Durante los últimos meses diversos actores han denunciado públicamente el precario funcionamiento del Hospital más grande del País, el Regional de Concepción que atiende al 81% de la comunidad.

Los días 21 y 22 de Agosto, la Federación Nacional de trabajadores de la salud (FENATS) llamó a un “paro social de la salud” con el objetivo de visualizar lo que llamaron “La crisis del hospital Regional”. El 23 de agosto, cerca de 30 jefes de servicio junto al cuerpo médico paralizaron sus funciones durante 2 horas. Los jefes técnicos declararon que desde hace tres años han utilizado los conductos formales para denunciar las precarias condiciones en las que deben atender a la población, sin obtener respuestas substanciales. Los funcionarios, enviaron una carta al subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Luis Castillo, a la que adscribió también el consejo regional del Colegio Médico manifestando que efectivamente los médicos deben trabajar en espacios pequeños e inadecuados con equipos viejos y descompuestos, en condiciones “indignas e impropias para funcionarios y usuarios”.

La trama de la crisis

El hospital Guillermo Grant Benavente, sufre una crisis que se evidencia en falta de medicamentos, insumos,  personal y en un déficit de alrededor de trescientas camas básicas (para hospitalización). Siendo un hospital de alta complejidad hoy solo cuenta con 977 camas  y solo 98 para paciente críticos, cantidad insuficiente si consideramos que debe recibir a pacientes de toda la región y no existe un hospital de mediana complejidad exclusivo para los habitantes de Concepción.

El “regional” arrastra una deuda que el año pasado supero los 6 mil millones de pesos, hoy bordea los 11 mil millones y según estimaciones de FENATS, alcanzará los 15 mil millones a fines de este año. Una de las principales causas del endeudamiento del hospital son la altas exigencias que este debe cumplir en contraste a la poca inversión realizada en este mismo, el año 2012 el gobierno ordenó acelerar la resolución de listas de espera (parte de la campaña de Sebastian Piñera), pero con cargo al presupuesto del Hospital. Además, se deben cumplir con las prestaciones AUGE y atenciones no programadas. De esta forma el hospital público, que no cuenta con el equipo ni infraestructura disponible debe recurrir al arriendo de equipos y a la compra de Servicios a empresas externas acumulando millonarias deudas. El año pasado se realizaron 1535 cirugías en pabellones arrendados con equipos médicos que se trasladan desde el hospital.

CIRUGIAS EN PABELLONES EXTERNOS

A la millonaria deuda se suma lo que trabajadores, agrupados en la FENATS y los mismos jefes de servicio han expresado en reiteradas oportunidades: condiciones graves de hacinamiento producto del atraso en la entrega de la torre del hospital que fue dañada por en el terremoto.  La infraestructura albergaba servicios fundamentales: urgencia, hospitalización de pacientes críticos,  servicio de  esterilización y pabellones quirúrgicos. Pese a que el terremoto redujo la capacidad de pabellones en  más de un 50 %  las cirugías realizadas han aumentado. El 2012 se realizaron más de 33 mil operaciones,

En torno a la demorosa reconstrucción de la Torre se han denunciado diversas irregularidades. La obra fue cedida directamente a Ingetal S.A con fecha de entrega en Julio del 2012,  por un valor de  $8.600 millones  a  financiar  por el  Ministerio de Salud.  El  proyecto original costaría 12 mil millones de pesos, pero fue modificado: disminución  de la  superficie del edificio, eliminación de aire acondicionado, modificación de materiales, en definitiva bajando la calidad de las obras. El equipo técnico del Servicio de Salud Concepción advirtió que el contrato realizado no correspondía al presupuesto real requerido para normalizar la Torre de Urgencia, Johnny Villouta, arquitecto y jefe de normalización del SSC afirmaba que el proyecto de reconstrucción de la torre había sido cambiado sustancialmente sin justificación. A los pocos meses el SSC anunció una nueva inyección de dinero al proyecto a cargo de Ingetal, transfiriendo 800 millones, pero sin  contar  con  el  respaldo  presupuestario  correspondiente desde el Ministerio de Salud. Junto a esto  se postergó la entrega de la Torre en  150  días. El 2013 el SSC presenta un segundo proyecto para la reconstrucción de la torre por 5.600 millones de pesos, de esta forma, la dudosa gestión a derivado en un año de retraso en la reconstrucción de un edificio imprescindible. Junto con el hacinamiento, el retraso en la reconstrucción ha aumentado la deuda hospitalaria, ya que ante la falta de espacio se deben externalizar (comprar a privados) las operaciones y servicios, lo que acrecienta la deuda del Regional: cada vez que un paciente acude al sector privado, el costo adicional puede llegar a 100, 200 y 300 por ciento del precio original. Por otra parte, en base a costos directos de paralización de obras se calcula 1 millón de pesos de pérdidas diarias, superando así ampliamente el presupuesto inicial de la obra.

