con consulta indígena.
Lo que nosotros hemos hecho como Coordinación, a partir de la experiencia, y que continuamos haciendo, es seguimiento y denuncia respecto de los proyectos de ley de protección de glaciares. Desde el 2015 más de 30 organizaciones de base – entre ellas comunidades indígenas- de distintos territorios de norte a sur que tenemos en común algún proyecto extractivo que está afectando o destruyendo glaciares, venimos trabajando juntas para lograr su protección real, de todos los glaciares y sus ambientes. Y a la fecha ya hemos experimentado juntos, con todo lo que significa, tres mociones de ley.
Desde ese primer momento hemos presionado para ir a dar nuestra opinión. Luego de harto gestionar, ya que no es fácil, hemos podido participar y dar nuestra opinión en algunas instancias de las comisiones en la Cámara de Diputados y una única vez que en el Senado, que fue en la tramitación del actual proyecto, y fue la única sesión que hubo participación de la sociedad civil, o de las organizaciones o de las comunidades, pero fuimos los únicos invitados de ese sector, los demás fueron del sector minero y científicos, en donde solo dos se excluían de no ser parte de empresas o consultoras.
La injerencia que nosotros hemos tenido ha sido más bien a través de presionar y denunciar principalmente lo que pasa en todos estos procesos que son absolutamente viciosos, que están totalmente fuera del control de la ciudadanía. Porque lo que pasa en el Congreso es muy difícil de fiscalizar por parte de nosotros o cualquier persona. Y es muy difícil de controlar, porque los parlamentarios se mueven como quieren moverse, y este verdadero bunker que es el Congreso es súper difícil de permear, hay cosas que no trascienden, lo de afuera no trasciende al interior del Congreso.
Entonces la injerencia más bien se hace, o como lo hacemos nosotros, desde afuera, porque entendemos que no necesariamente los parlamentarios son nuestros aliados, en la mayoría de los casos vemos que no, entonces nuestra mayor injerencia la hemos mostrado afuera desde donde nosotros somos y venimos en las calles, comunidades, territorios y ahí hemos buscado visibilizar esta problemática. Pero también hemos intentado hacer cosas más grandes para concientizar.
Por ejemplo, el año 2016 hicimos una marcha en Santiago en la Alameda, cuando se estaba tramitando el proyecto de ley de desprotección de Bachelet, también nos tomamos el Ministerio de Medio Ambiente, hemos hecho una infinidad de foros con científicos, con las comunidades, en las universidades y organizaciones que nos invitan, también hicimos un encuentro nacional de organizaciones por la protección de todos glaciares y sus ambientes en abril del año 2019.
Esa ha sido más bien nuestra injerencia, con el trabajo que siempre hemos realizado, que es con el trabajo territorial, porque participación como tal no existe en términos vinculativos, digamos, ir a una comisión a expresar nuestras opiniones no necesariamente tiene un carácter vinculante.
Lo que si generamos es presión, como ocurrió cuando fuimos a la Comisión de Medio Ambiente el año 2005 y denunciamos que el proyecto de Bachelet finalmente era un proyecto que legalizaba la intervención y destrucción de los glaciares y que vulneraba los Derechos Humanos tal como lo había expresado el Instituto de Derechos Humanos en su informe anual, a la larga eso instó un pronunciamiento de la Corte Suprema que ratifico lo anterior y fue esta la verdadera causa de porque ese proyecto no avanzó.
- ¿Cuál es la situación actual del proyecto? En términos legislativos
La situación actual, es que todavía se está tramitando en la Comisión de Minería, se están votando las indicaciones, actualmente van en el articulo 6 y 7, que son donde se está proponiendo esta legalización de la intervención del ambiente periglaciar y del permafrost a través de los estudios de impacto ambiental.
Se dieron dos semanas para poder estudiar todas las aristas que se han ido dando barajando para destrabar el asunto. Y la semana pasada se intentó avanzar en las indicaciones que respectan a sanciones, sin mayor avance. La senadora Provoste solicitó un informe que dé cuenta de cuantos daños ambientales termina corroborando el Tribunal Ambiental, ya que este sería el requisito para sanciones graves que superan las multas.
Después de que termine la revisión en Minería, debiese pasar a la Comisión de Medio Ambiente. Ahí se debiese dar plazo para que ingresen nuevas indicciones. Y, finalmente, el proyecto debería ser despachado en Sala para que se apruebe o no, y en algún momento debiese pasar a la Cámara de Diputados.
Lo que podemos decir, es que los antecedentes de la participación de Girardi y ahora último, de la senadora Allende, quien se mostró más preocupada de la continuidad de proyectos mineros que de la protección de los glaciares, son una pésima señal de lo que podría pasar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde el proyecto seguirá su discusión.
