Crónica de la lucha contra el vertedero de Rafael

En Tomé
Rafael es una localidad ubicada a 20 kilómetros de Tomé. Cuenta con más de dos mil habitantes y una actividad económica relacionada principalmente con la agricultura, el cultivo de viñas y las plantaciones forestales de pino radiata y eucaliptus, así como el turismo en torno al río Rafael. Ésta es la historia de la defensa de su comunidad por evitar que el territorio sea zona de sacrificio. Por: Jenaro Orellana, Coordinadora Territorial Tomé Editora: Carolina Lara, Coordinadora Territorial Tomé   El año 2000, la “Sociedad Hera Biobío S.A” (filial de Holding Hera, de origen español) compró 160 hectáreas de terrenos del fundo Curaco Alto, ubicado en Rafael, a través de Iván Parra Ramos, gerente general de HERA quien anteriormente fue director de CORFO. La compra del fundo Curaco Alto se ejecutó bajo el alero de un expresidente de CORFO, Iván Parra Ramos, quien trabajó para el sistema público, y luego pasó a ser gerente general de HERA Biobío, práctica demasiado común entre los políticos corruptos: se llevan información privilegiada obtenida en el sistema público para “venderla” a estos inversores privado. Ese mismo año, HERA Biobío presentó el proyecto “Centro Integral de Tratamiento Curaco Alto”, que consiste en un vertedero de residuos domiciliarios e industriales para la región del Biobío, el cual se ubicaría en los territorios antes adquiridos. El valor de la inversión es de 10 millones de dólares y comprende un área de 51 hectáreas en su primera etapa, la cual se divide en 24 hectáreas para residuos domiciliarios, 20 hectáreas para residuos industriales no peligrosos y peligrosos; y siete hectáreas para oficinas, bodegas, caminos, entre otros. Si consideramos el total de 160 hectáreas, se proyectarían hasta tres etapas de expansión con una duración de 25 años para este primer lote, que comenzarían a contar desde que el vertedero esté listo para recibir deshechos. Te puede interesar: Comunidad se movilizó en defensa del río Rafael amenazado por instalación de vertedero en Curaco Alto A este punto se refiere Humberto Belmar, vocero de la mesa de trabajo del Comité Pro Defensa del Medio Ambiente de Rafael: “con respecto a los 25 años de duración del proyecto del vertedero, para la primera etapa que contempla 51 hectáreas, es bueno aclarar que el tiempo cero se toma desde el momento en que se termina de construir el vertedero y es habilitado para la recepción de la basura domiciliaria e industrial, o sea, en el momento en que se corta la cinta. Por ejemplo, si el vertedero entrara en operaciones en enero del año 2025, terminaría sus funciones en enero del año 2050, por lo tanto, debe quedar claro que el tiempo de inicio no se toma desde el año 2001 (momento en que fue aprobado el proyecto), sino desde cuando está listo para recibir los camiones con basura”.  Este detalle debe ser aclarado, ya que en algún momento se pensó que su contrato se acababa definitivamente en 2025. El proyecto fue aprobado por la institucionalidad a inicios de 2001, tras llevarse a cabo el Estudio de Impacto Ambiental presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental (CONAMA) de la época, luego la participación ciudadana (la cual no es vinculante); y la votación de el intendente de la época Jaime Tohá (actual diputado del distrito 20) más los/as SEREMIS involucrados/as en la evaluación del proyecto (donde juega el lobby empresarial, el financiamiento de campañas, las devueltas de favores, los pagos irregulares, etc.). Con estos trámites cumplidos, el vertedero estaba listo para su ejecución.   