Corte Suprema decidirá sobre el recurso de nulidad en caso Luchsinger Mackay
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La declaración de José Peralino
El agente Villegas señaló que en mayo de 2013 en una conversación telefónica entre José Peralino y Jocelyn Llanca, “decía que por orden de la machi Francisca Linconao iban a botar una antena que estaba en la cima del cerro Rahue, ya que le molestaba, y que cometerían esa acción”, señaló durante el juicio. De esta forma comenzó el vínculo entre José Peralino, bajo la figura de delator compensado en el caso Luchsinger Mackay. En noviembre de 2013 realizó su primera declaración de la cual no hay registros a excepción de los “testigos de oídas” de la PDI. Dos años después, en otra declaración, se generó la acusación contra los 11 imputados. La tercera declaración en marzo de 2016 fue en un control de detención, donde señaló que los PDI lo hostigaron, persiguieron y amenazaron a él y a su familia si no inculpaba a las 10 personas luego imputadas. La causa por la que la PDI investigaba a Peralino en relación a botar una antena, fue cerrada concluyendo que “los dichos de Peralino Huinca respecto de botar la antena ubicada en la cima del cerro Rahue, carecen de veracidad, tratándose sólo de una conversación en la que trata de impresionar a su pareja Jocelyn Llanca, no ameritando continuar su investigación”.Contexto del caso Luchsinger Mackay
Werner Luchsinger y Vivianne Mackay era un matrimonio de terratenientes que murió luego que un conjunto de desconocidos incendiaran su vivienda en la comuna de Vilcún. Los predios que usufructúa esta familia han sido reclamados por diversas comunidades mapuche, las cuales también han desarrollado procesos de recuperación territorial sobre los mismos, teniendo como resultado el encarcelamiento de algunos de ellos y el asesinato de Matías Catrileo, quien el 3 de enero de 2008 participaba en una acción de recuperación en el fundo Santa Margarita, de propiedad de esta familia y fue asesinado por la espalda por el cabo segundo de Carabineros Walter Martínez. Luego del hecho, el funcionario policial fue procesado por la justicia militar y condenado por “violencia innecesaria con resultado de muerte”, estableciéndose la pena de tres años y un día de presidio, para después asignarle el beneficio de libertad vigilada, junto con lo cual, la Contraloría determinó que podía continuar en la institución policial.