Compuesta por Girardi y Allende –la supuesta oposición–, resulta difícil esperar un mejor panorama para las comunidades y los ecosistemas glaciares dependientes. Y es por eso que ponemos en alerta a las comunidades hermanas, los pueblos y la ciudadanía de lo que pase con esta ley y a no permitir su avance si ese es el panorama. SIN GLACIARES NO HAY VIDA. No permitamos que los senadores se salgan con la suya; no política en la medida de lo posible. Exijamos un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza.
Es por todo lo que ocurre que hemos hecho un llamado de Alerta Glaciar.
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Fotografía: GeoHuellas[/caption]
- ¿Qué propuestas nacen desde las comunidades y organizaciones sociales?
En el encuentro que realizamos en abril de 2019 con las organizaciones que conforman la Coordinación, que vinieron de distintas partes de Chile, vinieron compañeras de Aysén, Copiapó, Huasco, de Putaendo, del Elqui, de Choapa, de Aconcagua, del Cajón del Maipo, de Barnechea, Santiago, de Maule, entre otras, de distintas regiones, conversamos de cuáles son nuestros estándares relativos a la protección.
Y luego de trabajar esos días llegamos a la conclusión, y luego realizamos un documento bien robusto, que son las "Bases comunitarias para la preservación, protección y conservación de sus ambientes y elementos de apoyo", que es la Criósfera, y en donde fueron trabajados 7 principios sobre los cuales nosotros creemos que es la dirección correcta en donde debe apuntar la protección efectiva, concreta y real de los glaciares y sus ambientes.
Partimos de la base de que para lograr su protección es necesario preservar y conservar los glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo, es decir el Glaciosistema (criósfera). Y que la protección debe ser a todos los glaciares y no solamente algunos. No solamente los que tengan tal tamaño, sino que todas las formas, todos los tamaños, sin condiciones porque todos son importantes. En este sentido vale tomar atención como países que están perdiendo sus glaciares al orden del 40% en las últimas décadas como Bolivia, Perú o Ecuador los valorizan más, a diferencia de lo que ocurre en el Chile, país con mayor concentración de glaciares en América Latina (81%).
Creemos que todas las definiciones no pueden ser excluyentes, y eso no aplica solo para los glaciares como tal sino que para su entorno, su ambiente periglaciar y el permafrost. Todos los elementos del sistema o glaciosistema glaciar deben estar correctamente protegidos y completamente considerados en una ley de protección, porque si no no es una ley de protección.
Luego, que es fundamental resguardarlos de cualquier amenaza que altere su dinámica natural, dada su fragilidad. Por tanto, es necesario impedir la destrucción y la afectación de los componentes de la criósfera por parte de las actividades extractivas y del turismo masivo que también tiene un efecto negativo, y se deben prohibir entonces los proyectos económicos asociados a glaciares y sus sistemas.
Es urgente procurar que permanezcan el mayor tiempo posible, y eso significa impedir acciones directas o indirectas que atenten contra ellos. Dicha protección debe ser total sin ningún tipo o resquicio de flexibilidad, tal como lo ha dispuesto la Corte Suprema[1]. En este sentido, proyectos económicos asociados a glaciares y sus sistemas no pueden ser presentados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como lo ha señalado enérgicamente esta Corte, en otras palabras, estarán prohibidos.
No existen glaciares y zona periglaciares menos importantes que otro(a)s, por lo tanto, no necesitan demostrar lo fundamental que son para la cuenca que abastecen para lograr su protección. Además, sostenemos que el Sistema de Evaluación Ambiental es un sistema que se creó para legalizar la destrucción de la naturaleza, por medio de este se pueden destruir todos sus elementos tal como vemos hoy que se hace de forma desmedida amparados en esta institucionalidad.
Es necesario, también, que se proteja su zona adyacente o contigua, pues cumple un rol de amortiguación ante alteraciones y de transición en donde existen humedales de montaña y cuerpos lacustres que se alimentan de los glaciares y sus zonas periglaciares, y que a su vez cumplen también funciones de almacenamiento, provisión y reguladores de agua dulce, en donde las vegas altoandinas incluso cumplen funciones de sumidero de CO2, crucial en el contexto actual.
Por otro lado, en cuanto a su clasificación jurídica, creemos que no pueden ser considerados simplemente un bien nacional de uso público. A nuestros ojos es totalmente nefasto, entregarle al Estado, tal como lo entendemos hoy, el poder de decidir respecto de estos elementos vitales. Los bienes de uso público dependen de Bienes Nacionales y se pueden desafectar[2], bajo esta figura el Estado puede disponer de ellos tal como lo expresó el Contralor de la República, Jorge Bermúdez[3] y la misma Corte Suprema. Podría ocurrir lo mismo que lamentablemente ocurre con el agua[4].