Si fue aprobado ¿Por qué no fue instalado? En el año 2000, el Gran Concepción llamó a licitación a futuros proyectos de rellenos sanitarios, siendo “HIDRONOR COPIULEMU S.A.” quien se adjudicó la mayor parte del mercado de la basura, vertedero que funciona hasta el día de hoy. En aquella época, HERA Biobío ni siquiera había empezado con los trabajos en los depósitos, por lo que decidieron desistir de seguir adelante con el proyecto, al menos en el corto plazo. Sin embargo, la comunidad organizada sabía que en algún momento este poderoso Holding Español volvería a poner sus ojos sobre el territorio.   Comité Pro-Defensa del Medio Ambiente de Rafael Dos conflictos sanitarios y ambientales motivaron la creación del Comité Pro-Defensa del Medio Ambiente de Rafael:
  1. Conflicto con ESSBIO por instalación de una planta de tratamiento de aguas servidas a 60 metros del balneario “La Polla”: El Estado de Chile aprobó cerca de 3.900 millones de pesos para la implementación del PMB (Programa de Mejoramiento de Barrios) para Rafael. Este monto es para toda la red de alcantarillado y casetas sanitarias en el sector. Del total invertido, ESSBIO sólo puso no más de un 20%, quedando a su cargo la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) y las Plantas Elevadoras. ESSBIO pretendía construir la PTAS a 60 metros del balneario “La Polla”, entre las calles Colo - Colo y Fresia, en un lugar que, históricamente se ha inundado, además de estar a la misma altura de la planta de agua potable. La comunidad está a favor del PMB para Rafael, sin embargo, se manifiestan en contra de que sea construido tan cerca del balneario. Se exige que se haga fuera del área urbana y donde no afecte a ninguna persona ni los afluentes de agua. La actual alcaldesa, Ivonne Rivas (alcaldesa electa en aquel momento) se comprometió a hacer gestiones para que ESSBIO proponga otro lugar alejado de las comunidades y, bajo ningún punto de vista, en las cercanías del balneario. La comunidad considera injusto que sea ESSBIO quien imponga las condiciones de negociación, siendo que el mayor inversor es el Estado (que debiera velar por los intereses de la población). Por si fuera poco, son ellos quienes se benefician con las instalaciones y la rentabilidad del negocio, a costas de los fondos de todos y todas.
 
  1. Conflicto con BIO DIVERSA por hipotética planta de procesamiento de lodos: En mayo de 2021 Llegaron a Rafael lobbistas de la empresa BIO DIVERSA, filial de ESSBIO, dueña del vertedero de Chillán (Hera Ecobío S.A.), quienes se dedican al procesamiento de los residuos de las plantas de aguas servidas para la producción de fertilizantes. La empresa BIO DIVERSA conversó en un principio con la Junta de vecinos/as de Las Raíces-Agua Tendida. La propuesta era poder instalarse en terrenos próximos al fundo Curaco (donde se construiría en algún futuro el vertedero), a cambio, donarían “fertilizantes” a las forestales y a las familias agricultoras del sector. Estos fertilizantes, derivados de los desechos de las aguas servidas, se utilizan en la agricultura, lamentablemente su mala supervisión conlleva problemáticas sanitarias como moscas y malos olores. Los/as pobladores/as sospecharon del ofrecimiento de la empresa y decidieron alertar al resto de la comunidad, convocando a una reunión extraordinaria con las demás juntas de vecinos/as y autoridades locales. La respuesta de la ciudadanía organizada, así como de las autoridades presentes, fue absolutamente negativa, ante lo cual BIO DIVERSA decidió retirarse para evitar conflictos directos con la comunidad.
