[resumen.cl] En una auténtica burla contra la justicia y el Estado se ha convertido la práctica en que han comenzado a incurrir una serie de criminales condenados por delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos. La burla hacia los dictámenes judiciales se ha convertido en una prolongación de la crueldad para con los familiares de las víctimas que durante décadas han debido soportar la sorna y odiosidad de los criminales, junto a la inoperancia y desidia de los tribunales, lo que se convierte en un insoportable manto de impunidad. Impunidad que alcanza ribetes grotescos cuando en los últimos días la opinión pública se ha informado del otorgamiento de libertad a condenados por el caso degollados, cometido en marzo de 1985, y de la verdadera oficina de inteligencia represiva, aparte de inauditos privilegios, que el condenado criminal Álvaro Corbalán tenía instalada en el presidio de Punta Peuco.

La acción de la justicia no sólo deja mucho que desear por la tardanza con que han actuado y por la presencia en muchos de sus fallos de la peligrosa tendencia a aplicar penas ridículas para sancionar crímenes horrendos, y por la tendencia infame a aplicar la media prescripción como una forma solapada de imponer criterios de impunidad para beneficio de los criminales. A estas prácticas impropias del sentido de la justicia, se suma la ligereza con que jueces y ministros sustanciadores le otorgan la libertad provisional a criminales condenados; si bien es cierto el otorgamiento de la libertad bajo fianza a los criminales procesados es una posibilidad legal, ese criterio debiera romperse una vez que se dicten las condenas de primera instancia. En la práctica, los criminales utilizan los beneficios judiciales para preparar condiciones de fuga y evadirse cuando deban someterse a las sanciones de la ley.

En días recientes, la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, denunció que dos criminales condenados a firme por la Corte Suprema, y que no han sido apresados para comenzar a cumplir las condenas de que son merecedores, se pasean impunemente por diversos lugares de Santiago.

Los dos prófugos que han sido vistos por la capital son el condenado Daniel Valentín Cancino Varas y Ricardo Víctor Lawrence Mires. El primero de los nombrados, Cancino Varas, es un ex oficial con el grado de Prefecto de la Policía de Investigaciones que operó como agente de la DINA donde se hacía llamar “Don Mauro” pero era conocido como “El Manguera”, al parecer por su estatura y contextura física. Este criminal actuó como jefe del grupo Vampiro de la Brigada Caupolicán, y luego como jefe del grupo Alce de la Brigada Purén. Está condenado a 10 años y un día de presidio por el caso de 8 miembros del MIR detenidos desaparecidos en enero de 1975 en Valparaíso, pero además está procesado en numerosas otras causas de derechos humanos, particularmente en una serie de episodios que forman parte del proceso que investiga y tramita los crímenes cometidos en la Operación Colombo ejecutada por la DINA en 1975. Recientemente, “El Manguera” fue visto sacando dinero desde un cajero automático en Santiago.

El otro de los prófugos es el teniente coronel de carabineros en retiro Ricardo Lawrence, agente de la DINA, desde el origen de este engendro represivo, donde se hacía llamar “Don Julio” pero era conocido por el alias de “Cachete Grande”. En la DINA, el “Cachete Grande” actuó como jefe del grupo Águila de la Brigada Caupolicán, y luego del Grupo Delfín de la Brigada Purén, operando con singular crueldad en los cuarteles de Londres 38, Villa Grimaldi, Simón Bolívar, entre otros. Está condenado a firme por la desaparición de Alfonso Chanfreau y está procesado en innumerables otras causas de derechos humanos, algunas con condenas en primera instancia. Habría sido visto con nuevo aspecto, luciendo una apariencia nueva con la pretensión de pasar desapercibido.

Pero estos dos criminales prófugos no son los únicos que se encuentran en esta condición. Aunque en realidad se desconoce la cifra exacta de condenados prófugos, algunos de los que se agregan a los dos mencionados son el oficial de ejército en retiro Ricardo Agustín Enrique Fiedler Alvarado, condenado a 5 años y un día de presidio por los crímenes de las 8 personas en Valparaíso en enero de 1975, quién habría salido del país, vulnerando las ridículas órdenes de arraigo dictadas por tribunales. Otro prófugo condenado por el más alto tribunal del país, es el oficial en ejército en retiro Walter Klug Rivera, sentenciado a 10 años y 1 día de presidio por las desapariciones y homicidios calificados de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico en 1973, en la provincia de Bío-Bío.

Por otra parte, Adriana Elcira Rivas González, ex funcionaria civil de la Fach y agente de la DINA, donde integró la terrible Brigada Lautaro que operó en el cuartel Simón Bolívar, acusada de la desaparición del Secretario General del Partido Comunista, Víctor Díaz, huyó del país y se encuentra en Australia, después de recibir el beneficio de la libertad condicional con arraigo nacional

Lo absurdo, lo ridículo, lo inaceptable, la burla infame, es que estos criminales son oficiales en retiro o funcionarios jubilados de instituciones uniformadas o policiales, que reciben del Estado sus sueldos mensuales de criminales condenados y ese mismo Estado se justifica aduciendo que no han podido ser habidos o que no se han presentado para ser notificados de sus condenas. Todo parece indicar que estos criminales se encuentran prófugos porque deliberadamente no son buscados por las policías, o porque deliberadamente ciertos jueces no han decretado órdenes de captura, o porque cuentan con círculos de protección que se extienden por diversas esferas de poder.

Así por ejemplo, un abogado ligado al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ha formulado la denuncia de que la nuera del “Manguera” Cancino Varas se desempeña en altas esferas de seguridad del Ministerio del Interior. Al respecto, el aludido abogado señala: “La nuera del agente de la DINA Daniel Cancino, condenado por la desaparición de 8 militantes clandestinos del MIR, Elías Villar Guijón, Sonia Ríos Pacheco, María Isabel Gutiérrez, Horacio Carabante, Fabián Ibarra, Alfredo García, Carlos Rioseco y Abel Vilches; es la Jefa de Asesores de la Secretaria Interior del Ministerio del Interior y Seguridad, Lucía Dammert, que hasta hace poco era solicitada por la prensa para referirse al tema de Seguridad. ¿Es posible que un gobierno progresista tenga  a cargo de un tema tan sensible a una persona emparentada con un ex agente de los servicios de seguridad de la dictadura cívico-militar?  ¿quién esconde a Daniel Cancino por tanto tiempo? “.

Algo más de suciedad salpica la ya asquerosa moralidad de la clase política gobernante.

Fotos: Villa Grimaldi