[resumen.cl] En la jornada de hoy martes 3 de enero, trabajadores forestales, pro empleo, vecinos y familiares de los mineros del yacimiento Santa Ana cortaron las rutas de la comuna, apoyando a los mineros que se encuentran en toma en el pique de la mina desde hace 29 días, exigiendo que el gobierno entregue recursos a los trabajadores para que puedan hacer funcionar el yacimiento bajo su administración.

Desde las 5 de la mañana distintos puntos de Curanilahue se encontraban bloqueados por camiones y barricadas. La jornada de protesta interrumpió el tránsito buscando presionar para que los mineros del yacimiento obtengan una respuesta satisfactoria por parte del gobierno. La solidaridad se hizo parte de la dramática lucha de los mineros por contar con una fuente laboral digna.

La movilización de los mineros ha incluido también una huelga de hambre, que debieron suspender por las condiciones en que se encontraban. Han debido soportar también, los hostigamientos de Carabineros, como el vivido durante este 1º de Enero cuando impidieron que sus familiares pudieran descender para pasar el año nuevo en familia.

No es la primera vez que este yacimiento es tomado, ya que en el año 2015 los mismos trabajadores mantuvieron una toma de dos semanas, a 900 metros de profundidad. En dicha oportunidad, las protestas fueron por sueldos y cotizaciones impagas y por descuentos por planilla que iban destinados a cancelar un préstamo a una caja de compensación, pero que no fueron ocupados en cancelar las cuotas. Los trabajadores sindicaban a la empresa privada dueña de la mina, SW Business S.A., representada legalmente por el empresario Rodrigo Danús. Empresa que se declaró en “quiebra” financiera en octubre del 2015, y no respondió ni se hizo cargo del conflicto.

Los mineros denuncian que el gobierno no ha respetado ni cumplido los acuerdos firmados en las protestas del 2015. Específicamente, el gobierno no ha creado el protocolo que permita la compra de la mina, para seguir en las labores de trabajo. Labores que habían comenzado a ejecutar de manera independiente, volviendo a reactivar el trabajo en la mina, hasta que el SERNAGEOMIN de la región del Biobío declarada esta acción como “ilegal” y clausurara el yacimiento, aludiendo a “riesgo de derrumbe, inundación y acumulación de gas”, lo que ha sido cuestionado por los trabajadores.