Las más de 20 mil personas fallecidas en Chile producto del Covid-19 son una cruda muestra del desastre que ha representado para el país la gestión sanitaria de este gobierno. Próximos a cumplirse 10 meses desde el arribo de la pandemia, la cifra de contagios superó las 611.000 y los gobernantes continúan con su actitud displicente que sólo apunta a gerenciar el desarrollo de la enfermedad, por sobre el objetivo de impedir su propagación, despreocupándose del desastre que ello significa para la salud y la vida de la población.
La gestión de la pandemia se ha caracterizado por la priorización de los intereses económicos por sobre los requerimientos sanitarios que la situación epidémica exigía. El Gobierno ha hecho oídos sordos a recomendaciones científicas y ha adolecido de ceguera para sacar lecciones de las experiencias externas respecto de las medidas preventivas para controlar la expansión del virus y reducir la afectación sobre la población. Estas deficiencias lejos de ser producto de limitaciones técnicas o de una simple incapacidad para discernir acerca de lo necesario, son producto de la deliberada decisión político-económica de adoptar un camino contrario a impedir la propagación del virus y escoger otro que fuese consistente con las necesidades del modelo económico y de los intereses empresariales.
En esa opción radica la razón del desastre. Priorizar el mercado es el sentido de la política gobernante. En el manejo de la pandemia Chile se sitúa entre los de peor desempeño comparativo del planeta; nada que pueda justificar los signos de conformismo, y por momentos hasta de triunfalismo, como los que pregona el Gobierno. El triunfalismo se entiende sólo si se considera que el país que le interesa a los gobernantes es aquel de la burbuja del 1% donde reside el poder; allí sí que las medidas sanitarias han sido extremas y los resultados les mueven a la sensación de triunfo. El conformismo se entiende porque, a partir de la instalación de la política “Paso a Paso”, han logrado imponer una sensación de “normalidad” que les permite alentar la reactivación de los mercados y la pervivencia del modelo económico.
Pero el país real está sometido a una verdadera tragedia. El virus sigue propagándose y reactivándose en oleadas sucesivas por las comunas y barrios populares. Las medidas restrictivas del gobierno en funciones apuntan a controlar las manifestaciones sociales de la población en lugar de controlar la movilidad y los hacinamientos para al menos limitar la propagación de la enfermedad. A la administración Piñera le interesa reactivar los mercados y, paralelamente, niega la prestación de auxilios y apoyos a los sectores trabajadores y barrios vulnerados; el costo humano de esta política lo carga la población afectada.
La negativa gubernamental a definir una renta básica de emergencia impide un confinamiento efectivo pese a la conciencia del autocuidado que puedan tener los sectores populares. La misma indefensión de la población frente a la pandemia ha llevado a potenciar las acciones de autoprotección pero éstas no resultan suficientes. La política de “Sólo el pueblo ayuda al pueblo” ha permitido la proliferación de ollas comunes, de talleres comunitarios, de una serie de actividades que intentan paliar en algo las necesidades básicas en los barrios. Esta realidad es la que ha llevado a forzar el retiro de porcentajes de los fondos previsionales de los propios ciudadanos. Éste ha sido el único mecanismo de generación de ingresos de autoayuda a los que el pueblo ha podido echar mano y deberá seguir recurriendo a ello.
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Pero nada de esto resulta suficiente ante la ausencia del rol activo del Estado en la protección tanto de la sobrevivencia como de la salubridad de la población. El Gobierno no cederá en su postura ideológica de no permitir que el Estado tenga injerencia y participación en la generación de una política de protección y apoyo social. El mercado es el único dios y mecanismo válido para estos gobernantes y el pueblo está condenado a someterse a sus designios. Una parte de la población laboralmente activa, la vinculada a procesos productivos o de servicios, se ve forzada a retomar sus actividades laborales, otros han debido moverse para buscar otras alternativas laborales u otras formas de sobrevivencia.
No se ve que esta posición de las autoridades vaya a cambiar y mejorar. Por el contrario. La reactivación económica, la mantención de los mercados, el sostenimiento del consumo, se traduce en que durante las horas punta de la mañana se aprecia un transporte público repleto, colmado de pasajeros que no son más que trabajadores y trabajadoras concurriendo a sus lugares de empleo. El singular hacinamiento se repite en las horas punta de la tarde-noche en el regreso a sus hogares. No hay de parte del Gobierno, ni del Ministerio de Transporte ni de los empresarios, ninguna medida concreta y efectiva tendiente a reducir estos hacinamientos. Estas aglomeraciones diarias, mañana y tarde –y por tanto, fuentes de propagación- no son compensadas ni disimuladas con los toques de queda y eventuales cuarentenas de fines de semana que resultan un absurdo si de lunes a viernes se produce un amontonamiento constante.
Al acarreo de trabajadores hacia los lugares de trabajo y desde éstos hacia sus lugares de vivienda, se agregan como fuentes de propagación las condiciones laborales propiamente tales en los sitios de trabajo en los que difícilmente los patrones aplican y respetan las medidas preventivas necesarias. La autoridad sanitaria y de la Inspección del Trabajo brillan por su ausencia en el control de las medidas sanitarias en los centros laborales. Particularmente grotesco resulta este panorama en las faenas de construcción, tanto de inmobiliarias, como de infraestructura y de industrias. Los contagiados y muertos no son un problema para este mercado pues se reemplazan por otros laborantes y el negocio sigue. Las autoridades, en tanto, siguen sin ver nada, sin querer enterarse de nada.