  Tras estos sucesos es que la comunidad, mediante las juntas de vecinos/as de Rafael, Población El Sol, La Esperanza, Lloicura, Millahue, Las Raíces- Agua Tendida, Rinco, Pissis, más distintos Comités de viviendas y el Comité del Medio Ambiente de Rafael, se organizaron bajo la mesa de trabajo del Comité Pro-Defensa del Medio Ambiente de Rafael. Desde esta plataforma comenzaron a investigar acerca de los antecedentes que se pudieran recoger durante los últimos 10 años sobre proyectos que pudieran afectar a la población y al medio ambiente, enviaron cartas al SEREMI de Medio Ambiente, al SEA y a la Superintendencia del Medio Ambiente. Notaron que en abril de 2016 la empresa HERA Biobío había revalidado su RCA (Resolución de Calificación Ambiental), por un período de 5 años, por lo que actualmente se encuentra vencida. Debido a esto, es que no se pueden llevar a cabo trabajos en el sector, a menos que presenten otro proyecto, lo que es perfectamente posible, entendiendo la magnitud de fondos monetarios que maneja el holding. Según otros antecedentes recopilados por la mesa de trabajo, el 25 de junio de 2019 a las 14:30 horas se reunió el intendente Sergio Giacaman con lobbistas de la empresa HERA Biobío, quienes hablaron del fundo Curaco Alto. Asimismo, el día anterior, se reunieron los mismos lobbistas de HERA Biobío con la directora del SEA, Silvana Suanes, de la cual se desconoce los temas tratados. “HERA es un holding poderoso, tienen 160 hectáreas de terreno, varios litros/segundo inscritos como derechos de agua, sabemos que el negocio de la basura es gigante y muy rentable. Si no lo fuera, habrían usado esos terrenos con fines forestales. Pero no, decidieron esperar, ya que la lógica nos dice que el vertedero de Copiulemu debiera cerrar en algún futuro cercano, por lo que toda esa basura tiene que ser depositada en algún lado. Debemos investigar, ¿qué otros rellenos sanitarios se barajan para la región?”, nos comenta Don Humberto. Tampoco se descarta el uso de los territorios del fundo Curaco con fines mineros, ya que es de público conocimiento el interés de inversores extranjeros para la extracción de lantánidos en la zona, elementos utilizados para el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero que paradójicamente es muy contaminante para el medio ambiente y peligroso para las comunidades. Hasta el día de hoy no han empezado los trabajos en el lugar, tampoco hay indicios de actividad de la empresa, quienes han sabido ser pacientes y cauteloso. Sólo existe la terrible incertidumbre por parte de la comunidad de Rafael, de que algún proyecto extractivista o contaminante será nuevamente impulsado en el lugar.   ¿Cómo nos afecta el vertedero en Rafael? El vertedero estaría ubicado en lo alto del fundo Curaco, a unos 4 kilómetros de Rafael, que junto al fundo Conuco y otros colindantes son los que dan vida al río Rafael, con sus esteros, arroyos y quebradas. El vertedero afectará la cabecera de la cuenca, lugar donde se produce el agua del río, que posteriormente permite abastecer de consumo y regadío a todas las comunidades por las que hace su recorrido, teniendo una extensión aproximada de 20 kilómetros, comenzando en Millahue, pasando por Lloicura, Rafael, Pissis, San Francisco, Los Quillayes, Menque, Dichato y finalmente desembocando en Pingueral. El vertedero no sólo recibirá desechos domiciliarios, sino también industriales peligrosos y no peligrosos, en una región donde se han declarado zonas de sacrificio y se industrializa cada vez más. Algunas de las empresas con más desechos contaminantes de la región, son ENAP (refinería de petróleo), Vidrios Lirquén, Huachipato, termoeléctricas de carbón, pesqueras y –a futuro, de no prosperar la movilización ciudadana– la nueva minera de lantánidos en Penco. Los metales y químicos depositados en el vertedero serán posteriormente consumidos por las personas que se abastecen de agua del río Rafael, ya que tales desechos se filtran en la tierra, llegan a las napas subterráneas y se mezclan con las aguas que posteriormente son utilizadas para el regadío o el consumo directo. Las afectaciones van desde transmisión de enfermedades por ratones, mosquitos o gusanos hasta intoxicaciones masivas por consumo de elementos peligrosos para el organismo a través del agua potable. Si escribes en Google “contaminación vertedero Copiulemu” podrás ver la gran cantidad de negligencias y riesgos a los que se exponen las comunidades aledañas a un relleno sanitario, así como el daño directo al medio ambiente.
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