[resumen.cl] Este martes 3 de mayo se cumplen 9 años del asesinato del obrero forestal Rodrigo Cisterna, en manos de la policía chilena. El trabajador forestal se encontraba participando de una histórica huelga y, durante la jornada del 3 de mayo del 2007, tomó un cargador frontal para repeler a los blindados de Fuerzas Especiales, después de que estos causaran daños en los vehículos de los trabajadores. La acción de Cisterna fue frenada por la ráfaga de una subametralladora UZI que lo mató y dejó heridos a 5 de sus compañeros.

Planta Horcones, 3 de mayo del 2007. Alrededor de 3 mil trabajadores forestales subcontratados salen a las calles para manifestarse por mejores condiciones laborales, en una nueva jornada de protesta contra Bosques Arauco y Celulosa Arauco. La criminalización contra la movilización por parte de la prensa ha sido vergonzosa durante todo el conflicto. Ese día la toma de la Ruta 160 fue anunciada a Carabineros por los dirigentes sindicales, quienes señalaron que no duraría más de 30 minutos, pero parecía que duraría más, algo raro se respiraba en el ambiente, mucho contingente policial: la provocación de Fuerzas Especiales con insultos a los obreros forestales fue calentando los ánimos y varios obreros forestales que habían estacionado sus vehículos en el servicentro COPEC -otra empresa de los Angelini- pronto sufrirían la embestida policial.

Cerca de 15 minutos duró el corte de ruta y sin aviso previo, Fuerzas Especiales reprimió por el norte y por el sur de la carretera con gases lacrimógenas, carro lanza-aguas y balines, se provocaron duros enfrentamientos y la mayor parte de los trabajadores se refugiaron en las plantaciones, pero cuando un grupo se replegó hacia el Servicentro fue bestialmente golpeado por FFEE. Los obreros se percataron que Carabineros provocaba destrozos en los vehículos de los trabajadores. Rodrigo Cisterna, para defender a sus compañeros de la bestialidad policial y hacer frente a los vehículos policiales, tomó un cargador frontal que llevó contra los blindados de Carabineros, y allí mismo lo asesinaron a balazos. La bala que finalmente lo mató, atravesó su cráneo por atrás.

La versión de Carabineros señalaba que ametrallaron al obrero como medida desesperada, por ver en riesgo su integridad física. La versión fue contrariada por personal del Servicentro, los que señalaron haber escuchado por las radios de Carabineros la orden de disparar, es decir, no habría sido una medida desesperada, sino una orden, una medida racional, pensada. Algo que por supuesto no consideró la justicia militar.

Los subcontratados buscaban tener las mismas condiciones laborales que los contratados, pues realizan el mismo trabajo que estos últimos, pero con menores salarios y beneficios laborales. La histórica huelga por el fin al subcontrato dejaría una víctima a manos de la policía en el primer gobierno de Bachelet, así como ocurrió en Diego de Almagro (Antofagasta), cuando los subcontratistas del cobre sufrieron el asesinato de Nelson Quichillao, en el segundo gobierno de la “socialista” Bachelet.

Fueron al menos 200 efectivos policiales utilizados en una jornada, se enviaron refuerzos de Concepción, Temuco, Chillán y del GOPE para reprimir la manifestación por solicitud de Bosques Arauco, parte del Holding de la familia Angelini, uno de los dos peces gordos de la industria forestal y una de las fortunas más grandes del país. El año pasado el holding que preside Roberto Angelini rectificó declaraciones ante el SII en los casos de boletas “truchas”, para evitar la judicialización de los pagos irregulares. Entre esos pagos se cuentan los hechos al operador de la Concertación Giorgio Martelli por $208 millones a Asesorías y Negocios, Martelli es sindicado como el recaudador de la campaña de Michelle Bachelet, quien fuera presidenta cuando Rodrigo Cisterna fue asesinado protestando contra la forestal del grupo Angelini. El grupo no solo habría financiado a Bachelet, también habría entregado recursos a MEO a través de Cristián Warner; a Andrés Velasco, a través de Cristóbal Aninat, la sociedad Harold’s & Johns Business & Law vinculada al entorno de Rodrigo Peñailillo, y al Senador Alberto Espina, de RN.

La “Justicia” militar sobreseyó la causa, que no dejó culpables y la Corte Suprema anuló el falló que determinaba la responsabilidad de Carabineros en el hecho, anulando la correspondiente indemnización a la familia de Cisterna y los trabajadores heridos, pronunciada por el 1º Juzgado Civil de Concepción.

El crimen en manos de Carabineros quedó en la impunidad y por supuesto, nadie asumió su responsabilidad política.