Los medios empresariales de comunicación vociferan que la población no respeta cuarentenas, que no cumple las disposiciones sanitarias, que no respeta las medidas preventivas, y montan berrinches de esa naturaleza para crear una cortina de humo que cubra el verdadero problema, la verdadera causa de tales vulneraciones. Esos mismos medios son corresponsables del desastre por su constante fomento hacia el consumo y la constante utilización de la cesantía para forzar una supuesta urgencia de recuperar el comercio, junto a otra serie de ideas fuerza con las que envuelven a la población hacia una ficticia normalidad.
A esto agreguémosle las infinitas filas ante reparticiones y bancos a realizar trámites y gestiones para las que el pueblo común y corriente del país real no tiene más opciones que acudir personalmente a efectuarlas.
Con todas estas condiciones, es una consecuencia lógica que la tasa de contagios y víctimas fatales siga alta. Desde hace meses la famosa curva se mantiene en una meseta excesivamente elevada, la consistencia de la segregación y desigualdad impone que se haya “normalizado” la existencia de los contagiados, de los centros asistenciales y hospitalarios al borde del colapso, de los muertos diarios por decenas.
En suma, no podemos continuar en esta espiral de desgaste humano en donde los costos y daños los asume y sufre el pueblo. Los trabajadores y trabajadoras de la salud hacen sus mejores esfuerzos por contener los estragos y los sucesivos embates de la enfermedad, pero no basta con el sólo esfuerzo. La carencia de insumos suficientes y equipamientos adecuados sigue siendo uno de los grandes problemas que arrastra nuestro sistema público sometido al constante sabotaje de los sucesivos gobiernos privatizadores. La fácil y recurrente respuesta gubernamental de la limitación de recursos presupuestarios para “gastar” en salud, se desmiente por sí sola al observar la ingente cantidad de recursos del Estado que el Gobierno ha gastado en equipamientos para las fuerzas represivas y otros gastos anexos ligados a estas entidades.
Como si no bastara con todo lo que los altos mandos de los cuerpos represivos has robado al Estado por medio de fraudes, desfalcos, malversaciones, estafas y robos, el gobierno del presidente Piñera les premia con bonos por presencia en acciones represivas, bonos por concurrencia a zonas de conflicto, y toda suerte de malabares urdidos por el ex Director Rozas y el mandatario. A esos despilfarros se suman los gastos en nuevos carros lanza-aguas, carros lanza-gases, nuevos blindados todoterreno, medios de transporte de personal y nuevos equipamientos para las tropas especiales. El criterio del gobierno Piñera no admite confusiones: para las labores y fuerzas represivas hay ilimitada disponibilidad de recursos del presupuesto, para la salud y el personal de salud, nada o sólo migajas. Menos aún se puede entender la burla y la sorna del Ministro de Salud para con los profesionales del sector público de la Salud, que no se comparece ni con la realidad ni con el cargo que el señor Paris ostenta.
A esta manera errática de abordar una pandemia se suma la tendencia contraria a los intereses gobernantes de una población que progresiva y sucesivamente ha demostrado su reprobación al Gobierno y su hartazgo con el sistema que éste y la clase política institucionalizada representan y defienden. Ese repudio social recibe las represalias de la derecha gobernante. Parte de esas represalias se traducen en vulgarizar el Covid-19, en convertirlo en un síntoma más de los problemas de la sociedad del presente, en una causal más de muertes inevitables, en una estadística más que hay que poner junto a las estadísticas trágicas de casos de muertes en accidentes de tránsito, o por algún cáncer, o por algún tipo de enfermedad crónica. En suma, un frío dato estadístico más porque lo que realmente importa es reactivar la economía, mantener activos los mercados, incentivar el consumo, mantener la capacidad mínima de pago de los endeudados para que la capitalización de los grandes consorcios pueda seguir teniendo cifras jugosas.
Peor aún, son los augurios respecto a la compra y obtención de la vacuna. Éste asunto está siendo manejado por este gobierno con criterios mercantiles y de subordinación a los dictados del imperialismo estadounidense. No están buscando u optando en función de la efectividad de la vacuna o en función de la inmediatez sino de aquella que pueda ser más rentable según con que laboratorios extranjeros el gran empresario chileno tenga sus negocios.
Tampoco resultan aceptables los anuncios de que en Chile no se les aplicaría la vacuna a los adultos mayores, o al menos no de modo preferente a esta población definida como de riesgo. La no vacunación de adultos mayores se refiere, por supuesto, a aquellos habitantes viejos del país real, a aquellos que para este modelo son un estorbo y son un problema pues ya no son mano de obra barata, ni pueden aportar al mundo laboral de los poderosos y, lo más probable, es que ya hayan retirado sus fondos previsionales desde las AFP, de modo que para la administración Piñera y su lógica empresarial esta franja de la población mayor no son objeto de interés alguno, salvo el de cobrarse revancha por el retiro de fondos y por los resultados del plebiscito. La segregación y desigualdad está garantizada como doctrina con este Gobierno que es peor que el virus.
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