por RED DE SITIOS DE MEMORIA
Toda la impunidad contenida en estos años ha salido a flote. Las declaraciones judiciales de dos conscriptos que estuvieron en los ataques a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana dejaron en evidencia una vez más el pacto de silencio de los represores y sus encubridores.
Este debate también ha develado las complicidades de autoridades civiles de la dictadura y la transición que han contribuido a la permanencia de los pactos de silencio y el secretismo sobre el alcance de los crímenes de lesa humanidad. Hoy, es inaceptable que autoridades del gobierno nieguen el encubrimiento que aún existe en las instituciones armadas a pesar de que incluso ha sido establecido judicialmente.
El impacto de este hecho también puso de relieve que el secreto por 50 años impuesto a los testimonios entregados ante la Comisión Valech 1 y Comisión Valech 2 ha entorpecido a la justicia y ha contribuido a la impunidad.
Por ello se hace imprescindible que el gobierno actual impulse medidas concretas para terminar con los pactos de silencio, el secretismo y la impunidad. Al respecto exigimos a las autoridades:
Sobre los archivos de la Comisión Valech
Derogar los artículos de las leyes de reparación Valech 1 y 2 que impuso el secreto por 50 años a quienes atestiguaron por casos de tortura.
Que los jueces tengan acceso total y sin restricciones a la totalidad de los testimonios recogidos por la comisión, independientemente de que los casos hayan sido calificados o no.
Establecer mecanismos que permitan el mayor acceso al público a los archivos y, si es necesario, resguardar información sensible que pueda afectar a las víctimas, con criterios públicos y transparentes.
Poner urgencia a la aprobación de ley que impide a las Fuerzas Armadas y policiales destruir o eliminar archivos de la represión, los que deben ser traspasados de inmediato a la custodia del Archivo Nacional.
Sobre los pactos de silencio
La Presidencia de la República debe ordenar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía Civil que entreguen toda la información sobre la represión.
El gobierno debe generar mecanismos para que quienes tengan información útil pueda entregarla en lugares habilitados para ello.
El gobierno debe ordenar a los mandos militares la búsqueda activa en regimientos y cuarteles de documentación que permita conocer más verdad sobre los crímenes.
Elevar las penas de cárcel aquellos represores que obstruyen a la justicia en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
Fin a la impunidad
Incorporar inmediatamente a la legislación nacional los tratados internacionales en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, con tipificaciones que establezcan mayores penas a condenados por este tipo delitos, sin acceso a beneficios, amnistía, prescripción o rebajas de condenas.
Degradación de los militares que sean condenados a crímenes de lesa humanidad.
Los represores que reciben condenas por crímenes de lesa humanidad perderán de inmediato todos los beneficios que le entrega la institución armada a la que pertenecieron.
Impedir que los represores condenados burlen a la justicia y traten de impedir su ingreso a la cárcel. El gobierno debe garantizar que las condenas dictadas por la justicia se cumplan.
Cierre inmediato de cárcel especial Punto Peuco y traslado de condenados a cárcel común de máxima seguridad.
Eliminar símbolos públicos que reivindican la dictadura, personajes vinculados a ella, y crímenes de lesa humanidad, como señal política de cultura democrática y de derechos humanos
El Estado chileno tiene la obligación de cumplir con sus compromisos contraídos ante el país de generar todos los mecanismos y medidas para impedir la impunidad, así como ajustar su legislación a los estándares internacionales como garantía de no repetición de estas y otras prácticas, como la represión y criminalización del movimiento social que, en el presente, se ha hecho una constante. RED DE SITIOS DE MEMORIA
3 y Alamos, Un Parque por la Paz y la Memoria
Agrupación de Mujeres EXPP de Magallanes (73-74) - Casa de los derechos humanos de Punta Arenas
Agrupación Hijos y Nietos por la Memoria – Casa de los derechos humanos de Punta Arenas
Agrupación por la Memoria Histórica Providencia, Antofagasta
Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy.
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
Asociación por los Derechos Humanos y la Memoria José Domingo Cañas.
Casa de la Memoria de los derechos humanos, Valdivia.
Casa Museo Alberto Bachelet Nido 20
Corporación de Memoria La Serena Dieciséis de Octubre
Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional ex Prisioneros Políticos.
Corporación Memoria Lonquén
Corporación Memorial Paine, Un lugar para la memoria