Un sistema diseñado para fracasar

Más allá de la mala gestión del director del Hospital o del SSC, la Federación nacional de profesionales de la salud (fenpruss) establece que una de las causas de esta crisis es el centralismo y una administración totalmente vertical, que impone metas y objetivos, sin considerar las capacidades y el consenso de quienes trabajan en los hospitales, menos aun de los usuarios. Agregan que esta estructura permite políticas Ministeriales como las actuales que debilitan la salud pública, castiga los hospitales y entrega la resolución de enfermedades a la lucrativa salud Privada.

Las autoridades, incluido el intendente,  han negado la crisis, no obstante ante la presión de los trabajadores y la incipiente organización de estos con los usuarios, han debido responder, primero, con la destitución del director del hospital Sergio Opazo en el mes de Agosto. Poeteriormente, el director subrogante Jaime Tapia indicó que el recinto tiene el 90% de los insumos que necesita, asumiendo, sin embargo, que se han suspendido cirugías por falta de insumos. Junto con esto el Ministerio de Salud entregó más de 3.200 millones de pesos para paliar e intentar resolver lo más urgente, que es el pago a los proveedores de fármacos. Por su parte el Director del Servicio de Salud (asumido hace nueve meses) durante  septiembre reunió un equipo técnico de 5 personas para evaluar una salida basada principalmente en cómo obtener más ingresos a través del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV) que entrega Fonasa, priorizar el pago a los proveedores y en general realizar un análisis interno del funcionamiento del hospital. Se proyecta además un aumento del presupuesto anual a 76.000 millones para 2014, con lo cual se podrían pagar entre 4 mil y 5 mil facturas de proveedores.

Todas estas medidas están destinadas al fracaso si es que no se consideran las causas estructurales de esta crisis, las mismas que han afectado al hospital San José en Santiago, a Tocopilla, Quellón, Buin y Casablanca etc. Los ingresos de un hospital público provienen del Fondo Nacional de Salud (FONASA) según las prestaciones que éste realice de la canasta GES (AUGE), prestaciones valoradas y transferencias generales o presupuesto. Con esto deben pagar a los trabajadores, comprar insumos (jeringas, gazas, fármacos etc.) Pero simplemente los ingresos al hospital público son menores que los gastos que éste debe realizar para satisfacer las necesidades de la población a la que atiende. Los aranceles de FONASA están subvalorados, es decir, los costos reales de las atenciones superan con creces los que paga FONASA por ellos, por ejemplo un día cama en la UTI tiene un costo promedio de $170.750, no obstante Fonasa paga al hospital solo $60.860, el día cama UCI tiene un costo real sobre los 300 mil pesos, Fonasa lo paga en alrededor de 130 mil pesos. De esta forma los hospitales públicos, como el Regional de Concepción se ven forzados a arrastrar millonarias deudas con los proveedores.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, reconoció que durante el año 2013 la deuda hospitalaria arrastrada prácticamente se duplicó, a los $65.000 millones se han sumado cerca de $50.000  millones en todo el país, mientras la capacidad hospitalaria del sistema público, es decir, las camas para atención de pacientes, han disminuido (12% entre los años 1999 y 2009)

La crisis que hoy sufre nuestro  Hospital Regional es producto de la estructura del sistema de salud y no se detendrán con una inyección de recursos o con un aumento del presupuesto anual. Es un sistema entero diseñado para el fracaso de lo público en beneficio del sector privado. Una manifestación más en este sentido es  la subvaloración de la capacidad instalada en los dispositivos públicos: pese a que a los médicos se les pague por jornada completa, solo trabajan en la mañana, y en la tarde abandonan el hospital para ir a las clínicas, eso implica que los pabellones, equipamiento de diagnóstico, etc. quedan sin uso. Es decir, la inversión hecha no está siendo aprovechada. A la vez, y sirviéndose de esta situación, muchos de los médicos arrastran pacientes al sistema privado.

En conclusión, la deuda hospitalaria es una bola de nieve que no se detiene con inyección ocasional de recursos, se requiere una nueva lógica, donde el Estado no solo subsidie las prestaciones de salud, sino garantice y se haga cargo efectivamente de la salud de la población, pasando por el  pago total de la deuda a proveedores, aumento del presupuesto, pero sobre todo que el Estado, mediante FONASA, reintegre el total de dinero invertido en los hospitales, esto permitiría además la mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud y la contratación del personal requerido. Un incipiente movimiento social exige hoy cambios importantes en este sistema que se sostiene solamente mediante nuestros impuestos y cotizaciones, en un sistema que está diseñado para el fracaso.

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