Foto: Vecinos se entierran en las cenizas de Bocamina protestando por la contaminación.
Este martes 17 de diciembre en los tribunales penquistas, la corte ordenó paralizar la central termoeléctrica Bocamina II instalada en la comuna coronelina, por no contar con una Resolución de Calificación Ambiental.
La corte viene a ratificar las denuncias de pescadores artesanales, algueras y de la comunidad de Coronel quienes señalaban que Bocamina II funcionaba ilegalmente. Siendo parte de un plan de optimización de Bocamina I, debía contar con un Estudio de Impacto Ambiental antes de su puesta en marcha. Lo cierto es que Bocamina II funcionaba sin las exigencias de carácter ambiental mínimas descritas por la legislación chilena, lo que fue reconocido incluso por la Corte Sprema, quien en un fallo del año pasado había exigido a la Central un Estudio de Impacto Ambiental.
Endesa, empresa a cargo de Bocamina, había presentado un EIA la primera semana de Diciembre. El estudio fue retirado sin explicación alguna del Servicio de Evaluación ambiental el 10 de diciembre. Lo cierto es que Endesa había realizado esta acción a más de un año de que la Corte Suprema se lo ordenará, y posiblemente debido a la presión ciudadana que señalaba el descaro de la empresa de funcionar sin las normas mínimas, haya decidido desistir de la tardía acción pues la orden de paralización de la central era inminente.
La prensa oficial presenta la noticia como un gran golpe al desarrollo del país debido a la pérdida de 370 megawatts desde el Sistema Interconectado Central. Lo cierto es que la mayor parte de la energía que se produce, y que a la vez ha producido un tremendo desastre ambiental en Coronel, es consumida por los grandes proyectos mineros, que destruyen a su vez, otros territorios. Todo esto en un país donde las grandes transnacionales mineras y energéticas, gozan de permisos tributarios que ni siquiera un comerciante de carrito de completos tiene.
Cabe preguntarse por qué no se piensa en el ahorro y la eficiencia de energía, en vez de promover el negocio especulativo con la producción energética que ha transformado al Golfo de Arauco en una zona de sacrificio, y que pretende convertir a la Bahía de Concepción y la comuna de Bulnes en algo similar con el proyecto Octopus.
La zona de sacrificio, como consigna Oceana “ha sido acuñado para reflejar aquellos lugares que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes, afectando siempre a aquellas comunidades más pobres o vulnerables.
Ya no se trata de un mero problema ambiental, sino de una abierta discriminación contra aquellas personas que soportan niveles de contaminación desproporcionados y mucho mayores que el resto del país, sólo por el hecho de vivir en estos lugares, ser más pobres y tener menos redes de influencia política.”
Con información de :
http://www.tribunadelbiobio.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=7935&Itemid=100