Los glaciares son más que un bien nacional de uso público, deben ser considerados como Patrimonio Ambiental inapropiable e inconcebible, son un BIEN COMÚN y esa es la categoría que debiese implementarse no solo para los glaciares sino que también para el Agua, que creemos que es también un debate que debe darse en el marco constituyente. La invitación es a no entender el agua y su gestión bajo las lógicas institucionales que hoy tenemos, sino que debiésemos ir un poco más allá, a eso nos invita también este momento constituyente; a que veamos las cosas anticipadamente, y en ese sentido sostenemos la gestión comunitaria de las cuencas.
Por último, sostenemos que deben ser considerados como sujeto de derecho, avanzando como ya lo han hecho otros países en considerar a la naturaleza o Madre Tierra, y que se deben respetar en ellos las prácticas culturales y tradicionales que en ellos se practican. Y que deben ser protegidos comprendiendo también el contexto de crisis global y climática, en donde se presentan como retardadores del calentamiento global, aportando humedad a la atmósfera y enfriando masas de aire, los glaciares y demás elementos de la criósfera, aportando a la capacidad de resiliencia de los territorios.
- ¿Alguna reflexión o énfasis con la que quieran cerrar?
Cuando nosotros denunciamos la inexistencia de una ley de protección de glaciares y sus ambientes, denunciamos también la relación directa que hay entre la vulneración de la protección de estos bienes comunes -que son fundamentales para la vida porque son la fuente de abastecimiento hídrico de muchas comunidades y ecosistemas- y la vulneración al derecho humano más básico como es el derecho humano al agua y a todos los derechos que se derivan de él (a la vida, alimento, salud, trabajo, cultura). Es importante recordar que el 70% de la población del país se abastece de agua proveniente de las zonas altoandinas, principalmente en la Cordillera de Los Andes, hogar de los glaciares.
Son tan importantes que, por ejemplo, en la región de Valparaíso están aportando hasta el 70% del caudal del río Aconcagua. La Universidad Católica de Valparaíso realizó un estudio del origen de las aguas del río Aconcagua y ahí determinó que más del 70% de su caudal está conformado por el sistema glaciar, agua proveniente no solamente de los glaciares blancos sino que de los glaciares rocosos, de la nieve, del sistema glaciar, entonces eso es muy ilustrativo de lo que nosotros creemos debe protegerse, no solo el hielo glaciar, no solo el objeto en sí mismo, el hielo mismo, sino todo un sistema, todo un ambiente que permite que el glaciar este allí y que no se derrita tan rápido como sucede cuando son intervenidas estas áreas o el ambiente periglaciar con industrias como la minería, pero también con la industria de centrales hidroeléctricas en la alta montaña como Alto Maipo. Por eso insistimos a toda la población, comunidades y pueblos hermanos, que sigamos atentos de esta ley y no la permitamos si no protege también los ambientes que sostienen a los glaciares.
Por otro lado, no podemos obviar el proceso Constitucional que como pueblos atravesamos, y que desde las distintas organizaciones a lo largo del país pulsaremos para que logre ser un proceso realmente constituyente, que es lo que desde las calles se ha demandado, y frente a lo cual nos parece inaceptable que el gremio minero siga impulsando leyes para beneficios de grupos pequeños en número, pero que en términos económicos, representa justamente a ese porcentaje de la población que ha visto acrecentadas sus millonarias arcas, en un 70%.
Por tanto nuestro llamado es a seguir atentxs y movilizándonos, para una real protección y restauración de los distintos ecosistemas, que son fuentes de vida, de aquí a la posteridad.
Referencias:
[1] Corte Suprema. Oficio N° 110-2016. Informe Proyecto de Ley N°26-2016. Chile. 8 de agosto de 2016. Considerando sexto y séptimo.
[2] Biblioteca Congreso de Chile. Minuta. Recurso disponible en: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/20222/4/Bienes%20Nacionales%20de%20Uso%20Publico%20Editado%20Par.pdf
[3] Congreso de Chile. Cámara de Diputados. “Informe de la Comisión de Medio Ambiente y recursos naturales recaído en el proyecto de ley que establece ley de protección y preservación de glaciares. Boletín N° 9364-12. Recurso disponible en: https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=18615&prmTIPO=INFORMEPLEY
[4] Estado de Chile. Código de Aguas. ARTICULO 5°- Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código. Recurso disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5605
https://www.youtube.com/watch?v=pZ45eT5X-5M
Fotografía principal: José Purto | Glaciares Libres
