La situación tuvo lugar en julio de 2018, donde fue desvinculada de la Defensoría Penal Pública de Concepción por razones sexistas, como lo fue estar embarazada.
Por Kathia Cancino Rojas
Marisol Bauzá Contreras se encontraba en juicio con la Defensoría Penal Pública de Concepción desde marzo de 2019, primera audiencia que tuvo desde su desvinculación en junio del año anterior. Incluso, mencionó, debió ir al juicio con su bebé de días de nacida.
“A mí me desvincularon una, porque estaba embarazada y otra porque yo vivo en Concepción pero igual tenemos una parcela en el campo (razones por las que debía trasladarse continuamente al lugar); fue muy sexista porque me decían que yo para qué estaba trabajando si no lo necesitaba”.
Así lo explicó la exfuncionaria respecto a la situación por la que fue desvinculada. Además, en las declaraciones presentadas ante el Tribunal Laboral, Marisol constató haber sido víctima de una reiterado sexismo por su capacidad de ser madre:
“Durante mis vacaciones en el mes de enero-febrero (2018) lamentablemente tuve la pérdida de un bebé, sin embargo no presenté licencia médica por ese hecho por el miedo a que nuevamente se me recriminara este hecho, y cuando presenté mis documentos para el seguro le pedí exclusiva reserva a la encargada de RRHH ya que no quería que mi Jefatura se enterara y tener problemas, en esa oportunidad ella me indicó que era bueno no pedir licencia debido a mi situación, pero al parecer esta información se filtró y en la entrevista de retroalimentación de mes de marzo me indicaron que aunque yo estuviera embarazada igualmente me podrían desvincular”.
No obstante, estas situaciones existían desde el momento de su traslado al organismo gubernamental, donde la afectada señaló que se encontraba haciendo uso de una licencia post natal que debió extenderse por siete días más (hasta la primera semana de junio de 2016) y que terminó en una licencia psiquiátrica por cuatros meses más. “En el instante que concurrí a la Defensoría Local de Concepción a dejar mi última licencia soy increpada (estando con mi bebé en mis brazos) por el Defensor Regional don Osvaldo Quezada Pizarro en su oficina, indicándome que mis licencias le habían traído problemas y cuándo me dignaría a volver a trabajar, situación por la cual salí muy afectada de la oficina”, señaló Bauzá en su declaración.
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Pese a que el fallo fue aceptado por el Juzgado de Trabajo de Concepción el 15 de abril de 2019, con una indemnización que asciende a un total de $30 305 264, desde la Defensoría Penal Pública presentaron un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones penquista para desestimar el fallo el cual fue rechazado el pasado 10 de junio de 2021.
“Estoy feliz y contenta porque hemos esperado esto mucho tiempo, porque después del primer fallo del tribunal laboral la Defensoría apeló al Tribunal Constitucional y ahí la causa se demoró mucho tiempo, después estuvo en la Corte de Apelaciones donde se vio el año pasado el mismo día de mi cumpleaños y recién este jueves recibimos el fallo”, comentó.
Desgraciadamente, desde el organismo no se comunicaron con ella ni con su abogado desde el momento de la desvinculación, y el fallo dentro de sus condiciones no monetarias sólo apelaba a la presentación de una carta de recomendación para entregar en un eventual nuevo trabajo, y no a una sanción de algún tipo contra quienes la vulneraron de manera reiterada.
Asimismo, Bauzá dio a conocer que el entorno en el cual se desarrolló como profesional era poco ameno, y que solamente contó con el apoyo de Ignacio Ramirez Villegas, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, quien la apoyó moralmente y la instó a seguir el camino judicial. “Él me decía: 'no, Marisol, tú tienes que seguir adelante, vamos con todo, hay mucha gente que te apoya y piensa que tú no eres la única y que si a ti te va bien vas a poder apoyar a miles de mujeres que están en la misma situación y que nunca han querido hacer nada'.”
Al respecto, Ramírez confesó que su rol es velar por los funcionarios y hacer frente a las vulneraciones que puedan tener dentro de la institución, realizando recursos judiciales y en la contraloría. Además, explicó que el caso de Bauzá es especial porque se logró levantar y aprobar la “Ley de Tutela Laboral para Funcionarios Públicos”, la que “otorga a los empleados del Estado la posibilidad de recurrir a la jurisdicción laboral en caso de ver afectados algunos de sus derechos fundamentales”, según lo indicó el Diario Constitucional.
Si bien, por el momento Marisol Bauzá está esperando la resolución de la Defesonría Penal Pública de llevar o no el fallo a la Corte Suprema, lo que solo prorrogaría aún más el juicio laboral, Ramírez señala que de ser así, las probabilidades de que la Defensoría triunfe son mínimas e incluso, resultarían un sinsentido llevar la causa hasta dichas instancia, debido a la existencia de una la ley que avala y protege a la ex funcionaria por la vulneración de sus derechos fundamentales.
