[resumen.cl] Una nueva denuncia contra la empresa SERVIPAG fue realizada en Concepción. Esta vez, en el local ubicado dentro del Líder de Juan Bosco, una cajera sufrió un asalto en el cual fue amenazada con ser quemada con un flexible y un tubo de gas. La trabajadora resistió el atraco y terminó con una mano lesionada, tras ser golpeada con la puerta del recinto en condiciones extremas de vulnerabilidad al atraco.
Al caso de Pablo Ramírez, cajero del SERVIPAG de Hualpén y a una cajera del SERVIPAG del ACUENTA de Chiguayante amenazada con ser quemada, se sumó la denuncia de Cristián Poblete, esposo de la cajera de 23 años que fue asaltada el martes en la sucursal de SERVIPAG del Líder de Juan Bosco. El familiar de la cajera señaló a Radio Bío Bío que también se vio sorprendido “debido a que nadie ayudó a su cónyuge, la que se esfuerza por recordar a los rufianes.” Un brazo lesionado y secuelas psicológicas son consecuencias del brutal ataque.
Las denuncias han escalado del reclamo contra la “delincuencia”, parte del discurso de la clase política para evadir los problemas de fondo del país -en este caso, la pésima distribución del ingreso, escasas oportunidades de desarrollo, educación segregada socioeconómicamente y “guetización” de los barrios populares, entre otros- a las acciones o posibles acciones judiciales contra la empresa SERVIPAG por vulneración de derechos fundamentales.
El año 2014 en la misma sucursal en la que fue quemado Pablo Ramírez, una cajera fue amenazada de la misma manera y esta, al ver su vida en riesgo cuando fue rociada con bencina y amenazada con un soplete, decidió entregar la recaudación. En la misma sucursal, un año antes y bajo las mismas condiciones de inseguridad.
A las 7 sanciones contra SERVIPAG emitidas por la Dirección del Trabajo, se suma la acción judicial impuesta por el abogado de Pablo Ramírez, Renato Fuentealba, por vulneración de derechos fundamentales. Falta de cámaras de vigilancia, extintores no adecuados para el espacio, una caseta sin salida y vigilancia, sin detectores de humo ni rociadores de agua, entre otros aspectos, son parte de lo que los denunciantes señalan agravaron las consecuencias de la brutal agresión. Según señaló el abogado, la acción judicial “persigue que se tomen las medidas de resguardo para los trabajadores. Para que éstos no vean peligrar su integridad corporal o incluso la vida, recordemos que si hubiesen existido algunas de estas medidas de mitigación, sin duda los daños no serían los mismos, hubiesen sido mucho menores”
The Clinic reveló una denuncia hecha por el equipo de abogados de Pablo Ramírez a la SBIF, donde se señala una serie de graves vulneraciones a su normativa ”Servipag, además, efectuaría operaciones de transporte de valores de manera ilegal, exponiendo a sus trabajadores a conductas de riesgo. Según lo detallado por el mismo Pablo Ramírez a sus abogados, la empresa enviaría en radio taxi cheques y vale vistas a los centros de acopio. “Algunos trabajadores incluso, cuando no hay vehículos disponibles, llevarían los documentos en sus propias mochilas. A Pablo le tocó hacerlo en más de una ocasión”, denuncia Hernández. “Este último hecho no solo aumenta la exposición al riesgo de los trabajadores sino que les deja en la más absoluta indefensión en caso de actos antisociales”, detalla la denuncia.”
Cuando sucedió el terrible hecho, los medios y la clase política se aprontaron de una manera bastante oportunista, a sumarse a las acciones del gobierno contra los “delincuentes” plasmadas en la agenda antidelincuencia. Pero prácticamente no hubo voces para denunciar los abusos que viven los trabajadores en este tipo de empleo: había que preguntarse en las condiciones que estaba el trabajador al momento de enfrentar la criminal acción de los dos delincuentes. El sindicato de Servipag en su momento declaró ”La pregunta natural es ¿Cuáles son las condiciones de seguridad en que laboramos? ¿La empresa está comprometida con nuestra seguridad? ¿Las jefaturas directas son sensibles frente a los riesgos que muchos de nosotros asumimos diariamente? ¿Reciben o transmiten nuestras inquietudes frente al tema?”
SERVIPAG es controlado por los bancos BCI y Banco de Chile, de las familias Yarur y Luksic.
